Cuando la impunidad internacional se propone obsequiar lecciones sobre legalidad

La ruptura de relaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Ecuador invitan a una objetiva reflexión en torno de la importancia que hace al respeto de los acuerdos internacionales, evitando poner el foco en la posición de un actor ideológico en un conflicto que tiene su inicio mucho tiempo atrás. 
 

A nadie le resulta extraño que, entre los diferentes socios del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla (diseñado en México, y con base en ese país), se pretende imponer en América Latina una doctrina gravemente alejada de las libertades y derechos de la sociedad en la región. La protección que buscan estos funcionarios lleva inmerso un acuerdo de impunidad, en el cual cualquier mandatario referido en la extrema izquierda deberá extender su protección, sin importarle que sea un delincuente, en razón de que -en apariencia- la ideología de izquierda se sitúa por encima del derecho y de cualquier convenio internacional.

México, un país hermano, ofendió en reiteradas oportunidades al pueblo ecuatoriano, otorgando garantías, protección e inmunidad -además de analizar el otorgamiento de asilo político- a reconocidos delincuentes quienes, en virtud de registrarse acciones legales en su contra, buscaron amparo en el país del América del Norte con el objeto de salvaguardar sus fechorías; con ello, los personajes lograron burlar el accionar judicial, incluso exhibiéndose ante la comunidad internacional como adalides de los derechos humanos. Con su intervención, la administración mexicana ha declarado ante el mundo -mediando el asilo político para siete fugitivos afines al correísmo- que las resoluciones jurídicas de Ecuador carecen de importancia y que no deben respetarse. El motivo: la fraternidad impune de la extrema izquierda se sitúa por encima de las decisiones judiciales soberanas.

Así, pues, la terminología 'asilo político' se corresponde con una figura del derecho internacional que adoptan los diferentes Estados 'para proteger a aquellas personas que en su país de origen sufren algún tipo de persecución por motivos políticos, étnicos o religiosos'. De igual forma, la mencionada figura determina que el derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial conducida en razón de la comisión de delitos comunes. En concreto, la Convención sobre Asilo Diplomático, firmado en Caracas en 1954, y ratificada por los Estados firmantes, tipifica:

Artículo 3 “[…] No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas...”

La Convención sobre Asilo, ratificada en La Habana en 1928, consigna:

Artículo 1 “[...] Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que se refugiaren en alguno de los lugares señalados en el párrafo precedente deberán ser entregadas tan pronto como lo requiera el gobierno local…”

En tal sentido, el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, en cuya humanidad giran las circunstancias del presente impasse diplomático, fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita por el caso Odebrecht, y a ocho años por cohecho en el caso Sobornos.

Adicionalmente, el ex funcionario fue imputado y luego procesado por el delito de peculado, dentro del caso Reconstrucción de Manabí (enero de 2024), luego de lo cual un magistrado resolvió le fuera aplicada la prisión preventiva. A modo de remate para la historia, será lícito recordar que Glas cuenta con un caso abierto por acoso sexual, interpuesto por su asistente, y otro por la detección de serias irregularidades en la adjudicación de un contrato para la extracción petrolera en el campo Singue. Pese a la gravedad de su prontuario, el sindicado buscó la protección del presidente mexicano en su embajada.

Durante el proceso de solicitud de asilo, el Gobierno de Ecuador informó al de México de este historial; el material fue rápidamente descartado por las autoridades políticas del norte: a continuación, la administración mexicana determinó que Glas fuese albergado en la sede diplomática, para evitar su arresto.

A esta copiosa información debe agregarse un detalle no menor: el incidente dio inicio cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, echando mano de un discurso respaldado en la más extrema improvisación, incurrió en una burda intromisión de los asuntos domésticos ecuatorianos. Esto llevó a la administración en Quito a definir la eyección de la embajadora mexicana, quien fue calificada como persona non grata. Las autoridades del país del norte, luego de ello -e inclinándose por escalar el interdicto- definieron entonces beneficiar con la condición de asilado al malhechor atrincherado en su sede, con el fin de concretar su salida de territorio soberano de Ecuador y, así, evadir la acción de la justicia. Con la sana intención de hacer respetar la dignidad del pueblo ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa sancionó la incursión en la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, para proceder a la captura del sentenciado y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. De otro modo, Glas hubiese fugado del país y eludido el mandato judicial.

Aún cuando parezca obvio, es preciso subrayarlo: la impunidad no puede enmascararse, ocultarse ni ampararse en la letra de acuerdos internacionales firmados entre Estados nacionales. No hace al objeto ni a la finalidad de su suscripción.