América Latina: 270 grados de preocupación

La situación de la seguridad en Colombia, a comienzos de este 2023, continúa complicada -a pesar de la anunciada paz total. Una contraorden del Ejecutivo, firmada por el Presidente y su Ministro de Defensa, manda de nuevo a los militares a cumplir con la misión para la que han sido entrenados: atacar al ELN. No sabemos si se trata de una retaliación, de una intimidación, o de una advertencia.


Y, mientras los militares 'planean' qué hacer, los policías no la están pasando mejor. La institución ha difundido por las redes la disconformidad de tres mil agentes llamados a presentar un examen del ICFES, organización que reconoció a través de un comunicado de prensa que: 'se dispuso de la respectiva verificación del proceso, identificando el pasado 5 de diciembre una falla técnica en el cargue y procesamiento de una de las variables…'. También son los casos de los policías que abandonaron estación en San José de Urama, Dabeiba, Antioquia, por falta de garantías para su seguridad y los de Policarpa, Nariño, quienes permanecen encerrados en su cuartel debido a la presencia de hombres y mujeres armados de alguna de las diecinueve estructuras que delinquen en ese departamento. En tan solo once días de enero, ya se han registrado al menos 3 masacres en Nariño, Cauca y César, sin contar los sicariatos urbanos y el abortado intento explosivo contra la vicepresidenta.

 

En Perú, Dina Boluarte prohibió el ingreso de Evo Morales por 'intervenir' en los asuntos de política interna del país. El año pasado, el parlamento derechista declaró al inca persona non grata por promover una salida al mar de su país, a través del sur peruano. Puno, la zona aymará peruano-boliviana, se ha convertido en epicentro de las protestas y, desde allí, se proyecta una marcha hacia Lima. En Juliaca, ya son unos dieciocho los muertos por choques entre manifestantes y fuerzas del orden, durante un intento de ocupación del aeropuerto local. Los bloqueos de carreteras en seis de los 24 departamentos del país, incluyendo zonas turísticas como Puno, a orillas del lago Titicaca, Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Tacna y Apurímac, persisten. Las movilizaciones nacionales acumulan unos cincuenta muertos en casi un mes, y los reclamantes demandan el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, una asamblea constituyente y nuevas elecciones.

 

No lejos de allí, en la Media Luna boliviana, la protesta cívica continúa en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, debido a la captura y condena inicial del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo y Rebelión I, tres años después de que lograra defenestrar a Morales, esgrimiendo una Biblia y una carta de renuncia presidencial redactada por él mismo. Contó con el respaldo de los militares -como en Perú.

 

En Brasil, el vandalismo contra los símbolos de la democracia, rechazado por todos los gobiernos del mundo; en Venezuela, tres parlamentarias opositoras de un simbólico parlamento elegido en el 2015, acusadas de '… traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales” y, en Santiago de Chile, la 'incapacidad administrativa' de la comunista Irací Hassler que ha disparados los índices del delito, sin mencionar el sur de ese país. Muy parecido a Nicaragua, en donde los religosos son reos declarados en rebeldía.

 

Tanto en Colombia como en Perú, solamente una fuerza pública sólida, con moral y cumpliendo con sus deberes constitucionales, nos garantizará lo básico: nuestra seguridad pública y ciudadana.