La nueva unidad antiterrorista de Joe Biden, mala noticia para las libertades individuales

La pasada semana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la creación de una unidad antiterrorista doméstica, con el objetivo de enfocarse en una pretendida amenaza con la que hoy debe lidiar el país. También en la misma semana, el presidente Joe Biden acusó de racistas a aquellos que no se mostraban de acuerdo con el control federal de elecciones estatales, al tiempo que exigió a las principales firmas tecnológicas que controlan canales de redes sociales que apliquen mayor censura contra 'desinformación respecto del COVID'.

Al superponerse, estas medidas sugieren que Biden está dispuesto a utilizar todo instrumento disponible, desde su púlpito acusador hasta su alianza ideológica con las denominadas Big Tech -e incluso a legislación federal- para silenciar y reprender a sus opositores políticos.

En oportunidad de exponer ante el Comité de Asuntos Judiciales del senado americano la semana pasada, en una audiencia intitulada 'La Amenaza del Terrorismo Doméstico Un Año Después del 6 de Enero', el Asistente de la Fiscalía General Matt Olsen, quien supervisa la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, anunció su responsabilidad en la creación de la unidad contraterrorista doméstica, en respuesta al incremento en los niveles de la amenaza del extremismo violento en el concierto local.

Olsen dijo enfocarse en la amenaza de ciudadanos 'motivada por un ánimo racial o étnico', y en aquellos que 'exhiben perspectivas antigobierno o contra las autoridades', como si el sólo hecho de desafiar al gobierno o a personas en posiciones de autoridad era, de alguna manera, peligroso en sí mismo. En contraste, el funcionario ni siquiera se refirió a grupos terroristas extranjeros como ISIS o al-Qaeda.

En rigor, el Departamento de Justicia no necesita contar con una unidad contraterrorista separada. La División de Seguridad Nacional bajo control de Olsen ya cuenta con una sección antiterrorista compuesta por abogados quienes, conforme él mismo lo declaró, está equipada para trabajar en imputaciones contra delitos de terrorismo en el concierto doméstico y extranjero. La innecesaria creación de un nuevo cuerpo amplifica el alcance de una burocracia de por sí extensa, en tanto consigna un desperdicio de fondos aportados por los contribuyentes del país.

No obstante, Olsen decidió 'optimizar el enfoque existente del Departamento de Justicia', con 'abogados dedicados' para 'enfocarse en la amenaza terrorista de orden doméstico'. Traducción: habrá imputaciones judiciales sobre acciones de terrorismo a nivel local.

El mayor peligro es que la flamante unidad sea empleada con respaldo partidista, para poner la mira en ciudadanos estadounidenses tomando en consideración sus expresiones o creencias (ejemplo: Proud Boys), mientras que se ignora el comportamiento de otros (caso Antifa).

Si al Departamento de Justicia le preocupan genuinamente los delitos vinculados a extremistas violentos motivados por intolerancia racial o étnica, por expresiones contra la autoridad, entonces, ¿por qué no imputar a las turbas patrocinadas por Black Lives Matter o a elementos del autoproclamado movimiento 'antifascista' Antifa, núcleos que supieron atacar a oficiales de policía e incendiar edificios (incluyendo instalaciones del gobierno federal) durante 2020?

En lugar de ello, funcionarios y activistas de la extrema izquierda son ignorados, incluso subestimándose su accionar -aún cuando se tratare de saqueos o incendios. Líderes políticos como la entonces senadora Kamala Harris (Demócrata por California), alentaron a ciudadanos estadounidenses a pagar fianzas para personas violentas, mientras que fiscales locales patrocinados por George Soros se rehusaron a buscar su detención, e incluso rechazando procesarlos.

De contar la Administración Biden con algún atisbo de integridad, se propondría reprender a elementos violentos del mismo modo en que persiguió a quienes tomaron parte de incidentes el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. El empleo de la fuerza pública de manera discrecional motoriza preocupación, en el sentido de que la presente Administración utilizará estos novedosos recursos para poner la mira selectivamente en rivales políticos.

No puede haber margen para el error: toda conducta criminal que ingrese en la competencia del Departamento de Justicia debe ser reprimida. Pero, cuando el gobierno ignora la conducta de algunos para poner énfasis en la de otros por motivos estrictamente políticos, este proceder compromete seriamente al Estado de Derecho y a la fe de la ciudadanía en sus instituciones.

Cualquier imputación que lleve adelante la flamante unidad contraterrorista deberá vincularse a amenazas creíbles y al uso de violencia. Existe, sin embargo, el peligro real, frente a la posibilidad de que el Departamento de Justicia termine persiguiendo a personas calificadas por la izquierda como portadoras de un discurso de odio, por 'asistir y respaldar acciones de terrorismo doméstico'.

La izquierda política del país anticipó esta táctica hace pocos días. En la audiencia comentada previamente, numerosos senadores del Partido Demócrata describieron el encuentro de comités educativos locales como violentos, en línea con el memo del 4 de octubre pasado del Fiscal General Merrick Garlanda, cuyo texto instruía al FBI y a los fiscales del país para que se involucren, informen y respondan a las amenazas registradas contra comités escolares.

Los senadores Richard Blumenthal de Connecticut, Sheldon Whitehouse de Rhode Island, y Richard Durbin de Illinois, describieron la participación de padres en comités escolares como 'violenta', sugiriendo que los padres de los alumnos eran terroristas de orden local, y preguntaron a Olsen por qué su División de Seguridad Nacional no estaba dedicando recursos a investigar.

La realidad, en contrario, consigna que se han registrado pocos episodios de violencia en encuentros escolares de padres. Ninguno de ellos se acerca siquiera a la calificación de terrorismo, y esos incidentes han sido administrados adecuadamente por fuerzas locales de policía.

A diferencia de sus pares Demócratas, el senador Charles Grassley, Republicano por Iowa, se refirió correctamente al efecto perturbador sobre la libertad de expresión cuando el gobierno federal categoriza a ciudadanos de filiación conservadora como terroristas.

Asimismo, los elementos Demócratas del Comité plantearon que el Departamento de Justicia debería perseguir con mayor dureza a los participantes de los episodios del 6 de enero del año pasado. Olsen testificó que, de los más de 700 ciudadanos arrestados como resultado de aquellos eventos, ninguno ha sido acusado formalmente bajo el delito de insurrección. No obstante, Mazie Hirono, senadora Demócrata por Hawaii, advirtió que el Departamento no le impuso penalidades por incurrir en terrorismo a esos ciudadanos. 

Al priorizar la persecución judicial contra 'terroristas locales' -entre ellos, protagonista de los eventos del 6 de enero y padres de comités escolares-, la Administración Biden ha tolerado el accionar de terroristas extranjeros, factor que debería consignar la principal preocupación para el Departamento de Justicia y para el Departamento de Seguridad Interior.

El senador Lindsey Graham, Republicano por Carolina del Sur, apuntó acertadamente que la caída de Afganistán, el resurgir del Talibán y de al-Qaeda, y los ciudadanos extranjeros que ingresan por la frontera sur y les cabe un interés especial, son condimentos perfectos para una receta letal -que podría llevar a ataques por parte de extremistas en suelo estadounidense 

Conforme lo prueban los hechos, al presidente Biden no presta atención a peligros genuinos. En lugar de ello, y mediando un discurso de fractura social, ha calificado a ciudadanos estadounidenses que no respaldan la política federal de intervenir procesos electorales estatales como racistas o segregacionistas como George Wallace, Bull Connor, y Jefferson Davis.

Dos días más tarde, el presidente responsabilizó a ciudadanos no-vacunados y a aquellos que se resisten a portar mascarillas o barbijos, por la diseminación del COVID-19, arengando expresamente a que las firmas privadas que controlan redes sociales censuren la 'desinformación' publicada sobre la pandemia.

Algunos en la extrema izquierda política de los Estados Unidos, incluído el presidente Joe Biden, muestran rapidez a la hora de calificar a quienes para él incurren en 'desinformación' o 'delitos de odio' -ya se trata del COVID-19, de leyes electorales, de atletas transgénero, de la teoría crítica de la raza, o de aquellos con objeciones religiosas frente al matrimonio entre personas del mismo sexo.

La notoria predisposición de Biden a la hora de demonizar a sus rivales políticos consigna que los ciudadanos de los Estados Unidos de América ya no pueden confiar en la flamante unidad contraterrorista del Departamento de Justicia; mucho menos en que ese órgano ejercitará su poder con la debida neutralidad. Si esa unidad comparte la furibunda perspectiva del presidente, su creación representará un claro peligro para el Estado de Derecho.

Artículo original, en inglés

* Desarrollado con asistencia de Giancarlo Canaparo, para The Daily Signal, Washington, D.C.