España: al respecto del preocupante gobierno de coalición 'al estilo Frankenstein'

¿Se enfrenta hoy España al final de su democracia, ecosistema que fuera restaurado menos de medio siglo atrás?


Y no sólo son los extranjeros quienes se formulan con frecuencia esta pregunta. Los propios españoles han comenzado a preguntarse lo mismo, hacia el final del 2023. La preocupación proviene de las elecciones llevadas a cabo este año, y frente al gobierno que las mismas produjeron. La coalición gubernamental, 'al estilo Frankenstein' -tal su calificación- ofrece una pista sobre por qué las preocupaciones ganan espacio.

En noviembre, Pedro Sánchez juró nuevamente como primer ministro -o 'presidente del gobierno', como se denomina a la posición en España. Su partido, de orden socialista -el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)- no salió victorioso en los comicios, pero el espacio que obtuvo la mayor cifra de votos, el Partido Popular, no pudo constituír una mayoría parlamentaria. Y el PSOE sí pudo hacerlo.

Ese no fue el problema, sin embargo. El inconveniente reside en el tipo de coalición confeccionado por Sánchez.

Existen tres objeciones primarias frente al gobierno de Sánchez. En primer lugar, hemos de lidiar con las críticas a sus socios en el seno de la coalición.

Sánchez cruzó toda frontera posible para llevar a su conglomerado a partidos que abiertamente arengaron a la eliminación de la España constitucional. A contramano de lo que sucede en otras naciones europeas -por ejemplo, Alemania, Italia, Francia o Portugal-, España permite la configuración de alianzas políticas que defiendan la pulverización de la Constitución.

Y esto nunca había sucedido en tiempos pretéritos.

Sánchez es el primer líder político de España que, desde el deceso del dictador Francisco Franco en 1975 y tras la adopación de la Constitución en 1978, construye una alianza con un partido que se confiesa abolicionista de la carta magna.

Este fue el detalle que encendió las alarmas.

En rigor, cuando Sánchez dio a luz a la idea en 2016, los líderes tradicionales del PSOE lo removieron del liderazgo. Fueron ellos quienes, antes que nadie más, calificaron el proyecto como una 'alianza al estilo Frankenstein'.

No obstante, Sánchez retornó y se hizo del liderazgo tras llevarse a cabo comicios en el PSOE; en junio de 2018, se las arregló para confeccionar una mayoría parlamentaria obteniendo el respaldo de partidos que se oponían a la Constitución y, por sobre todo, al consenso que la democracia española había consolidado tras el régimen de Franco.

Esa coalición incluyó a Podemos (similar a la proposición 'Yes, We Can' de Barack Obama, ex presidente estadounidense que copió el 'Sí, Se Puede!' pergeñado por César Chávez y los Trabajadores Granjeros Unidos). Podemos fue fundado en 2014, por consejeros políticos pasados de Hugo Chávez, el difunto dictador marxista venezolano.

La coalición de 2018 organizada por Sánchez también incluyó al ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), núcleo secesionista oriundo de la región oriental de Catalonia, cuyo líder fue enviado a prisión por el intento de secesionar Catalonia en 2017.

Pero el desarrollo que más perturbó a la sociedad española fue el pacto con Bildu, organización que tomó las riendas de lo actuado en el pasado por el grupo terrorista vasco ETA. Para los ciudadanos estadounidenses familiarizados con el escenario irlandés, Bildu es el equivalente español del Sinn Fein (otrora brazo político del IRA, Ejército Republicano Irlandés).

Ambos partidos no se situaban dentro del gobierno -carecían de ministerios-; simplemente respaldaban al gobierno de Sánchez.

Aquella coalición gobernante de 2018 hubiese sido insuficiente como para consolidar una mayoría parlamentaria en la actualidad. De tal suerte que, a los efectos de mantener el poder que tanto codicia, Sánchez incorporó este año a un nuevo socio: Junts Per Catalunya (Junts), o Juntos por Catalonia.

En la práctica, se trata de otro partido político secesionista, cuyo líder es un fugitivo de la justicia española y que por estas horas reside en Bélgica -y cuyo respaldo favorable a Sánchez se basa en una condición crítica: el desmantelamiento del Estado de derecho en suelo español. 

Las concesiones hechas por Sánchez condujo sin escalas al segundo compendio de objeciones.

Aún previo a contar con este nuevo socio, Sánchez había pagado ya un alto precio para garantizarse el apoyo de otros. Podemos se unió a la gestión, ocupando su líder el rol de primer ministro designado. Esto convirtió a España en la única democracia con componentes comunistas en su gobierno.

ERC, mientras tanto, progresó con sus planes de prohibir el idioma español en las aulas de Catalonia. Y Bildu se apuntó beneficios para terroristas de ETA que se hallaban en prisión, a cambio de su respaldo a los presupuestos gubernamentales.

Sin embargo, hoy las concesiones exigidas por Junts han ido mucho más allá. A cambio de sus siete votos en el parlamento -sin los que Sánchez no hubiese regresado a la posición de presidente del gobierno-, el núcleo político le hizo prometer la celebración de una amnistía para el liderato de Junts que se oculta en el extranjero, factor que viola abiertamente la Constitución.

En otra perturbadora concesión, Sánchez acordó dar inicio a un procedimiento con miras a perseguir judicialmente a magistrados que se opusieran a los cambios, porque los jueces los interpretan como contrarios a la letra constitucional.

Porque, desde ahora, a criterio de garantizarle a sus socios todo lo que pidan, Sánchez primero deberá desmantelar el Estado de derecho. Y esto nos lleva a la más preocupante de las objeciones respecto de la deriva de Sánchez.

No mucho tiempo atrás, en Venezuela, las voces que advirtieron sobre el deterioro de las instituciones del país bajo Chávez fueron silenciadas. 'Venezuela no es Cuba', dijeron. Y España tampoco es Venezuela pero, aún cuando se proceda a demoler un edificio ladrillo por ladrillo o haciéndolo estallar, el resultado siempre será el mismo.

A lo largo de los últimos cinco años, Pedro Sánchez se ha dedicado a colonizar las instituciones constitucionales de España, cediendo a organismos e instituciones otrora independientes a sus colaboradores, y alentando la implementación de un 'Estado de derecho alternativo', para hacer de cuenta que la Constitución diga lo que no dice.

Y, sin leyes, no existe la democracia.

Artículo original, en inglés
 

El autor, Matías Jove, es consultor político. Se desempeñó como jefe de personal del vocero del partido político Vox en España.