Estados Unidos: vienen por Usted

¿Qué haría un jefe ejecutivo completamente inescrupuloso, cuyo único propósito en la vida es hacerse de poder para nunca cederlo, a efectos de ocultar sus diabólicas intenciones? El o ella se abrazarían a la mentira para torcer la narrativa.

En los Estados Unidos de América, muchos están comenzando a identificar que este es, precisamente, el objetivo de los Demócratas, en tanto su juego consiste en demonizar tanto a Rusia como a China con miras a crear enemigos externos plausibles y, en simultáneo, propiciar miedo e incertidumbre en torno de supuestas amenazas domésticas -habiendo hecho lo propio con el COVID-, sumando a ello mandatos diseñados para volver a las personas más sumisas y temerosas frente a consecuencias personales por desafiar al gobierno. Pues, bien; en cualquier caso, el telón ha caído, y hoy queda claro que el tándem Biden-Pelosi-Schumner buscan cambiar las reglas y utilizar el lawfare para, junto a otros instrumentos, gobernar en perpetua mayoría.

La clave en este caso los ha llevado a explotar el sistema legal, con la meta de criminalizar numerosos formatos de disenso. Durante el año pasado, el presidente Joe Biden y su ladero en el Departamento de Justicia, el Fiscal Merrick Garland, han cacareado para denunciar a todos los terroristas sueltos por el país. Y no se han mostrado tímidos a la hora de sugerir que los supuestos terroristas no son otra cosa que 'supremacistas blancos' que, pretendidamente, promocionan actos de violencia para lidiar con sus preocupaciones de cara a la nueva Administración en el poder de Washington. En efecto, ahora es oficial. El gobierno de Biden ha movilizado, y finalmente declarado, una 'guerra contra el pueblo estadounidense'; más específicamente, un tercio de la población muestra reparos frente a la conducta y los resultados de las elecciones de 2020, así como también frente a las políticas raciales progresistas ('woke culture') que el gobierno ha promocionado agresivamente.

El 11 de enero pasado, Matthew Olsen, líder de la División de Seguridad Nacional en el Departamento de Justicia, reveló ante el Comité de Asuntos Judiciales del senado que el FBI había creado una flamante unidad especial que lidiará exclusivamente con 'terroristas de orden doméstico', que el funcionario describió como una 'amenaza potenciada' contra la democracia americana. Olsen declamó que se ha registrado un notorio incremento en comportamientos de 'extremismo doméstico', duplicándose esos informes en 2021 al compararse la cifra con la del año anterior. La novedosa unidad 'aumentará el enfoque vigente' sumando recursos adicionales para identificar a los disidentes, localizarlos, arrestarlos, y juzgarlos bajo la autoridad tipificada en distintas leyes que originalmente fueron concebidas como instrumentos legales para combatir a la amenaza terrorista percibida luego del 11 de septiembre de 2001.

Olsen, citando lo que él entiende como 'turbamulta' del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, se explayó sobre cómo el Departamento de Justicia entiende que, hoy, la nación debe hacer frente a una seria amenaza de parte de 'violentos extremistas domésticos' -esto es, individuos que, en los EE.UU., se proponen 'perpetrar actos criminales en su objetivo de consolidar metas sociales o políticas'. Asimismo, surigiró Olsen que existe una motivación de índole racista en algunos de esos episodios, agregando luego: 'Hemos tomado nota de una creciente amenaza de parte de aquellas personas motivadas por un ánimo racial...', y observó que los 'terroristas' por lo general son 'anti-autoridad', lo que sea que eso signifique.

Por cierto, Olsen no mencionó que la guerra contra el disenso incluiría el monitoreo de las redes sociales bajo control de personal militar estadounidense que alberga pensamientos peligrosos. Sin lugar a dudas, la fuerza motora detrás de la campaña tendiente a criminalizar lo actuado por los incontables ciudadanos que objetan a la Administración Biden y a sus políticas, es el jefe de Olsen, esto es, el Fiscal General Merrick Garland -quien se muetra muy predispuesto a involucrarse en una tropelía con potencial para afectar a todo el conjunto de la ciudadanía. En rigor, Garland ha probado ser más que un cómplice de buena gana en la ingeniería social incurrida por la Administración Biden, incluyendo su declaración de 2021, que rezaba que los supremacistas blancos son la única y mayor amenaza terrorista con la que hoy deben lidiar los Estados Unidos.

Garland y otros en la Administración han propuesto, descaradamente, que los órganos gubernamentales y la infraestructura en los Estados Unidos son racistas y que ese colectivo simpatiza con la 'supremacía blanca', y que debe ser deconstruído. El eslogan oficialista 'Building Back Better' exige que todo sea reexaminado bajo la lupa de un sistema de valores con raíces en la política identitaria, y que contempla a la ciudadanía blanca y a sus instituciones como insanablemente corruptas, si no diabólicas.

Por si quedara alguna duda en torno de las intenciones de Biden, la misma fue oportunamente despejada tras un discurso compartido en Georgia, el mismo día en que Olsen declaraba ante el senado. En ese momento, Biden convocó a tomar las armas, en un discurso que agitó racismo, afirmando que aquellos que se resisten a la 'reforma' electoral por él propuesta eran algo mejores que los racistas de la era de los derechos civiles, como George Wallace y Bull Connors. Sin embargo, la realidad refiere que los cambios en el sistema de votación que hoy promociona la Administración a modo de dogma son, de hecho, modelos para validar el robo de sufragios y para acometer un fraude electoral a gran escala, conforme la propuesta despojará a los estados de sus derechos a exigir que los votantes prueben su condición de ciudadanos y de residentes legales en el país.

El 26 de enero pasado, el Departmento de Seguridad Interior se involucró en la maniobra, tras dar a conocer un memorandum que sugería que 'terroristas domésticos' buscaban hacer más difícil la existencia de la vida de todos los ciudadanos. Los disidentes 'han estado desarrollando planes para atacar al sector eléctrico del país (...) desde, al menos, 2020'. El informe citó que los extremistas 'adhieren a una colección de ideologías que probablemente los lleve a insistir en el desarrollo de conspiraciones y a ejecutar ataques en perjuicio de la infraestructura energética', aunque no proporcionó siquiera una sóla pieza de evidencia para respaldar que la 'amenaza' había ido más allá que el mero uso de palabras. Todo lo cual sugiere que el informe fue manufacturado para crear temor en aquellos segmentos del público vinculados al tema del 'terrorismo doméstico'.

En lo que fue otra instancia probatoria de que la Casa Blanca interpreta su mandato de seguridad como un asunto ciento por ciento partidista, Christopher Wray, Director del FBI, expresó la pasada semana que la Liga Antidefamatoria (Anti-Defamation League; ADL) trabaja íntimamente junto al Bureau para identificar e investigar eventos de antisemitismo en los Estados Unidos. Esto multiplicaría las preguntas en torno de un núcleo privado que exhibe una agenda de trabajo como fuente para las fuerzas de policía y las agencias de inteligencia; el grupo sugiere, en particular, que todo crítico de Israel debe ser puesto en la mira de las autoridades, tomándose el modelo de la legislación relativa a 'delitos de odio'. Expresiones que motiven antisemitismo o 'negación del Holocausto' también aumentan los temores en el público, justificándose luego el incremento de la 'protección' de parte de un aparato de seguridad nacional cada vez más dominante e intrusivo.

Obsérvese cómo este tema ya ha jugado su parte en Europa, continente en donde el 'negacionismo frente al Holocausto' es ampliamente criminalizado a partir de 'leyes sobre la memoria, que prohíben la negación, la justificación o la trivialización de delitos cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial (...) Francia cuenta con una legislación similar desde 1990. La de Austria fue implementada en 1992, y la de Bélgica, en 1995. Alemania no la adoptó sino hasta 1994, aunque contrarrestó al negacionismo previamente, con leyes contra la difamación, la incitación o la falta de respeto por la memoria de los muertos (...) Las leyes sobre negacionismo frente al Holocausto también fueron aprobadas en los años noventa por la Corte Europea de Derechos Humanos (a instancias del Consejo Europeo), en donde se tipificó que la negación de 'hechos históricos claramente establecidos -como el Holocausto- serían removidos de la protección de la libertad de expresión, bajo la Convención Europea de Derechos Humanos'.

La pulverización de la libertad de expresión, el derecho más fundamental, permitirá que cualquier gobierno y que medios de comunicación comprometidos consoliden su control sobre la narrativa gubernamental que prevalece hoy en los Estados Unidos, y consignaría un paso significativo hacia un modelo de control totalitario. Yendo más allá, la Administración Biden comienza a considerar una serie de propuestas devastadoras, para lograr que todo inmigrante ilegal vote en las elecciones como si fuese un ciudadano. La Ciudad de Nueva York ya ha declarado oficialmente que todos sus residentes podrán votar sobre temáticas locales, ya fuere que estén residiendo legalmente en los EE.UU. o no. Más al punto: la discusión sobreviene en un momento en que la frontera sur del país se ha convertido en un cuadrante geográfico de ingreso, ya fuera de control, para cualquier persona que previamente pueda llegar a México.

Aún cuando los enemigos de la Administración Biden sean supremacistas blancos tildados ipso facto de extremistas, entre esa colección de enemigos también se cuenta a grupos de padres que ciertamente no apoyan las fórmulas empleadas para instalar programas que pretenden implementar una supuesta 'igualdad' en las escuelas públicas de la nación. El hecho de que la agenda se construya a partir de racismo a la inversa y de que se realice en franco detrimento de buenas prácticas educativas, es la razón que ha empujado a esos padres a manifestarse. El senador Rand Paul, de Kentucky, ha observado: 'el modo en que el Departamento de Justicia combate a padres furiosos es un testimonio genuino frente a la naturaleza autoritaria de la Administración Biden y, en efecto, de todo el arco político de izquierdas. Es necesaria una elevada cuotra de Hubris para declarar que uno sabe mucho más sobre cómo educar a los hijos de otros, para luego forzar a la autoridad a desalojar a quienes protestan contra aquéllo'.

Ron Paul -ex congresista y padre de Rand- también ha respondido a la amenaza gubernamental, afirmando: 'Si el gobierno puede hacer a un lado los deseos de grupos de padres en nombre de la "educación" o de la "protección de la salud de los niños", entonces, ¿qué área de muestras vidas queda libre y seguro frente a la intrusión del gobierno?'.

Si, también en efecto, es ierto que Joe Biden no tiene control total sobre lo que su gobierno parece estar haciendo, uno debería preguntarse por la identidad o identidades de aquellos que ordenan a sus funcionarios, para que implementen políticas destructivas para las libertades civiles y para otras cosas positivas que éste país alguna vez representó. Sin margen de duda, las caretas hoy se han caído, y hoy queda expuesto el plan del Partido Demócrata, que se propone crear una suerte de Estado totalitario monopartidista, con miras a gobernar in perpetuum. Y todo el mundo puede verlo.

Artículo original, en inglés