Argentina: Autopista al Infierno

Las tendencias son útiles para proyectar escenarios hacia el largo plazo, y desarrollos específicos en el corto. Mucho más cuando la reiteración de recetas fallidas -y el frecuente reciclaje de personajes que se ocuparán de su implementación- monopolizan los roles protagónicos en la historia de una nación dada.

 

Haití, otrora la colonia francesa más prolífica durante el siglo XIX, se debate hoy en un mix destructivo: insanable corrupción política, rampante criminalidad, y un porcentual de pobreza extrema que a asuela al 59% de su población. El recuento de los episodios más destacados de la historia haitiana reciente reportará la concurrencia de desastres naturales, recurrentes intervenciones extranjeras, espiralización de la violencia, y una economía en franca bancarrota. Mientras el cuadro continuaba agravándose, la dirigencia política nacional no le dio pausas a la práctica de su deporte favorito: responsabilizar por los problemas a la administración anterior. El transcurso de las décadas fue poniendo de suyo en la edificación del presente Estado fallido; mientras que el otorgamiento de numerosos créditos desde organismos multilaterales tampoco sirvió para morigerar la hecatombe.

 

Resultados, a la vista: en la actualidad, el 40% del territorio de su capital, Puerto Príncipe, se encuentra bajo control de pandillas (Associated Press; OCT, 2021: ‘Desperate Haitians suffocate under growing power of gangs‘). Proporcionalmente, el 60% de los ciudadanos habilitados para sufragar reside en territorios tutelados por aquéllas. Al menos treinta núcleos delictivos protagonizan combates diarios en pos de hacerse del control de más cuadrantes -buscando birlárselos a bandas rivales. Inicialmente dedicadas a la abducción de políticos y ciudadanos extranjeros, las organizaciones delictivas han ampliado su alcance, para terminar poniendo a prácticamente todo mundo en la mira: sacerdotes, niños, hombres de negocios y ciudadanos de a pie (por cuyo rescate incluso se paga con electrodomésticos). Este concierto de pesadilla remató con el homicidio del ex presidente Jovenel Moïse -a manos de ejecutores profesionales- en el mes de julio de 2021. Ya en enero de 2022, su sucesor, Ariel Henry, escapó milagrosamente de un ensayo de magnicidio; a pesar de contar con un nutrido security detail, compuesto por activos remanentes de las pauperizadas fuerzas armadas.

 

Refiere la investigación de AP: ‘Expertos atribuyen al ex jefe de Estado Jean-Bertrand Aristide la responsabilidad por la creación del problema de las pandillas. Tras retornar al poder en 1994, según dicen, abolió al ejército y procedió a distribuir armamento entre ciudadanos que residían en barrios de bajos recursos -a muchos de los cuales Aristide había influenciado cuando oficiaba como sacerdote católico’. En efecto, hoy, algunos de los consorcios criminales más destacados reciben apoyo logístico-táctico de parte de elementos en la policía, mientras que también son financiados por empresas privadas y referentes de la política. Puesto en limpio: una refriega entre dirigentes que utilizan a grupos armados como proxies o ejércitos subsidiarios, para secuestrar o ultimar a sus adversarios.

 

Haití es un imprescindible case studio a la hora de evaluar a democracias cuyos representantes coquetean alegremente con el abismo. Bajo este marco analítico, las crisis económicas estructurales (tal es su índole, por cuanto el agravamiento se presenta como el único termómetro válido para mensurarlas) y el descrédito amplificado de la clase dirigente confluyen para configurar una atmósfera en donde la regresión y la devastación son norma -ya no la excepción.

 

En tales casos, sociedad y dirigencia parecen obrar como espejos en donde la reciprocidad se nutre de un tóxico feedback. Así, pues, la naturalización de delitos menores conduce a la tolerancia de otros, esperablemente más graves; la inacción del sistema de administración de justicia termina diseminándose hacia todo el espectro de las actividades ilícitas -naturalmente, franqueándole el paso a delitos de orden público (malversación en cualesquiera de sus vertientes, con posterior blanqueo de activos; confiscación impositiva y de la propiedad; contrabando de influencias; descarte sistemático del debate en subsistemas de concursos y adjudicaciones; et cetera). Entre las primeras consecuencias operativas de la calamidad -que, en esta intersección, cobra vigor en la forma de explícita disfuncionalidad institucional-, el sistema penal iza bandera blanca y se rinde, por así decirlo. Fiscales y magistrados del circuito que fuere (local o federal) se rehúsan a conducir investigaciones sofisticadas con potencial para patrocinar la condena de los perpetradores, en razón de que invertir tamaño esfuerzo sería fútil. La ampulosa burocracia de los Códigos Procesales, por un lado, fungirá como la excusa perfecta. En un segundo orden, lo hará la connivencia -en ocasiones, aferrándose los funcionarios judiciales al sinsentido ya descrito, con el fin de extorsionar a los imputados, bajo amenaza de agravar imputaciones y cargos. Un execrable costumbrismo que ilustra sobre la tercera vía de escape empujará a los mismos jueces y fiscales a disimular las apariencias, procesando y persiguiendo a ciudadanos corrientes -acaso inocentes, aunque arrojándose sobre ellos con todo el peso de la ‘Ley’. Serán éstos, si se quiere, proverbiales chivos expiatorios o variables de ajuste, sobre los cuales licuar o disfrazar la propia incompetencia.

 

En la puesta en práctica de aquel tridente de insanas alternativas, el ecosistema judicial contará siempre con los buenos oficios de los medios masivos de comunicación -aceitados con dinero público por quienes se han ahorrado el ser objeto de cualquier pesquisa. Intuirá el Lector que, en este punto, los medios independientes ya han comenzado a brillar por su ausencia. La otrora independencia informativa se abraza, desde aquí, a la disciplinada replicación de narrativas oficiales; el otrora Cuarto Poder se reconfigura en un menesteroso Cronista del Statu Quo. Nuevamente, los fondos aportados por los contribuyentes son el sucedáneo o el soma (con disculpas a A. Huxley) de esa maquinaria: en lenguaje vulgar, la Pauta Oficial.

 

La Argentina de las últimas semanas y meses ha comenzado a aproximarse peligrosamente -aunque con éxito- a la olvidable performance haitiana. La golpiza sufrida por Sergio Berni (antes que funcionario, predicador electrónico y desahuciado relacionista público) a manos de una turbamulta de chauffeurs enardecidos, ha operado como agente catalizador de un hartazgo generalizado que ha abandonado su estado de latencia -para abrazarse a la acción. El episodio tuvo lugar durante el ciclo cenital de incompetencia que atraviesa transversalmente -sin distinción de partidos- a un colectivo político orgulloso de su eficiencia cuando se trata de multiplicar pobreza, defraudar allí donde sea posible, devastar la moneda nacional y tornar inexistente la seguridad de sus votantes. Estos últimos, renegando de su condición de súbditos apaleados, inauguran su flirteo con el ‘somatén’ de la Antipolítica.

 

Toda vez que condiciona el desarrollo de la campaña electoral (que pende cual espada de Damocles sobre la humanidad de sus actores centrales y de reparto), el fastidio ciudadano amplificado se exhibe como genuina válvula de escape frente al repertorio de desperfectos multiplataforma, detallados en el párrafo precedente. La Reacción oficial, para colmo, contribuyó al recrudecimiento de la crisis: el operativo organizado para poner bajo arresto a los agresores de Berni (o, si se prefiere, a quienes replicaron a la provocación del dirigente en campaña) cobró el formato de una auténtica cacería humana, tomando partido una task force de policías pertrechados con armas automáticas -protocolo operacional más apropiado para localizar y subyugar a sanguinarios terroristas, que a trabajadores presa de la emoción violenta.

 

Engalanaron la inédita trama de torpeza -que revela aristas de pánico y desesperación políticos- agentes porteños y bonaerenses, un fiscal (Carlos Rolero Santurián) y dos magistradas (Lucía Emilce Casabayo y María Escrich). Naturalmente, no podrá soslayarse la obvia complacencia del ecosistema político ante la estrafalaria peripecia, partiendo del propio Señor Berni, pasando por su jefe, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sobrevolando al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a su flamante ministro de ‘Seguridad’, Eugenio Burzaco. Las menciones son condición sine qua non para rubricar la responsabilidad de Conjunto en el reflejo psicopático-esquizoide; alimenta la popularidad, penetración y alcance futuro del ‘Todos Son Lo Mismo’, y obsequia envión a la dinámica de la somatización antipolítica.

 

Para sazonar el caldo, los perseguidores de chauffers/terroristas pertenecen a la denominada UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), tutelada por el damnificado Berni -a modo de satisfacer sus insólitos caprichos represivos. Por estas horas, ese mismo cuerpo hoy ha sido desplegado para acciones preventivas… lejos de los epicentros comprobables de conflicto. Charada y ausencia absoluta de proporcionalidad: la dirigencia responde a una crisis arrojando combustible de alto octanaje al incendio; asociándose al tic espasmódico y alimentando más propaganda.

 

Pero la Argentina no es Haití -dirán algunos. A los efectos de argumentar esa reflexión, quien albergue suspicacias consignará que la prospectiva para modelos de violencia obedece, amén de parámetros materiales, a circunstancias culturales inherentes a un constructus societario particular -circunstancias que se presumen relativamente inmutables, en el caso argentino.

 

Sin embargo, también el Líbano, Libia e Irak supieron ser naciones que gozaban de cierta estabilidad -hasta que guerras civiles y cataclismos variopintos se ensañaron con sus respectivas sociedades civiles.

 

Destrucción económica, criminalidad espiralizada, rampante corrupción y disfuncionalidad política (con su pariente cercano, el Estado fallido) suelen ser materia prima necesaria para pavimentar cualquier Autopista al Infierno.

 

Como se ha visto, en Haití, la supervivencia económica de sus ciudadanos se vincula a la pertenencia a organizaciones armadas, o a la élite dirigencial.

 

En la Argentina, las garantías de construir un futuro promisorio se emparentan con la posibilidad de escalar en la carrera política o de hacerse de un salario estatal; de enrolarse en algún clan de contrabandistas de estupefacientes (Casos: Provincia de Santa Fe; Gran Buenos Aires); de obtener uno o varios subsidios estatales por vía de la extorsión frecuente (industria del piqueterismo o de ‘luchadores sociales’); de sumergirse en el prolífico mundillo del crimen organizado sindical; o de adherir al ritualismo homicida de algún microcosmos integrado por ‘barrabravas’. Mientras todo esto sucede, siete de cada diez jóvenes abandonarían el país de inmediato, de poder hacerlo. Las explicaciones no portan el aroma del misterio.

 

Como inquietante albacea de la anomia, asoma luego la Fragmentación -bien entrenada en las artes de la Paciencia.

 

La brecha entre el 59% de pobreza haitiana y los treinta y nueve puntos porcentuales argentinos no es tan amplia como a priori podría creerse.