Ecuador, ¿a las puertas del Estado fallido?

La nación andina atraviesa una de las crisis más grandes de su historia. La corrupción estatal, la inestabilidad institucional, los paupérrimos índices económicos, la disparada de la criminalidad, hacen creer que Ecuador se encuentra en las vísperas de transformarse en un Estado fallido.


La definición de Estado fallido se corresponde con la concepción de un aparato institucional y burocrático que exhibe una incapacidad fáctica para resolver los problemas básicos de la sociedad, escasa e inexistente capacidad de respuesta para contrarrestar y atender amenazas locales, nacionales y transnacionales -en tanto se caracteriza también por una confesa ineficiencia de sus políticas públicas.

Una pertinente definición, que aplica a la crisis ecuatoriana, es el planteo de Jean Marie Grose, el cual formula cinco descripciones para Estados fallidos: '1. Estados anárquicos, allí donde no se conoce poder político centralizado; Estados 'fantasma', en donde se registra solo una autoridad estatal limitada; 3. Estados anémicos, esto es, ecosistemas estatales que, en tanto evidencian una carencia de recursos, mantienen un status bélico contra grupos secesionistas; Estados capturados, tutelados por núcleos u organizaciones étnicas; Estados 'abortados', en donde no se conoce la vigencia de un único poder que controle el monopolio de la fuerza'.

Al aplicarse la tipologización de Grose en el caso de referencia, podremos concluír (para cada categoría), lo siguiente:

1. Ecuador se define como un estado democrático basado sobre el principio de una República unitaria, central e independiente; lo cual contrasta con los eventos registrados en los últimos meses, quedando tal premisa en entredicho. Una clara crisis institucional y una red de corrupción estatal consolidada en todos sus niveles suprime la idea de avizoramiento de liderazgos políticos centralizados. BBC News presentó recientemente un análisis pormenorizado sobre un operativo denominado: 'Metástasis', llevado a cabo en diciembre del 2023 y ordenado por el actual presidente Daniel Noboa. El operativo reveló una red de corrupción de inabarcable dimensión; tras la verificación de los hallazgos, la fiscal general Diana Salazar Méndez se refirió a un 'éxito', aunque se reveló la existencia de un 'narcoestado'.

2. Sólo existe una autoridad limitada de Estado: para esta condición, Ecuador exhibe altas tasas de inseguridad, fragilidad institucional, y nula capacidad de respuesta para salvaguardar su propia soberanía; en tanto tampoco confiesa competencia a la hora de hacerse del control efectivo de sus penales -desde los cuales operan las principales empresas criminales que tutelan el control de terminales portuarias, de las fronteras con Colombia y Perú, y de las rutas domésticas del contrabando de estupefacientes. La autoridad real del Estado es limitada en todos sus andariveles.

3. La dolarización de la economía ecuatoriana permitió, en su momento, un avance estable con respecto a su política fiscal y pública. Sin embargo, hoy el dólar se convirtió en la moneda oficial para mafias colombianas y mexicanas dedicadas al narcotráfico. Lavar dinero, obtener el control portuario (salida al mar) y tener acceso de entrada y salida a dos países productores de coca como Perú y Colombia, llamaron la atención de estos cárteles. A tal efecto, patrocinaron en suelo ecuatoriano una encarnizada lucha entre bandas delictivas, las cuales buscan afianzar sus vínculos y compromisos con reconocidas organizaciones (Clan del Golfo, disidencias FARC -Choneros y Lobos se alinearon con estas estructuras.

4. Estados tutelados por grupos étnicos. En razón de los elevados índices de desempleo y de una economía golpeada por la creciente inflación, comunidades indígenas variopintas impulsaron la crisis ecuatoriana durante 2022. Las manifestaciones perpetradas por estos colectivos en diferentes puntos estratégicos de Ecuador pusieron en jaque al país mediando la interrupción o bloqueo de carreteras, y patrocinando foquismo -con saldos de heridos y muertos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAINE) paralizó al país, argumentando sus procedimientos violentos con reclamos pretendidamente 'sociales', como ser reducción de los precios del combustible, interrupción de procesos privatizadores de empresas públicas, respeto por los derechos laborales de agrupaciones, etcétera. En consecuencia, el entonces jefe de Estado Guillermo Lasso decretó el estado de excepción.

5. No existe un único poder que tutele el monopolio de la fuerza. El monopolio de la misma no es aquí exclusivo del Estado; antes, bien, se evidencia fraccionado entre diversas organizaciones sociales, organizaciones terroristas, pandillas criminales y cárteles de la droga. La consabida ausencia estatal, en particular en distritos situados en la periferia de los cuadrantes fronterizos con Colombia y el Perú -o en zonas portuarias como Guayaquil- asistieron al ascenso de la criminalidad, que ha capturado zonas de influencia adicionales. Se ha producido la ocupación del vacío institucional incurrido por el Estado ecuatoriano.

La declaración del estado de excepción por segunda oportunidad en menos de dos años consigna el punto de no retorno para la nación andina; el colectivo político se ha mostrado incapaz de morigerar el gravoso estado de situación que ganara tracción durante la gestión del ex presidente Rafael Correa. Ecuador es hoy una frágil república a merced de contrabandistas de estupefacientes, terroristas y criminales organizados y comunes. El Estado fallido, a las puertas.