Banco Central de la República Argentina: vórtice de corruptela institucionalizada

‘El Estado se consolida como pagador de salarios más que interesantes’, consignaba Gustavo Bazzán para Diario Clarín, el 13 de mayo del corriente. El analista compartió entonces una remarcable taxidermia que versaba sobre los elevados haberes promedio registrados en reparticiones y órganos del Estado argentino. Allí destacaban el Ministerio de Relaciones Exteriores, AFIP, Casa de la Moneda, la seguridad social (ANSES), Televisión Pública, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema (entre otros). Sin embargo, el célebre listado de una veintena de ecosistemas eludió la inclusión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) -a la sazón, una voraz aspiradora de fondos públicos cuyas cifras fácilmente empequeñecerían al grueso de las dependencias señaladas por Bazzán en su columna redactada para el ‘Gran Diario Argentino’.

 

Por fortuna, Tomás Carrió ya había tomado la posta, con su desglose previo de los colosales emolumentos abonados por la máxima autoridad bancaria nacional -incluso medidos en dólares estadounidenses-, y que fuera publicado en Bloomberg Línea el 6 de octubre de 2022. La pieza adquiere hoy particular relevancia, en un contexto en el que la opinión ciudadana (a excepción de la tradicionalmente maleable opinión privada) comienza a ponderar con inédita seriedad la gravedad inherente a episodios en donde el despilfarro flagrante y la grotesca defraudación parecen ser la norma. En tal virtud -y a pesar de que el desarrollo remite a circunstancias diferentes-, cabe atender al repudio que motivaran las andanzas del puntero justicialista Julio ‘Chocolate’ Rigau.

 

Mientras tanto, la realidad alternativa en la que residen los empleados y funcionarios del BCRA (que también hace las veces de fuente de empleo masivo) adquiere oportuna centralidad. Aunque declara como mission statement el ‘preservar la estabilidad monetaria y cambiaria; contribuir con el desarrollo y la estabilidad del mercado de capitales, y resguardar el equilibrio financiero’, el peso de la evidencia no sólo certifica el estrepitoso fracaso de la entidad en esa incumbencia. Antes, bien; su performance y su costumbrismo desaprensivamente intervencionista han logrado consolidar el proscenio exactamente opuesto. Al igual que el órgano recaudador -AFIP; Administración Federal de Ingresos Públicos-, se exhibe como una organización que provoca graves distorsiones con funestos perjuicios para la actividad económica, atentando contra la misma en el proceso. En los hechos, se trata de la institución más onerosa para los contribuyentes argentinos.

 

Salarios exorbitantes y disfuncionalidad al margen, las últimas semanas han visto amplificarse la irritación de operadores de casas y agencias de cambio, frente a una turbia peripecia que también tiene al Central como actor de primera magnitud. La contrariedad ha ganado terreno a partir de la actualización de la circular relativa a ‘Normas mínimas sobre auditorías externas para casas y agencias de cambio’ -otro de tantos instrumentos que multiplican mecánicas burocráticas de cumplimiento inasequible. Con un nada desdeñable agravante: en una secuencia de casos puntuales, la función del Auditor Externo (que sólo puede ser desempeñada por contadores públicos inscriptos en el ‘Registro de Auditores’ de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA) suele entremezclarse con un accionar delictivo que trasunta con la más reprensible flagrancia.

 

Por varias razones, las pistas conducen sin escalas a la figura del Contador (Universidad de Morón) y Abogado (UBA) Claudio Oscar Granieri, hoy ‘Director de Cumplimiento Legal (en inglés, ‘Compliance’) y Servicios Forenses’ en la firma PKF Audisur, S.R.L. Prolífico en su faena de Auditor Externo para múltiples agencias de cambio, el C.P. Granieri -según han observado anónimamente reconocidos cambistas- ha adquirido un remarcable skill al momento de detectar irregularidades en la operatoria diaria de sus clientes. Aún cuando las anomalías rastreadas perfectamente podrían definirse de acuerdo a criterios en todo subjetivos, el letrado y contador recae en un modus operandi curiosamente frecuente a la hora de ‘solucionar’ los problemas de su atribulado portfolio; el remedio para zanjar los pretendidos desperfectos e interceder ante el Banco Central lleva un precio: los relatos sitúan la cifra en torno de los cincuenta mil dólares estadounidenses. Naturalmente que, si el cambista afectado se viera imposibilitado de tributar el estipendio demandado, las probabilidades de que el monto se triplique por incumplimiento se incrementarán.

 

El servomecanismo de detección de irregularidades y ‘soluciones’ complementarias, según declaran algunos destacados players del mundillo financiero, ha acelerado su paso en los últimos tiempos -acaso ante la extendida percepción de que, próximamente (y terciando los resultados que arrojen los comicios presidenciales de octubre), la fecha de caducidad del BCRA como organización efectiva pueda ser comunicada al público profano. En cuyo caso, la supervivencia de ciertos bazares de proyección tentacular serían erradicados sin misericordia.

 

El microuniverso de los cambistas se debate hoy en una vigorizante discusión, a saber, si acaso los Señores Gustavo Hospital, Marcelo Katz, Gustavo Director y Julián Laski (presuntamente honorables comanditarios en PKF) se encuentran genuinamente al tanto de los alcances de la ‘Solución Granieri’ o si, por el contrario, ignoran su reach y comprometedoras implicancias a futuro. Esta pregunta no partiría del azar, por cuanto el autógrafo de Don Gustavo Omar Hospital ha rubricado numerosos balances que podrían ser objeto de un potencialmente revelador escrutinio. Y ya se conoce de prestigiosos bufetes de abogados que, por estas horas, hurgan en el enrevesado asunto. La estrategia legal de uno de los estudios -cuyos jurisperitos han instado por la atendible confidencialidad- atiende a factorizar apropiadamente los elementos probatorios con miras a despuntar la construcción de un sólido caso de asociación ilícita, concursando el delito de extorsión. Provisionalmente, las pericias de máxima intentarán transportar el sumario a alguna fiscalía federal en los Estados Unidos de América (Palabras Clave: lavado; blanqueo).

 

En paralelo, mientras subsisten dudas respecto del conocimiento o de la ignorancia táctica de los partners de PKF (dirían en el Norte, ‘plausible deniability’), lo cierto es que no hay espacio para la incertidumbre cuando se comenta sobre el maridaje que une al sinuoso Abogado/Contador Claudio Oscar con Romina Gisela García, Analía Fernanda Jaime y Mónica Cecilia Martins (tres espabiladas funcionarias de la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras en el Banco Central de la República) y con Valeria Fernández (heroína transitoria en el affaire, y que hoy oficia de Contadora Pública en su propio estudio contable, VFF). Analogías permisibles con el eslogan que enorgullecería a actores maliciosos de alguna industria farmacéutica ya retratada en Hollywood: ‘Comerciamos la enfermedad y, luego, el medicamento’.

 

Más aún, la narrativa que tiene al Señor Claudio O. Granieri en el rol estelar podría conducir a cuestionamientos de orden accesorio; entre ellos:

 

-¿Cuál es la responsabilidad que le fuera delegada a la archiconocida mesa de dinero que opera en el noveno piso de la calle Sarmiento 378, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

-¿En qué formatos brinda la División de Lavado de Activos de Policía Federal Argentina apoyo logístico al brumoso ejercicio aquí referenciado?

-¿Qué papel específico le ha sido asignado al ignoto militante justicialista platense Juan Ignacio Agra (alias ‘Juani’), operativamente enlazado con la participación de la ya mencionada Contadora V. Fernández? ¿Por qué Agra hace alarde entre íntimos de ‘responder a Máximo’, a quien identifica como ‘destinatario final’?

-¿Cuál es el empalme (interprétese: contacto) que suplementa las ocupaciones de Granieri desde la Gerencia Principal de Asuntos Contenciosos del BCRA, esto es, el espectro desde donde partirán mágicamente los sumarios punitivos contra aquellos operadores de cambio que se rehusaren a tributar los montos establecidos tras la detección de anomalías de índole subjetiva? ¿Podrá el Gerente a cargo, Rubén D. Narduzzi, alegar inopia?

 

En el ínterin, y tras esta breve pero inevitable interpelación en forma de interrogatorio, trasciende que el Señor Granieri y su consorcio de prósperos mutualistas pisaron el proverbial ‘cable pelado’: en su insaciable frenesí recaudatorio -acaso sin percatarse de ello-, perturbaron la realidad operacional incurrida por subsidiarias de exchange porteñas dedicadas a la defensa de intereses extranjeros estratégicos (probablemente, los de Washington; quizás los de Tierra Santa). Observadores concienzudos y suspicaces han estimado que esta incidental tropelía en mucho ha contribuído a arrojar luz sobre el método de este clan de desmañada incompetencia.

 

La abundancia de información testimonial y documental invita a cristalizar la presente pesquisa en modalidad de saga.

 

Traducido: Continuará.