Juicio a la Corte: imprudente estimación de la ecuación costo/beneficio

Sobre el escritorio del Presidente, distribuyeron un arsenal de seducción masiva para abrir fuego a discreción en las sesiones extraordinarias, convocadas para deliberar a partir del próximo 23 de enero. Tres cuestiones deberían resultar centrales en términos de eficacia proselitista: a) régimen de regulación previsional para casi dos millones de ciudadanos a quienes les falten diez años o menos para alcanzar la edad jubilatoria; b) Ley de Alquileres, para sacar del atolladero en que se encuentran 10 millones de inquilinos de vivienda habitación -cuyos ingresos corren progresivamente detrás del ritmo inflacionario; y, c) blanqueo de capitales amplio y generoso, con un capítulo en que se premia al contribuyente cumplidor y otro en el que se estimula la derivación del capital confesado hacia la construcción de viviendas sujetas a un régimen específico. 

Estas  medidas, negociación mediante y sutil presión para captar algún voto díscolo vía adelantos del Tesoro y triquiñuelas de la coparticipación, podrían asegurar los dos o tres puntos de ventaja con que en Latinoamérica (y aún en buena parte de Occidente) el primero penosamente aventaja al segundo. El Superministro Massa había deslizado en el entorno presidencial que la sequía le arrebataría al Tesoro cerca de US$ 8 mil millones -en una estimación a la baja-, teniendo en cuenta que, siendo el desastre climático un asunto planetario, la suba de precios compensaría la caída de la producción, a fin de no volvera más catástrofica. Precisamente, el blanqueo era la ambulancia que acudiría en la emergencia para mitigar el drama. Se agregaron -para las extraordinarias- 23 proyectos iniciales más, para emplearlos como prenda de canje frente a la oposición y colaborar en la reducción del costo político que podría demandarle a ésta prestar apoyo a las pretensiones oficiales más relevantes.

No obstante, el listado guardaba una inquietante sorpresa para el equipo que se había devanado los sesos confeccionando el paquete, cuidando las formas y la armonía del conjunto. No se pudo evitar que la cuestión judicial ocupara el centro de la trajinada escena. Así, se incluyó: a) Juicio político a los miembros de la Corte Suprema de la Nación; b) reforma del régimen del Consejo de la Magistratura; c) elevación de cinco a quince el número de miembros de la Corte, y, d) designación del Procuarador General. Una simple y rápida lectura del despropósito táctico nos permite aventurar estas hipótesis y certezas:

 

1. Presentar un proyecto para cuya aprobación la Constitución exige una mayoría especial o agravada, cuando no se tiene el respaldo pertinente, implica abrazarse voluntariamente el fracaso de la inciativa. Las razones de esta conducta autoflagelante pueden rastrearse en la intención de la Vicepresidencia de instalar el tema en la opinión pública, a fin de reunir masa crítica que represente suficiente presión en el Congreso como para suplir las voluntades reclamadas por la normativa constitucional. El fin último busca crear las condiciones propicias para que los miembros de la  Corte abdiquen, ante la inminencia de una tragedia institucional que, de estallar, conduciría a una onda expansiva que los empujaría fuera de su Ministerio.

2. El Presidente y su Superministro revelan, con su pasividad ante una iniciativa kamikaze, que la autonomía de uno y otro, declamadas como creciente por el primero y exhibidas como condición pactada por el segundo, han llegado al techo de vuelo de la frágil nave que pilotean. 

3. Las voces que interpretan la opinión del establishment internacional han manifestado su preocupación ante el proyecto de Juicio Político.La organización de Derechos Humanos Human Rights Watch acaba de calificar la iniciativa como 'medida tendiente a socavar el Estado de Derecho'. Cuando voceros del Departamente de Estado de los Estados Unidos de América exigen, 'a todos los actores de la Argentina, respetar las instituciones democráticas  y la separación de Poderes', no hacen más que recordar que su país, desde hace unos cuarenta años, ha decidido enarbolar la política de derechos humanos para reemplazar a los golpes de mano de los militares como mecanismo de control y armonía a palos en el maldito patrio trasero. En cualquier caso, la consecuencia del proyecto de juicio a la Corte significará desalentar las pocas inversiones que planeaban arribar a estas playas, fuera de los negocios que el capital altamente concentrado suele hacer jubilosamente con el Estado bobo argentino. Así, Mark Jones, profesor de Estudios latinoamericanos de la Universidad Rice, miembro del Instituto Baker y entendido en seguridad energetica (y quien se reuniera recientemente con Sergio Tomás Massa en el estado de Texas), ha declarado esta semana que la inciativa puesta en marcha 'por un defaulteador serial como la Argentina' desalienta el clima de negocios.

4. Si la Vicepresidente, respondiendo a un reclamo popular que, legítimamente, puede articularse en poco tiempo y escaso escándalo medíatico, aceptare -renegando de su pública y notoria decisión- la candidatura a la Senaduría por la Provincia de Buenos Aires, es altísimamente improbable que no alcance  la consagración, al menos por la segunda minoría -en el peor de los supuestos. De tal suerte que, más allá del régimen de renovación bianual de la Cámara, dispondría la Señora de un plazo cómodo para, finalmente, arreglar decorosamente su situación judicial. La Tesis Pichetto logró instalar el precepto de que la inmunidad parlamentaria de un miembro procesado se prolonga hasta tanto la sentencia quede firme, entendiendo por firme la resolución defintiva de la Corte Suprema. Por otro lado, el mejor remedio para la conflictiva relación que la Vice mantiene con el Poder Judicial vendrá siempre en forma más fluída y relajada luego de producirse un triunfo del Frente de Todos en octubre de este año. Por lo mismo, resulta difícil de entender el diagrama táctico diseñado.

5. La iniciativa golpea al Ministro Massa en su frágil línea de flotación. Como es de consenso generalizado, en un ambiente de descontrol de los precios de la canasta familiar, las chances del oficialismo en una contienda electoral se desmoronan. En un clima de inseguridad jurídica, derivado del escandaloso choque de Poderes, el acariciado sueño de una inflación de 3 por ciento en abril se aleja hasta perderse en un incierto horizonte, junto con la candidatura del titular de la cartera por lejos más decisiva en la Argentina.

6. De confeccionarse un estudio de opinión en el denominado AMBA o, mejor aún, en los partidos que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podría verificarse que no más del uno por mil de la población puede articular una referencia precisa del conflicto de poderes planteado. El común de los asalariados, presunta base electoral del oficialismo, no tiene interés en el tema, porque las cuestión de su superviveincia -entendida literalmente- ocupa sus fatigadas jornadas.

7. La hipótesis que explicaría la imprudente insistencia podría rastrearse en un hecho que, a su vez, crea una deriva apabullante: la política argentina deja la racionalidad anclada en la realpolitik y se entrega a la pulsión de la pura sensualidad del enfrentamiento y la carnicería despiadada, como forma de disputa de prestigio y autoridad, resucitando -con sorprendente vigor- a los fantasmas del pasado y replicando la tesis de la historia local en la forma de una 'guerra civil intermitente'. Si la descabellada pista fuera la única que habría de conducirnos a la verdad profunda del drama argentino, nos hallaríamos, entonces, en vísperas de bíblicas tribulaciones.

Así, pues, se presume que la sociedad detendrá el descalabro, en el borde del precipicio. Claro que tampoco funge segura una prospectiva que deseche la naturalización del desquicio colectivo.

Como algunos teólogos afirman, la estrategia primigenia del Demonio consiste en convencer a todos de que no existe.