Un 'Tratado contra Pandemias' que no servirá para impedir pandemia alguna

Si un 'tratado contra pandemias' fracas a la hora de rendir cuentas por la lamentable respuesta frente al COVID-19 y no pone el foco en impedir o prevenir futuras pandemias, ¿se trata en realidad de un 'tratado contra pandemias'? Sin embargo, el presente estado del boceto de un 'tratado contra pandemias' es hoy objeto de negociaciones, bajo auspicios de la Organización Mundial de la Salud.


Los fallos del sistema sanitario internacional ante el COVID-19 han sido claramente establecidos. China falló al momento de informar en tiempo prudencial a la comunidad internacional sobre el brote de la nueva enfermedad, conforme lo exigen las Regulaciones sobre Salud Internacional en la Organización Mundial de la Salud -provisión tipificada en razón de la archiconocida censura que Pekín impulsó en 2002 frente al surgimiento del síndrome respiratorio agudo (SARS).

China subestimó al COVID-19, afirmando entonces que no existían evidencias de contagio de persona a persona -letal mentira que la OMS repitió hasta el hartazgo, sin que se toleraran cuestionamientos sobre ello.

Los fracasos no quedaron allí. China no compartió información genómica sobre el nuevo coronavirus, en tanto impidió acceso rápido a equipos internacionales de expertos a los laboratorios de investigación del Instituto de Virología de Wuhan. Asimismo, Pekín clausuró los traslados en el concierto doméstico, mientras permitía que sus ciudadanos volaran hacia distintas geografías del planeta -lo cual facilitó que el brote se transformara en pandemia.

Al día de la fecha, el gobierno chino se ha rehusado a habilitar una investigación internacional independiente en torno a los orígenes del COVID-19, conforme lo exigiera incluso Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Una investigación científica de carácter abarcativo resulta fundamental, a efectos de prepararse para -o impedir- la ocurrencia de una próxima pandemia. Sin este mínimo nivel de cooperación y de información, insistir con esta fachada del Potemkin es una actitud que remata en una farsa.

Todo lo aquí mencionado derivó en millones de muertes y en un perjuicio económico global medido en billones de dólares, daños que pudieron haberse evitado si China hubiese actuado responsablemente.

Como mínimo, uno esperaría que un novedoso tratado contra pandemias incorporara un tratamiento de los fallos de Pekín en la época del COVID-19, con el objeto de prevenir una repetición de lo actuado en el futuro. No obstante, el boceto desarrollado por la Organización Mundial de la Salud hace nada de eso.

El proyecto de convenio falla, al no exigir acceso oportuno para equipos de expertos que, eventualmente, puedan especificar obligaciones que los gobiernos habrán de contemplar, para que se proporcione información genómica completa. Como tampoco el proyecto clarifica sobre otras medidas, como ser restricciones sobre traslados y sobre el comercio, que cada gobierno decidirá tomar razonablemente como réplica a un evento sanitario.

De tal suerte que, ¿qué logrará este nuevo tratado?

Pues, bien; su letra consigna: 'La igualdad está en el centro de la prevención contra pandemias, en la réplica y el nivel de preparación, ambas en el andarivel nacional dentro de los estados y en el plano internacional, entre Estados'. Esto significa que los redactores del texto priorizan la redistribución y preferencias -específicamente, 'acceso irrestricto, justo y oportuno a productos y servicios seguros, efectivos y de calidad contra pandemias'.

Si Usted no se encuentra en la categoría de personas a las que la noción de 'igualdad' afirma protegerá, pues Usted podrá no tener suerte en oportunidad de una futura pandemia.

De igual modo, el tratado establecería una novedosa burocracia internacional que supervise el convenio porque, naturalmente, si Usted se propone resolver un problema de orden global, necesitará de centenares de burócratas internacionales trabajando en ello. El convenio de referencia imagina un encuentro anual de todos los miembros del tratado -esto es, una 'conferencia de las partes', tal como hoy se prefigura en la convención de Naciones Unidas para el cambio climático.

A su vez, esta conferencia entre partes podría crear 'órganos subsidiarios' y 'grupos de consejeros y expertos' que ejecuten las funciones del tratado, incluyendo un 'Comité de Implementación y Cumplimiento'. De manera tal que los protagonistas estarán bastante ocupados.

No queda claro quién pagará por esta colección de llamados a convenir e implementar, pero puede Usted estar seguro de que los Estados Unidos aportarán más de lo que es justo, si es que la Administración Biden insiste en firmar (como seguramente lo hará). Las responsabilidades financieras creadas por el boceto del proyecto son vagas e incompletas; dejarían las puertas abiertas a un nivel de discrecionalidad para favorecer a lo que sea que esa burocracia internacional se proponga crear, determinando el caudal de respaldo financiero de parte de las naciones que ratificarán el convenio.

El dotar de poder a una burocracia internacional con el fin de que supervise la distribución equitativa de productos y servicios relativos a una pandemia es lo suficientemente orwelliano, pero se pone aún peor. Acto seguido, el boceto exige que los países combatan la 'desinformación' relativa a pandemias. En lo específico, los firmantes deberán 'combatir la información falsa, engañosa o la desinformación, contemplándose una colaboración internacional efectiva'.

Presumiblemente, los gobiernos y la OMS decidirán cuál es la información engañosa. Pero, por cierto, fue la OMS y fueron los gobiernos de forma individual -y, muy notoriamente, China- los más perniciosos promotores de desinformación en torno al COVID-19.

Será lícito recordar que la OMS comunicó información falsa con origen en Pekín, al respecto de que 'investigaciones preliminares llevadas a cabo por las autoridades chinas no hallaron evidencias claras de transmisión de persona a persona' del COVID-19. Algunos gobiernos, aún el de los Estados Unidos, diseminaron desinformación o información errónea en torno a la eficacia de las mascarillas o barbijos de cara a la prevención de la enfermedad, sobre los orígenes del virus, y sobre los costos económicos, sociales y educativos derivados de las clausuras.

Puesto en limpio, la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos se equivocaron -y fueron abiertamente deshonestos- con demasiada frecuencia, como para otorgarles cuotas de autoridad para que ejerciten un monitoreo policial sobre lo que sería desinformación o información errónea -particularmente cuando esta provisión violenta el derecho a la libre expresión, reconocido y aceptado en el concierto internacional.

Amén de todo ello, el tratado bajo redacción forzaría a los Estados-miembro a 'alentar' a las firmas farmacéuticas que caigan bajo su autoridad a compartir tecnología propietaria con 'naciones en desarrollo' -como lo sería China- y renunciar a esos derechos de propiedad intelectual. Semejantes requisitos le provocarían un daño irreparable a los derechos de propiedad tutelados por firmas de los EE.UU., al tiempo que eliminaría los incentivos para investigación y desarrollo de vacunas y otras innovaciones del rubro médico que pudieran, a futuro, devenir en críticas para lidiar con una pandemia.

Todo esto es vergonzoso. La prevención de pandemias futuras debería ser un tema que galvanice al planeta. La OMS y los países que hoy negocian el tratado, incluyendo a la Administración Biden (que participó de la redacción del proyecto) tienen hoy una oportunidad para desarrollar un convenio alejado de los sinsentidos, enfocado en los acuerdos, que vaya al corazón de los errores acopiados durante la respuesta global al COVID-19.

El boceto actual, sin embargo, se aleja notoriamente de esas propuestas. Ignora los fracasos del presente sistema sanitario internacional que revelara la crisis del COVID-19: en razón de que se ha trabajado a puertas cerradas, se han debilitado los derechos de propiedad intelectural, y se han alentado acciones tendientes a combatir la 'desinformación' -invectiva que, con toda certeza, será empleada para suprimir la libertad de expresión.

La Administración Biden deberá abstenerse de firmar este proyecto, mientras que el Senado de los Estados Unidos deberá evitar ratificar este fatalmente fallido esfuerzo.

Artículo original, en inglés


Desarrollado con la colaboración de Steven Groves, fellow en el Centro Margaret Thatcher, en el think tank estadounidense The Heritage Foundation -Washington, D.C.