Estados Unidos: el acuerdo judicial a medida de Hunter Biden se desmorona

Se han conocido algunos giros bizarros en la corte federal del estado americano de Delaware este miércoles, mientras el comentado acuerdo judicial 'a medida' de Hunter Biden terminó por desmoronarse.

De tal suerte que, ¿qué fue lo que sucedió?


Es difícil decirlo con certeza, en razón de que una transcripción del intercambio registrado entre los abogados y la magistrada interviniente no ha sido dada a conocer. Básicamente, pareciera ser que hubo un malentendido entre los fiscales y el equipo legal de Hunter Biden en relación a si acaso el acuerdo pondría fin a cualquier exposición legal futura del acusado frente a otros delitos, o si acaso aún estaba en curso una investigación. En apariencia, el núcleo de letrados de Biden creyó en el primer escenario, mientras que la Oficina del Fiscal de los EE.UU. para Delaware interpretó que la segunda alternativa era la que mantenía vigencia.

Toda vez que no es poco común que los acuerdos judiciales se desmoronen, uno pensaría que un convenio de tan alto perfil hubiese sido puesto por escrito y que sería firme, previo a que las partes arribaran en esta fecha para apersonarse frente al estrado. 

No fue así, según se ha visto.   

Luego de que el preacuerdo fuera anunciado en junio pasado, se conocieron airadas quejas en función de su naturaleza. Más aún; desde ese momento, dos informantes con experiencia -los agentes de carrera Gary Shapley y Joseph Ziegler, ambos del IRS (Impuestos)- salieron a la luz y formularon serios cuestionamientos sobre si acaso existió algún tipo de interferencia de parte de individuos en altas esferas del poder (específicamente, en el seno del Departamento de Justicia) de cara a la investigación tutelada por David Weiss, Fiscal de los Estados Unidos para el estado de Delaware.

Semejante interferencia, afirmaron los informantes bajo declaración juramentada, involucraron el rechazo a recomendaciones desde el IRS con miras a interponer cargos (acusaciones) más severos; el rechazo a proporcionar a los investigadores del IRS información pertinente que fue hallada en el ordenador portátil de Hunter Biden; la clausura de áreas sólidas de investigación -que resultaron exitosas- sobre acuerdos financieros de los que tomó parte Biden, junto a su padre y, posiblemente, terceros; el rechazo a autorizar órdenes de cateo que hubiesen descubierto importantísimas evidencias; el aviso previo a los abogados de Biden al respecto de los sitios que serían requisados y la identidad de los individuos que serían entrevistados; y ciertas inexplicables demoras que resultaron en la imposibilidad de presentar otros cargos, de naturaleza significativa.

Asimismo, Shapley y Ziegler plasmaron sus dudas al respecto de si acaso el Fiscal General Merrick Garland dijo la verdad cuando, al testificar ante el Congreso, negó que hubiese tenido lugar cualquier clase de interferencia, y que Weiss contaba con la autoridad necesaria para formular los cargos que hubiese juzgado necesario -en cualquier jurisdicción aplicable.

Acaso estas perturbadores declaraciones indujeron a que Weiss cambiara de opinión. ¿Quién podría decirlo con certeza?

Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional, aún cuando pareciera ser que el Departamento de Justicia le ha dado permiso a Weiss para presentarse ante el Congreso, a efectos de compartir su verdad. En respuesta a una presentación bajo lo tipificado por el Acta de Libertad de Información -formulada por el Oversight Project, del think tank estadounidense The Heritage Foundation-, el Departamento de Justicia expresó que tiene en su haber miles de documentos que ilustran sobre las comunicaciones entre el mismo ('Main Justice', en la jerga judicial estadounidense) y el despacho de Weiss. Hasta el momento, sin embargo, el Departamento se ha rehusado a dar a conocer esa documentación.

Adicionalmente, Oversight Project formuló una presentación de la clase amicus en Delaware, solicitándole a la jueza que no acepte el acuerdo que favorecería la posición de Biden.

En términos del acuerdo per se, se ha informado que el mismo colapsó cuando la Oficina del Fiscal de los EE.UU. anunció que aún se hallaba investigando si acaso Biden violó los considerandos tipificados en el Acta para el Registro de Agentes Extranjeros (FARA), diseñada originalmente para aislar a eventuales amenazas contra la seguridad nacional mediando la identificación de aquellas personas que actúan, directa o indirectamente, en representación de gobiernos extranjeros, partidos políticos o bien firmas matrices vinculadas a subsidiarias de firmas estadounidenses, entre otras organizaciones extranjeras, cuando intenten influír sobre políticas públicas y sobre la legislación americana. 

FARA exige:

El registro o, y blanqueo por parte de, un 'agente o responsable extranjero' quien, ya fuere directamente o a través de un tercero, en el seno del territorio de los Estados Unidos de América, 1) se involucre en 'actividades políticas' en representación de un dignatario foráneo; 2) actúe como consejero de relaciones públicas para una entidad extranjera, actúe como publicista, empleado de servicios informativos, o consultor político; 3) solicite, recopile, desembolse o dispense aportes o contribuciones, créditos o préstamos, dinero, u otras cosas de valor en interés de su representado; o, 4) represente los intereses de una entidad foránea ante cualquier agencia o funcionario del gobierno de los Estados Unidos de América.

Cualquier violación consciente del Acta FARA puede resultar en una condena a prisión de cumplimiento efectivo de cinco años, y de una multa de US$ 250 mil por cada una de las violaciones computadas.

Aún cuando rara vez un caso así llega a los tribunales, éste es uno de los cargos que fue formulado contra Paul Manafort, ex responsable de campaña de Donald Trump, y contra el socio de negocios de Manafort, Richard Gates. Manafort se declaró culpable ante el cargo formulado pero, a la postre, fue indultado por Trump.

Recientemente, el Departamento de Justicia presentó cargos -incluso por violaciones contra FARA- contra Gal Luft, por haber aceptado más de US$ 700 mil de parte de CEFC China Energy Fund, supuestamente en defensa de los intereses de la República Popular China, entre otros. Luft ha dicho que ya brindó información al FBI en relación al involucramiento de Hunter Biden con la misma compañía, y ha afirmado que a Biden se le pagó mucho más que a él. 

En simultáneo, se han conocido evidencias al respecto de que a Hunter Biden le fueron abonados al menos US$ 5 millones desde CFEC, incluyéndose entre la documentación un mensaje de WhatsApp en el que se sugiere que Biden amenazó a un ejecutivo de CEFC que giró tales fondos, diciendo que Hunter estaba sentado junto a su padre, y que habría repercusiones si el dinero no fuese girado de inmediato. Un correo electrónico recuperado de la laptop de Hunter Biden consigna que CEFC le ofreció un contrato de consultoría de tres años de duración, de US$ 10 millones anuales, sólo por 'realizar presentaciones ante terceros' ('introductions').

Y otro correo del ordenador personal identifica, en apariencia, al entonces ex vicepresidente Joe Biden como participante en un llamado telefónico al respecto del intento de CEFC de adquirir gas natural en los Estados Unidos. 

Por su parte, el ex socio de negocios de Hunter Biden, Tony Bobulinski, ha expresado que se reunió con Joe Biden en 2017, a efectos de conversar sobre un acuerdo de negocios en el que se involucraba a CEFC, expresándose en un correo -enviado por otro socio- en torno al 10% de comisión que había que dejar al margen para 'el gran hombre' ('the big guy'), sobre quien Bobulinski sostiene se trataba del propio Joe Biden.

Más aún, se ha informado que Hunter Biden era dueño del 10% de la titularidad de BHR Partners, una firma de inversiones vinculada al gobierno chino.

Las afirmaciones que involucran a CFEC se agregan, naturalmente, a las que remiten al lucrativo involucramiento de Hunter Biden con Burisma, firma energética ucraniana, así como también se ha subrayado que el entonces vicepresidente Joe Biden utilizó su posición para exigir el despido de Viktor Shokin, fiscal ucraniano, en una instancia en la que Shokin afirmó estar investigando a la propia Burisma.

Subsisten numerosas preguntas en relación a qué otros intereses comerciales pudo haber alimentado Hunter Biden en compañía de otras entidades extranjeras, sobre qué actividades desempeñó para favorecerlas, y sobre qué involucramiento pudo haber caracterizado a su padre (y qué pagos pudo haber recibido) como resultado de los intereses comerciales de Hunter.

Sobra decir que la situación es tan dinámica como confusa. Ahora que el acuerdo judicial se ha desmoronado y que el Departamento de Justicia continúa investigando a Hunter Biden ante supuestas violaciones de FARA, acaso una tenue luz de esperanza permita que Main Justice y las audiencias legislativas hallen la verdad al respecto de su culpabilidad -y la de terceros que se hayan involucrado en actividades ilícitas, vinculados a él.

Hacia dónde conduce el asunto, aún está por verse.


Artículo original, en inglés

El autor, John G. Malcolm, es vicepresidente en el Instituto para Gobierno Constitucional y director del Centro Edwin Meese para Estudios Legales y Jurídicos en el think tank estadounidense The Heritage Foundation, en Washington, D.C..