Ecuador: gobernanza criminal

La violencia que procede del delito y de la ineficiencia gubernamental a la hora de solucionar las problemáticas derivadas de una crisis de la seguridad -que ha escapado a todo control ya desde hace dos décadas atrás- han facilitado el posicionamiento territorial del crimen organizado, en la frágil democracia ecuatoriana. Este notorio y delictivo leviatán ha penetrado las estructuras oficiales, de control, de la administración de justicia y los estamentos de la sociedad misma, territorio en el que el imaginario gubernamental insiste en abrazarse a fantasías y utopismos.


Esta referida gobernanza criminal se consolida cuando el Estado, sus instituciones y autoridades ceden espacio para que la delincuencia se posicione en santuarios territoriales. Acto seguido, los gobiernos evitan confrontar con el delito y se inclina por una silenciosa retirada. Este abandono de la responsabilidad constitucional acaso se deba a un compromiso tácito con elementos criminales, a un temor al momento de hacer frente a los mismos en razón de la falta de recursos y preparación -y de respaldo político. O bien porque, en el terreno táctico, el adversario exhibe una clara superioridad -aspecto éste que le ofrece un cáriz de legitimidad a los actores generadores de violencia.   

Finalmente, el objetivo primario de los referentes del crimen organizado consistirá en construir apoyo político para, de esta manera, cooptar estructuras de administración, control y justicia, fortificando su presencia. A la postre, el resultado de este accionar conducirá al desarrollo de microestados que se proyectarán sobre las estructuras del

En lo táctico, ese componente delictivo se aferrará a la defensa 'a sangre y fuego' de sus santuarios -accionando contra organizaciones rivales. A continuación, la meta exigirá desplazar a la fuerza pública, o bien lograr su cooperación para comenzar a asumir sus competencias. En el epílogo, perfeccionar su control social focalizado y, así, propiciar el establecimiento de nuevos gobiernos locales -naturalmente, con reglas afines a sus negocios ilícitos.

Conforme ya se dijo, tales organizaciones persiguen el objetivo de suplantar a la acción estatal. De ese modo, núcleos delictivos han sabido asumir roles tales como la gestión de seguridad, la resolución de conflictos sociales, la imposición de justicia o el ofrecimiento de asistencia social. Así ocurrió, por ejemplo, con Pablo Escobar en Medellín (Colombia) y sus barriadas. El difunto referente del narcotráfico colombiano contaba en su momento con protección y redes de apoyo entre los propios ciudadanos. En consecuencia, Escobar tutelaba un microestado con capacidad plena.

Esta realidad también puede comprobarse en las cárceles del país, espacios en los que el Estado es mero espectador, por cuanto quien administra y dirige efectivamente las instituciones carcelarias es el delito.

Mismo fenómeno puede observarse en el accionar de los cárteles de la droga, megabandas y organizaciones narcoguerrilleras cuya matriz operativa fundamental es la frontera colombo-ecuatoriana; estos espectros inundan Ecuador con cocaína, mientras el Estado poco puede hacer para impedirlo.

Otro tanto tiene lugar en los barrios de nuestras ciudades, en donde destacan los casos de La Guacharaca y Aire Libre, en Esmeraldas; asimismo, Nueva Prosperina, Flor de Bastión, El Fortín, Ciudad de Dios, Socio Vivienda, Monte Sinaí -entre otras. Se trata de verdaderos asentamientos para organizaciones delictivas que ejercen un remarcable control territorial; nuevamente, brillando la acción estatal por su ausencia.

El panorama dista de ser alentador. En poco tiempo, distintos núcleos urbanos dirimirán su apoyo a organizaciones delictivas antes que a estatales.

Baste decir que la metástasis dio inicio décadas atrás en Ecuador, mediando la tolerancia de distintos gobiernos -sin importar su color político- y, en ocasiones, contando las organizaciones con su complacencia.