EE.UU.: Subcomité Selecto sobre COVID-19 forzará a funcionarios del gobierno federal a rendir cuentas

La Cámara de Representantes del Congreso número 118 de los Estados Unidos ha comenzado con el pie derecho. Al adoptar una novedosa serie de reglas con miras a optimizar la gobernanza en su proceso de deliberación legislativa, la nueva mayoría -tutelada por el Partido Republicano- ha autorizados la creación de un Comité Selecto sobre la Pandemia de Coronavirus, con amplio criterio jurisdiccional y poderes.


Tras tres años, y más de un millón de muertes asociadas al COVID-19 en los EE.UU., la puesta en marcha de una investigación abarcativa, sobria y detallada que evalúe la respuesta gubernamental del gobierno federal es una necesaria precondición a la hora de buscar restarurar la confianza de la ciudadanía estadounidense en sus agencias federales de salud pública.

Específicamente, ese listado involucra a los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDCs), los Institutos Nacionales de Salud (NIHs), y a la Oficina del Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

Un análisis desarrollado por la Heritage Foundation al respecto del desempeño de la salud pública identificó un total de trece apartados que ameritan una investigación de orden legislativo más profunda.

La partidocracia no tiene cabida en este particular. Numerosos de estos problemas centrales abarcan tanto a la Administración de Donald Trump (Republicano) como a la de Joe Biden, del Partido Demócrata.

La primer orden de la minuta es, y debería ser, profundizar sobre los orígenes del novel coronavirus y en cualquier modelo de financiamiento que, engrosado por la ciudadanía del país, haya acaso contribuído -quizás inadvertidamente- a la evolución del vector biológico.

Dada la flagrante falta de cooperación de parte de la China comunista, responder a la importantísim,a pregunta sobre cómo logró desarrollarse el virus, es un desafío de magnitud. El trabajo legislativo a cargo de la minoría política, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado ya está poniendo de suyo con el objeto de allanar el camino para las investigaciones que vendrán.

Al llevar adelante ese proceso, los investigadores legislativos habrán de prepararse para citar a desertores chinos de identidad verificable y creíble, y detallar a consciencia la crucial apoyatura y asistencia brindada por científicos, expertos éstos en el campo de la virología evolutiva.

Más allá de la desafiante faena, el Congreso deberá, entre otras cosas, obtener respuestas concretas de parte de funcionarios del gobierno frente a numerosas preguntas. Por ejemplo:
 

• ¿Por qué el CDC, a pesar de los requisitos estatutarios que datan de 2006, han fallado a la hora de modernizar y optimizar sus sistemas de recolección y diseminación de datos? La Doctora Deborah Birx, ex coordinadora de la Fuerza Especial antiCoronavirus bajo la Administración Trump, ya ha declarado ante el Congreso: 'El tema sanitario número uno en los Estados Unidos hoy consigna que no existe base de datos abarcativa, ni integración de datos originados en laboratorios, en instituciones de la salud pública, o en clínicas'
• ¿Por qué las autoridades de salud pública desplegaron mensajes contradictorios frente al valor de las mascarillas o barbijos, y sobre la obligación de utilizarlos? El Doctor Anthony Fauci y la Doctora Nancy Messonier, ésta última del CDC, y el entonces Jefe Médico (Surgeon General) Jerome Adams insistieron inicialmente, de manera notoriamente pública y, en ocasiones, con vehemencia, que las mascarillas eran innecesarias, y que observaban una efectividad nula. En efecto, estudios realizados previamente sobre las mascarillas fracasaron a la hora de ofrecer un respaldo sólido para su empleo; lo cual también abarca a la obligación del uso. Entre febrero y abril de 2020, sin embargo, los principales funcionarios dieron un notable giro de 180 grados, insistiendo en el valor de la política de mascarillas obligatorias -a las que antes se oponían. ¿Cuál era la evidencia científica, por entonces disponible en la literatura médica, para justificar semejante cambio de posición en un período tan breve? El Congreso deberá poner manos a la obra, y profundizar.
• ¿Por qué los funcionarios del gobierno federal buscaron imponer una inédita medida de obligatoriedad para vacunarse a decenas de millones de ciudadanos estadounidenses, sin evaluar riesgos y beneficios de los productos para distintos segmentos etarios de la población, con base en la adquisición de inmunidad natural o en vulnerabilidades subyacentes ante el virus? Las personas jóvenes y saludables lidiaban con un muy reducido peligro de enfermar gravemente, e incluso de la posibilidad de perder la vida con el COVID-19. Ya ha sido demostrada, por sólidas investigaciones en la literatura médica, la fortaleza de la inmunidad natural. Mientras tanto, investigaciones más recientes en torno de los refuerzos de las vacunas para personas jóvenes han consignado que los eventuales daños superan holgadamente a los beneficios de la inoculación.

La obtención de respuestas ante estas preguntas representan la proverbial punta del iceberg, y el subcomité habrá de buscarlas. El análisis de Heritage ha catalogado y documentado otras cuestiones de vital importancia que, a su vez, habrán de ser examinadas en profundidad. 

Por ejemplo, en el cénit de la emergencia sanitaria nacional, funcionarios del gobierno federal llevaron a cabo un mal trabajo de diagnóstico, a efectos de determinar la extensión del contagio; la coordinación entre agencias federales fue paupérrima; el Stock Estratégico Nacional de material e insumos médicos fue deficiente; las recomendaciones federales que favorecieron la clausura de escuelas y de negocios (cuarentenas o confinamientos) dieron lugar a monumentales costos en materia de aprendizaje, propiciaron disrupción económica y serios daños a la salud física. Mientras tanto, funcionarios del orden federal se esmeraron para suprimir y censurar todo disenso científico -un comportamiento para nada profesional y abrazado a la intolerancia, ciertamente incompatible con todo método de cuestionamiento e investigación científica.

La ciudadanía de los Estados Unidos tiene razón al responder con furia ante la ausencia de rendición de cuentas vinculada al lamentable desempeño oficial de cara al COVID-19. Es hora de que una agenda legislativa sindique a los funcionarios que han sido responsables y, en el ínterin, ponga en marcha los cambios necesarios a criterio de resguardar y restaurar la confianza del público.

Artículo original, en inglés


El autor, Robert Moffit, es un experto con más de tres décadas de trayectoria en el ámbito político de Washington, D.C.; se desempeña como senior fellow en estudios políticos en el think tank estadounidense The Heritage Foundation, en la misma ciudad.