Algo huele mal en el acuerdo judicial que benefició a Hunter Biden

En lo que sólo puede describirse como un bizarro y perturbador cambio de escenario, luego de una investigación de cinco años, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció, la pasada semana, un acuerdo judicial con Hunter Biden -el atribulado hijo del presidente Joe Biden.

Bajo los términos del convenio, el hijo del jefe de Estado se declaró culpable de dos cargos menores -reconociendo no haber pagado impuestos sobre ingresos-, y el gobierno recomendaría una sentencia de probation. Asimismo, a Hunter le sería permitido ingresar en un programa similar en razón de un grave cargo que involucra la tenencia de armas de fuego -el cual sería descartado por completo de registrarse el hijo del presidente en esa alternativa.

Vaya, sino se trata de un acuerdo a medida...

Sin embargo, mientras más de cerca atienda Usted a los detalles, peor se vuelve ese acuerdo. 

No se trata solamente de que Hunter Biden fracasó a la hora de pagar impuestos sobre sus ingresos, sino que lo hizo durante dos años -en los cuales ganó más de US$ 1.5 millones, debiendo más de US$100 mil en ingresos tributarios.

Rápidamente, la acusación hubiese ameritado una condena de cinco años. ¿Acaso alguien cree que cualquier otra persona involucrada en tales cargos se hubiese beneficiado de semejante acuerdo por evadir impuestos? Los autores de esta nota -que supimos cumplir funciones como fiscales federales- tenemos motivos de sobra para dudarlo.

Y, ¿qué sucede con los cargos por tenencia de armas? El delito de posesión de armas de fuego por parte de un individuo que padece de adicciones -y sobran pruebas de que Hunter Biden cae en esta categoría- es lo suficientemente serio; tanto, que el propio presidente Biden rubricó con su

firma la aprobación de una ley, conocida como Acta Bipartidista para Comunidades Más Seguras (Bipartisan Safer Communities Act), que aumentó la sentencia máxima de diez a quince años en prisión.

De tal suerte que los adictos a las drogas que no cuentan con antecedentes penales no representan el mismo nivel de peligro que un criminal violento que posee armas. Pero, ¿un acuerdo pre-judicial?

A priori, el acuerdo anunciado el pasado martes por Hunter Biden parece sospechoso -o, al menos, demasiado benévolo.

Y, ¿qué hay de los argumentos en torno a los obscuros negocios en Ucrania, China y quién sabe dónde más? ¿Qué sucede con los argumentos vinculados a un esquema de US$ 10 millones en sobornos que involucró tanto a Hunter como a su padre, por entonces vicepresidente, -el 'gran hombre' (the 'Big guy'), de aceurdo a Tony Bobulinksi, ex socio comercial de Hunter?

¿Alguien investigó acaso esas declaraciones?

El Comité de Vivienda y Medios dio a conocer, el pasado jueves, transcripciones de dos investigadores cuyo testimonio -presentado bajo juramento- sugiere que la respuesta a la pregunta anterior es un rotundo 'No', lo cual arroja nueva luz sobre el acuerdo de Hunter Biden.

Ambos informantes -los dos, ex agentes del IRS o Servicio de Recaudación de Impuestos- se apersonaron para declarar que fiscales federales y otros en el Departamento de Justicia ralentizaron la investigación, descartando toda posibilidad de acusar al joven Biden por múltiples cargos. Los ex agentes del IRS también declararon que padecieron reprimendas por haber hecho preguntas sobre la interferencia detectada.

David Weiss, Fiscal de los EE.UU. para el estado de Delaware -designado entonces por el ex presidente Donald Trump- afirma que la investigación sigue su curso. Sin embargo, los abogados de Biden han declarado que, a partir del mencionado acuerdo, creen que el asunto ha llegado a su fin.

Y, aún cuando Weiss insiste en que cuenta con 'autoridad definitiva' en la investigación contra Biden, los informantes afirman que la investigación del fiscal fue obstaculizada por el Departamento de Justicia y por Lesley Wolf, asistente de la fiscalía de los EE.UU. en el caso.

La identidad de uno de los informantes del IRS permanece secreta, mientras que el restante es Gary Shapley, agente supervisor que, hasta hace poco, estaba a cargo de la investigación sobre Biden. Shapley ha dicho que la investigación estaba saturada de irregularidades, y que en nada se parecía a las investigaciones en las que tomó parte a lo largo de sus catorce años de carrera.

Shapley pareciera encarnar la figura de un funcionario público modelo. Testificó que, desde pequeño, se le enseñó a 'hacer siempre lo correcto', y que no había 'recompensas para quienes se convierten en informantes'.

Con numerosas condecoraciones como agente del IRS desde 2009, Shapley testificó bajo juramento haber investigado y administrado 'algunos de los casos más importantes en la historia de los Estados Unidos y en la historia de la agencia, habiendo recuperado más de US$ 3.5 mil millones'. Añadió que jamás aportó fondos a campaña política alguna, jamás haber tomado parte de eventos políticos, jamás haber tenido calcos en sus vehículos que promocionaran candidatos, y que ha votado tanto por Demócratas como por Republicanos para la presidencia.

En enero de 2020, Shapley se convirtió en supervisor del caso sobre Hunter Biden en el IRS, bajo el nombre en clave 'Sportsman'. Hacia marzo de aquel año, elevó informes al respecto de que el IRS estaba listo para 'buscar la aprobación pertinente para llevar a cabo allanamientos en California, Arkansas, Nueva York y Washington, D.C.'.

El 1ero. de abril de 2020, un colega del IRS redactó una declaración jurada que establecía causa probable para tales allanamientos y, asimismo, Shapley declaró haber conducido al menos quince entrevistas en esa oportunidad.

Pero, una vez uqe Joe Biden se convirtió en el presunto candidato para la presidencia en abril de 2020, de acuerdo a Shapley, 'los funcionarios de carrera en el IRS comenzaron a obstaculizar las medidas investigativas del organismo'.

En el transcurso de los siguientes dos años, testificó Shapley, él y su equipo fueron reprendidos por sus superiores -en tanto no se les permitió avanzar sobre los hechos en el caso pertinente.

Más aún, declaró Shapley -bajo juramento, nuevamente- el haber sido desplazado abruptamente de la investigación un mes atrás, 'luego de haber proporcionado evidencias relativas al modo en que los fiscales llevaron adelante el caso erróneamente sobre Hunter Biden, incluyendo conflicto de intereses, trato preferencial, desviaciones de los protocolos establecidos e información conflictiva aportada por el Fiscal General Merrick Garland al Congreso, en relación a la independencia del Fiscal de los EE.UU. para Delaware -a la sazón, Weiss'.

A lo largo de su testimonio, Shapley recordó una reunión a la que asistió el 7 de octubre de 2022 en las oficinas de Weiss, junto con administradores de nivel senior pertenecientes al IRS, al FBI -y participando el propio Weiss.

Weiss dijo al grupo que él no era 'el funcionario que decidiría si los cargos contra Hunter Biden serían presentados', y que Matthew Graves, Fiscal de los EE.UU. para el Distrito de Columbia, 'no le permitiría acusar' a Hunter Biden en Washington, D.C. (localidad en donde los cargos sobre impuestos versus Biden debieron ser presentados). Adicionalmente, dijo allí Weiss que el había 'consultado al Departamento de Justicia' ('Main Justice')al respecto de contar con  autoridad especial para acusar a Biden en el Distrito de Columbia, y que el pedido había sido rechazado.

Acto seguido, Shapley declaró haberse enterado de que el Fiscal de los EE.UU. para el Distrito Central de California -donde residía el joven Biden- rechazó los intentos de Weiss por llevar la presentación de los cargos a su distrito califoniano. 

'Algunas de estas decisiones parecen haber sido influenciadas por la política', consignó Shapley.

Shapley fue consultado al respecto del testimonio emitido bajo juramento de Garland -fechado el 1ero. de marzo-, en el que el fiscal general dijo: 'Prometo dejar el tema de Hunter Biden en manos del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. (...) He prometido no interferir con la investigación, y he cumplido con mi palabra'.

Los investigadores de la Cámara de Representantes preguntaron a Shapley al respecto de la declaración de Garland emitida bajo juramento, y si la misma fue genuina.

Respondió Shapley: 'Esa declaración no es precisa'.

Garland testificó en la misma audiencia al respecto de la potestad de Weiss para llevar casos en otros distritos federales.

Weiss 'cuenta con plena potestad para llevar a cabo esa tercerización que Usted menciona, o bien para llevar casos a jurisdicciones que él juzgue necesarias', replicó el fiscal general. 'Y le aseguro que, si decide hacerlo, tendrá la posibilidad de ejecutarlo'.

Shapley testificó que lo declarado por Garland no era cierto, en tanto Weiss fue rechazado por colegas fiscales tanto del Distrito de Columbia como de California.

De acuerdo a transcripciones dadas a conocer recientemente por Shapley y por el otro informante, las órdenes de allanamiento (incluyendo una orden de allanar la casa de huéspedes de Joe Biden, en donde residía Hunter) y otros pedidos para profundizar la investigación, fueron obstaculizados. Se dijo que los cargos fueron atenuados y que información crítica fue filtrada al equipo legal del joven Biden; por lo tanto, comprometiendo la capacidad de los investigadores para hacerse de evidencias.

Los informantes del IRS también declaman que a agentes a cargo de la investigación material se les prohibió formular cualquier pregunta a testigos al respecto del presidente -incluso analizar violaciones financieras de campaña, como también les fue impedido analizar transacciones financieras que involucraran a los hijos de Hunter.

El informante sin identificar dijo que los investigadores concluyeron que era necesario acusar a Hunter Biden con cargos serios de evasión de impuestos, involucrando una condena de seis años y más de US$ 8.3 millones en ingresos -no los escasos dos años tipificados en cargos menores por los que se declaró culpable. Sin embargo, el informante dijo que la recomendación fue obstaculizada por funcionarios políticos designados por el presidente Biden.

Shapley alega que Hunter Biden se involucró en esa conducta, al menos en parte, ocultando pagos que recibió de parte de Burisma Holdings -esto es, la firma dedicada a temas energéticos que lo contrató como consultor y lo designó en su directorio.

Otros han afirmado que, como vicepresidente, Joe Biden orquestó el despido de Viktor Shokin, jefe de los fiscales de Ucrania, porque éste estaba investigando a Burisma.

De ser ciertas estas afirmaciones -y el Fiscal General Garland ha negado que lo fueran-, el asunto se tornaría perturbador, no sólo por el tratamiento preferencial convenido para el hijo del presidente, sino también porque a los agentes se les prohibió llevar a cabo cualquier investigación sobre la conducta eventualmente criminal del propio jefe de Estado.

De tal suerte que, a comienzos de la pasada semana, nos inclinamos a sospechar que el acuerdo judicial entre Hunter Biden y el Departamento de Justicia era en extremo benévolo. Ahora, pareciera ser que el relato detrás de ese tratamiento huele bastante peor.

Es centralmente importante que la verdad de los hechos salga a la luz. Se precisa contar con una investigación de carácter abarcativo. Y que las piezas se acomoden como debe ser.

Artículo original, en inglés


John G. Malcolm es vicepresidente del Instituto para Gobierno Constitucional y director del Centro Edwin Meese III para Estudios Legales y Jurídicos, en el think tank estadounidense The Heritage Foundation, en Washington, D.C.

Charles 'Cully' Stimson es experto en cuestiones de seguridad nacional, seguridad interior, control del delito, inmigración y política sobre estupefacientes en el Centro para Estudios Legales y Jurídicos de Heritage.