Goodbye, Estados Unidos

Existe nueva evidencia para ilustrar el modo en que la Administración del presidente Joe Biden se abraza a una negación absoluta de la realidad, conforme su ingreso a los trompicones en una guerra versus Rusia ha dañado seriamente lo que alguna vez supo llamarse seguridad nacional.

Y, mientras que la Casa Blanca y sus medios de comunicación siguen desplegando falsos argumentos para promocionar que la intervención rusa en Ucrania es, de alguna manera, una amenaza contra los Estados Unidos, varios miles de inmigrantes ilegales y pretendidos refugiados políticos siguen ingresando al país, sin que nadie interponga un mínimo intento por dirimir si acaso la oleada de recién llegados comporta beneficios.

Este flujo de inmigrantes ilegales se incrementará, sin lugar a dudas, a partir de los combates en Ucrania, la que dará inicio a una nueva oleada de refugiados -muchos de los cuales podrán influir en el proceso electoral. Boris Johnson, primer ministro británico, ha declarado que su país está preparado para darle la bienvenida a asilados ucranianos, en tanto ha designado, predeciblemente, a un ex miembro del Parlamento de origen judío, para liderar ese esfuerzo. Richard Harrington es, asimismo, titular del núcleo Amigos Conservadores de Israel.

Se han conocido informes al respecto de ciudadanos ucranianos que, asistidos por ONGs americanas, ya están dirigiéndose a México en cifras significativas, comprando automóviles usados y encaminándose hacia la frontera, para solicitar asilo. Conforme este desarrollo se acelera, la modificación del espectro demográfico -que ya ha cambiado el carácter del país- casi ciertamente le inflingirá una daño superior a la economía y a la cohesión cultural y política en los Estados Unidos de América.

El ingreso de inmigrantes ilegales hacia territorio estadounidese se ha duplicado durante 2021, y ha sido estimado en un aproximado de 47 millones de residentes, lo que consigna un 14.2% de la población total de los EE.UU. Estos son nacidos en el extranjero, la cifra más alta en los últimos 112 años. En razón de que muchos son ilegales y no califican para convertirse en ciudadanos, las políticas del Partido Demócrata han buscado empoderarlos, relajando los requisitos para votar a nivel estatal, lo cual implica que el potencial para el fraude electoral será enorme. Como se esperaba, la Casa Blanca y el Congreso de los EE.UU. recurren al eufemismo para explicar su postura, caracterizándola como 'derecho al voto' -aunque en rigor no lo sea. En algunos casos, los Demócratas pujan por una ampliación ilegal del modelo de votación. La Ciudad de Nueva York, por ejemplo, ya ha declarado que permitirá que personas que carecen de ciudadanía voten en los comicios locales.

Sistemáticamente, la Administración Biden ha ignorado y ha desafiado toda resolución de los tribunales contraria a quienes buscan asilo en la frontera sur, permaneciendo esas personas en México mientras sus casos son evaluados, y se utiliza dinero aportado por los contribuyentes para asistir en el transporte de inmigrantes ilegales a ciudades tales como San Antonio, desde donde parten en buses hacia otras geografías del país -y, allí, desaparecen en la población local de inmigrantes. México, por su parte, ha ignorado todo acuerdo migratorio existente, los cuales buscaban impedir el flujo de potenciales inmigrantes a través de su territorio.

La Patrulla Fronteriza ha informado más de dos millones de 'incidentes' con inmigrantes ilegales durante el pasado año, con más de medio millón habiendo ingresado a territorio estadounidense sin ser detectado. Las deportaciones de inmigrantes han retrocedido geométricamente, bajo órdenes de Washington. Sólo en el mes de enero, 62.573 inmigrantes ilegales fueron 'liberados' por la Administración, en tanto se les permitió ingresar al país administrativamente. Más de ellos fueron puestos en libertad en todo 2021, de tal suerte que las estadísticas no mienten. El personal de la Patrulla Fronteriza con reparos frente a lo que está sucediendo suele ser reprendido, nuevamente, bajo órdenes que proceden de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Interior.

Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Interior (DHS) incluso hizo alarde, el pasado mes, de, fundamentalmente, haber 'modificado' la aplicación de la ley contra inmigrantes, declarando que aún los inmigrantes ilegales con expediente criminal tienen derechos, en la perspectiva de la Administración Biden. Dijo el funcionario: 'Por primera vez en nuestra historia, nuestra política oficial explicita que la presencia ilegal de una persona que no es ciudadana no será, de por sí, motivo para aplicar la ley antiinmigratoria'. Los inmigrantes ilegales que asesinan a cualquier ciudadano conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, por ejemplo, no estarán sujetos a proceso de deportación alguno. En otras palabras, el gobierno de los Estados Unidos habilita a inmigrantes ilegales y a personas que infringen las leyes. Cruce Usted la frontera, y nadie se ocupará de perseguirlo.

La Casa Blanca y los sumisos medios de comunicación han ocultado, efectivamente, gran parte de lo que está sucediendo en la frontera sur del país. Sin embargo, un nuevo aspecto que hace a la cuestión inmigratoria ha emergido -relativo a potenciales cuestiones de seguridad, y que involucra a solicitantes de asilo y refugiados. El Departamento de Seguridad Interior está buscando localizar, en suelo estadounidense, a miles de ciudadanos afganos que recientemente abandonaron su patria tras el cambio de gobierno en Kabul. El programa ha sido bautizado bajo la eufemística retórica de moda: 'Operación: Aliados Bienvenidos'.

Uno de los centros de procesamiento ha sido dispuesto en el norte del estado de Virginia, en el Condado Loudoun, en el Centro Nacional de Conferencias. Dependiendo de la información que uno decida tomar como referencia, se cifra que entre uno y mil refugiados afganos serán localizados en hogares para luego ser transferidos a sus nuevos sitios de residencia -iniciativa que involucrará, inicialmente, a un aproximado de 16 mil solicitantes. Los primeros recién llegados, un núcleo de 300 personas, arribaron el pasado martes. Se ha informado que ellos y otros grupos han sido chequeados en Qatar, mientras que otros están siendo retenidos en la Base de Operaciones Conjuntas McGuire-Dix-Lakehurst, en el estado de Nueva Jersey. Siempre de acuerdo a la información, más de 80 mil refugiados afganos ya han sido relocalizados en los EE.UU., bajo el rótulo de 'personas desplazadas de Afganistán', admitidos en el país bajo una visa especial de inmigrante (SIV), esto es, permiso de carácter humanitario. Otros miles aún permanecen en centros de detención en el extranjero, y serán parte de la ola inmigratoria.

Nadie niega que el gobierno de los Estados Unidos exhibe la obligación de asistir a ciudadanos afganos que en verdad trabajaron o bien asistieron directamente a fuerzas militares americanas en suelo afgano, previo a la llegada del Talibán en agosto pasado. Esas personas suelen contar con documentación que corrobora su status, y con identidades confirmables a partir de bases de datos tuteladas por la Embajada de los EE.UU. o por comandos militares desplegados en su oportunidad en Afganistán. Esas personas -y también sus familias- deben recibir asistencia.

De tal suerte que la pregunta se resume en lo siguiente: '¿Acaso todos los refugiados exhiben legitimidad?' o, '¿Qué sabemos sobre ellos?'. También: '¿Cuáles son las consideraciones relativas a la seguridad, tras su relocalización en las comunidades americanas?'. Será lícito recordar cómo cientos de personas que huían de Kabul fueron acopiados en aeronaves, y que muy poco se sabía de ellos. De acuerdo al DHS, entre los refugiados se cuentan miembros de grupos considerados en peligro de haber permanecido en territorio afgano, hasta maestros y 'activistas por los derechos de las mujeres'. ¿Cómo es que se procedió a autenticar a estos últimos núcleos? El DHS también ha declarado que los solicitantes de asilo que ingresaron a los EE.UU. han sido 'oportunamente chequeados' previo a permitírseles el ingreso.

Sin margen para la duda, Mike Chapman -Alguacil del Condado Loudoun- ha aconsejado ser cautelosos con el asunto, en tanto compartió reparos en torno del proceso de selección que, según se dice, tuvo lugar, así como también sobre la seguridad en el centro de conferencias. Observó el funcionario que sólo el 30% de los ciudadanos afganos que han llegado hablan algo de idioma inglés, lo cual desafía el relato oficial al respecto de que eran intérpretes o que trabajaron junto a personal estadounidense en Afganistán. Considérese que el DHS buscará, inevitablemente, que nadie dude sobre la verosimilitud de la narrativa oficial al respecto de los asilados, de modo tal que decidió desplegar una quincena de Oficiales de Protección Federal al sitio. No obstante, observa Chapman que esos agentes no cuentan con autorización para hacer aplicar la ley en Virginia, con lo cual difícilmente podrán ejercer funciones de policía en los centros de refugiados.

Las preocupaciones de Chapman en torno de la selección de los refugiados operan en sintonía con mi propia experiencia. Me desempeñé en Kabul a comienzos de 2002, como parte de un equipo de operaciones conjuntas, con la misión de diseñar operativos de seguridad para el aeropuerto y otras instalaciones. El problema de cómo determinar qué afganos eran en verdad aliados que no consignaban amenaza alguna, era un tema de importancia primaria. Rápidamente, aprendimos que identificar a ciudadanos afganos no era una tarea sencilla. Muchos de ellos sólo tenían un nombre o varios, indistinguibles entre sí. La mayoría no contaba con documentación de ningún tipo. Pocos sabían siquiera cuándo habían nacido, y en ocasiones tampoco sabían dónde. Era tan difícil determinar quiénes eran, que decidimos emplear mecanismos biométricos, creando nuestros propios registros -respaldados en información física. Desde 2002, Afganistán ha contado con un gobierno títere que jamás controló mayormente qué porciones del país se hallaban sitiados por una insurgencia activa. En lo personal, me veo obligado a creer que los procedimientos utilizados para identificar personas procedentes de territorio afgano no han progresado mucho en las afueras de Kabul. Entonces, ¿quiénes son estas personas que arriban a los Estados Unidos como resultado del gran desastre que fue la evacuación de Afganistán?

El establishment político del Condado Loudoun, liderado por Chair Phyllis Randall, leal simpatizante del Partido Demócrata, afirma que 'estas personas no son refugiados; son nuestros aliados, y miembros de familias de ciudadanos de los EE.UU., y residentes legales permanentes desde ahora', aún cuando esto opere en contradicción con otras fuentes gubernamentales. De hecho, conforme lo sugirió el Alguacil Chapman, se han registrado problemas. Decenas de supuestos refugiados afganos ya liberados en suelo americano cuentan con expedientes en el Pentágono, que 'reflejan significativas preocupaciones de seguridad', de acuerdo a una auditoría federal, mayormente debido a las dificultades a la hora de evaluar adecuadamente a miles de afganos. Los refugiados potencialmente peligrosos provenientes de Afganistán ya se encuentran en distinas geografías de los Estados Unidos y no pueden ser localizados, observando el Departamento de Defensa que, 'a consecuencia de no haberse evaluado apropiadamente a los evacuados afganos, no pudiéndose cotejar toda la información disponible, los Estados Unidos hacen frente hoy a riesgos potenciales de seguridad, de suceder que individuos con información negativa cuenten con autorización para permanecer en el país'.

El presidente Biden ordenó al DHS que funcione como la agencia líder en la relocalización de ciudadanos afganos, mientras que la Casa Blanca ha asegurado a la ciudadanía que los refugiados serían evaluados de manera profunda. Esto no ha sucedido y, durante meses, informes presentados en los medios han contabilizado y expuesto 'delitos tales como acoso a menores, ataques sexuales y violencia doméstica, perpetrados por ciudadanos afganos destinados perentoriamente en bases militares a lo largo del territorio estadounidense'. Y ha de subrayarse, complementariamente, que los afganos presentes en esas bases tienen permitido moverse con absoluta libertad por los perímetros luego de recibir habilitación médica -contra las garantías dadas al Alguacil Chapman.

En síntesis, existe cierta desaprensión al momento de evaluar los modos en que la Administración Biden decide aplicar o no medidas frente al arribo de potenciales ciudadanos o de residentes permanentes al país. Esta realidad está reconfigurando a los Estados Unidos, y no necesariamente para mejor. Uno ya no debe caminar demasiado para toparse con otros ciudadanos que comienzan a preguntarse si acaso la nación concebida por los Padres Fundadores podrá sobrevivir, después de todo. En la práctica, esa ya es una legítima preocupación.


Artículo original, en inglés