En Hong Kong, China continúa atentando contra sus propios intereses

La supresión de las libertades civiles que el gobierno chino sigue perpetrando en Hong Kong alcanza hoy nuevos bríos, a partir de la aprobación unánime de una ley de seguridad nacional -por parte de la legislatura local, bajo control total de Pekín.


La maniobra representa la prueba más reciente de cómo China pone en jaque sus propios intereses económicos, con la meta de reprimir cualquier atisbo de disenso en Hong Kong.

La comentada Ordenanza para Salvaguardar la Seguridad Nacional es la última de una serie de acciones elaboradas en conjunto por Pekín y por las autoridades hongkonesas con el objeto de suprimir el disenso en la ciudad, luego de las masivas protestas ciudadanas de 2019. La nueva legislación se basa en la Ley de Seguridad Nacional, cuya aprobación Pekín forzó en 2020, y que incrementó las penas por supuestos delitos contra el Estado; a su vez, la ley creó novedosas categorías de ofensas punibles, incluyendo penas de hasta diez años de prisión solamente por criticar al gobierno chino.

La legislación no es otra cosa que una burla al Estado de derecho y al debido proceso en Hong Kong -geografía otrora económicamente vibrante, que se ganó esa sana reputación gracias a la libertad de movimiento y asociación.

Lo que más sorprende de esta ley, junto con otras medidas decididas por Pekín para poner de rodillas a Hong Kong, no es que haya privado de sus derechos a los residentes de la ciudad, ni que haya fracasado a la hora de cumplir con la Declaración Conjunta Sino-británica, en la que China se comprometió a mantener el status de Hong Kong hasta 2047.

Antes, bien; las acciones de referencia comprometen seriamente los intereses económicos y financieros más importantes de China. Lo que es más notorio, China insiste en doblar la apuesta con esta clase de comportamientos, mientras sus graves desafíos y problemas económicos potencian la centralidad de Hong Kong como hub para los grandes negocios -y, por ende, volviendo a esta ciudad más relevante para Pekín.

Durante mucho tiempo, China se respaldó en Hong Kong como puerta de acceso al mundo. Los severos controles de capitales vigentes en Pekín volvieron imposibles muchas inversiones y, sin escapatoria para las mismas, las restricciones terminaron obstaculizando las ambiciones diplomáticas y domésticas de la República Popular.

Hong Kong, que tiene un pie en China y otro en el sistema financiero global, ha servido como válvula de escape para la inversión extranjera que se dirigía a China, y también de salida para inversiones de la nación asiática que tenían por destino al extranjero. Esto facilitó los esfuerzos chinos en pos de disfrutar de los beneficios del concierto financiero internacional, mientras mantenía los férreos controles sobre la economía local.

En 2018, un año antes de las manifestaciones ciudadanas, Hong Kong concentraba el 55% de la inversión extranjera directa en China -incluyendo esta cifra a las inversiones trianguladas a través de la ciudad, para la Iniciativa Ruta de la Seda (tan promocionada por el premier Xi Jinping).

Hong Kong es tan importante para el sistema financiero chino y para sus ambiciones globales que el grueso de la comunidad internacional jamás creyó que Pekín arriesgaría a comprometer ese relevante rol. Muchos incluso pensaron que las autoridades centrales permitirían a Hong Kong operar bajo su sistema separado hasta mucho después del año 2047.

Aún cuando Pekín logró imponer su Ley de Seguridad Nacional a Hong Kong, gran parte de la comunidad de negocios hacía caso omiso de las advertencias -insistiendo en que la legislación era, a lo mucho, un instrumento para disuadir ante futuras turbulencias sociales. Pero se equivocaron.

La ley provocó una fractura en el afamado Estado de derecho vigente en la ex colonia británica. Las autoridades de la seguridad nacional interpretaron demasiado libremente las cláusulas de la letra de la ley, utilizándola para reprimir al extremo cualquier ensayo de disenso en el concierto local, y aún para perseguir a disidentes en territorio extranjero. En 2021, Pekín impuso sus 'reformas electorales', que removieron de la legislatura de Hong Kong a cualquier funcionario considerado por la República Popular China como alejado del más elemental principio de lealtad.

Estas acciones terminaron por erosionar la confianza de la comunidad de los negocios; derivó en un éxodo de muchos de los trabajadores más capacitados de la urbe; y puso fin a cualquier chance de que los ciudadanos de Taiwan pudieran albergar la idea eventual del eslogan 'Un país, dos sistemas' -del que supo disfrutar Hong Kong. Las iniciativas de orden punitivo asustaron a la comunidad internacional de hombres de negocios, lo que resultó en la fuga de inversiones y emprendimientos existentes, y en la parálisis de proyectos nuevos.

En efecto, al destruir las libertades políticas y el Estado de derecho en Hong Kong, Pekín mató a la proverbial gallina de los huevos de oro -que era en gran parte responsable del desarrollo económico y del crecimiento de China, así como también en la proyección de sus ambiciones. Sin embargo, antes que reconoceer el error e intentar revivir a la gallina, Pekín insistió en apuñalar al cadáver para asegurarse de su deceso -en el ínterin, sacrificando sus propios intereses nacionales en el altar del control político perpetuo.

El aspecto que incrementa la ausencia de sentido en estos procedimientos es que las manifestaciones ya habían cesado, previo a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en 2020. El inicio de la pandemia de COVID-19, seguido ello de una extensa colección de medidas punitivas perpetradas por las fuerzas de policía, aniquiló cualquier chance de que la turbulencia social recuperase su momentum.

Pekín perfectamente pudo haber declarado la victoria y dejado a la ciudad -junto con el sistema del que muchos de sus intereses dependen- intacta. Al momento de diseñar la legislación que aquí nos ocupa, no se registraban amenazas creíbles en perjuicio del control chino sobre Hong Kong.

Si la Ley de Seguridad Nacional era innecesaria e irracional, las acciones tomadas por Pekín y por la legislatura de Hong Kong luego de su aprobación fueron abiertamente superfluas. Muy pocos procesos judiciales motorizados por la letra de la ley hubiesen tenido rápidamente el efecto buscado por el poder político chino.

El modelo represivo amplificado que hoy día mantiene vigencia en el territorio sólo contribuye a consolidar la imagen negativa de Hong Kong. Las 'reformas electorales' que dieron lugar a una legislatura dependiente de China eran, sencillamente, innecesarias, dado el hecho de que el gobierno ya contaba con todas las herramientas que precisaba para descalificar a los políticos de oposición bajo cargos apócrifos.

El más reciente capítulo de la ley sobre seguridad nacional es otro perjuicio que la ciudad se ha autoinflingido, perjudicando su viabilidad como hub para el desarrollo económico chino y para sus ambiciones de proyección global.

El contenido de índole draconiana que da forma al Artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong -y su veloz aprobación en el Consejo Legislativo- exponen el grado de paranoia de Pekín y de sus socios en el cuerpo legislativo local, ante cualquier mínima percepción de oposición.

Artículo original, en inglés


- El autor, Mike Cunningham, es fellow de investigaciones en el Asian Studies Center, dependiente del think tank estadounidense The Heritage Foundation, en Washington, D.C. El presente trabajo fue desarrollado con la colaboración de Colin Sum, también del citado instituto.