Los Estados Unidos deben oponerse al pedido de la Corte Penal Internacional en pos de imputar a Benjamin Netanyahu

Durante más de dos décadas, los simpatizantes de la Corte Penal Internacional han urgido a los Estados Unidos a ratificar el Estatuto de Roma, para adherir a ese órgano. Sin embargo, numerosas Administraciones estadounidenses -de los dos principales partidos- se opusieron a ello, denunciando que la CPI carece de salvaguardas contra la manipulación política, además de que viola las soberanías nacionales -reclamando tener jurisdicción sobre personal militar y ciudadanos de Estados no firmantes.

La CPI ha terminado por convalidar esas preocupaciones, tras su decisión de emitir órdenes de captura contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contra el ministro de defensa de ese país, Yoav Gallant.

La politización de la CPI y de otras organizaciones internacionales frente al interdicto palestino-israelí nada tiene de novedosa. Es parte de un esfuerzo más amplio de parte de la Autoridad Palestina, cuyo fin es convertir en armas a organizaciones del concierto internacional, en su disputa con el Estado hebreo -y con el objeto de obtener reconocimiento sin mediar un acuerdo de paz.

En el caso particular de la CPI, los palestinos emitieron una declaración sobre el cuerpo en 2009, aceptando la jurisdicción de la corte en su 'territorio'. La CPI rechazó entonces la declaración, porque no se trataba de un Estado reconocido por Naciones Unidas.

Antes que negociar con Israel y acercarse a su meta de convertirse en Estado por vía de un proceso negociado, los palestinos prefirieron buscar reconocimiento en Naciones Unidas.

Luego de que el Consejo de Seguridad Nacional rechazar el pedido palestino por convertirse en signatarios de ONU en 2011, la Asamblea General otorgó el status de observador y no-miembro al 'Estado de Palestina' -ello sucedió en 2021, tras conocerse después la oposición de Washington.

Los EE.UU. se han opuesto al esfuerzo palestino de alcanzar el status de miembro pleno de Naciones Unidas porque, tal como se reiteró durante el mes en curso, 'También tenemos claro, y así ha sido durante largo tiempo, que las acciones prematuras en Nueva York, aún mediando la mejor de las intenciones, no consolidarán el status de Estado para el pueblo palestino'.

No obstante, y tras obtener una ampliación de su status en la Asamblea General ONU, la CPI reconoció a Palestina como Estado y aceptó su ingreso al Estatuto de Roma, en 2015.

Ello allanó el camino para una investigación de la CPI, al respecto de 'delitos pasados, presentes y futuros dentro de la jurisdicción de la corte', en el seno del territorio del 'Estado de Palestina', el cual la corte buscó definir como 'el territorio palestino ocupado en 1967 por Israel, conforme lo definido en la Línea de Armisticio de 1949, que incluye a Cisjordania, la Franja de Gaza y al este de Jerusalén'.

La CPI abrió una investigación sobre los desarrollos en Palestina, en 2021.

El fiscal de la CPI confirmó que la resolución abarcaría 'los delitos cometidos desde el 13 de junio de 2014 en Gaza y en Cisjordania, incluyendo al este de Jerusalén. Se encuentra en curso y se extiende a la escalada de las hostilidades y la violencia desde que se registraron los ataques el 7 de octubre de 2023', agregando:

En concordancia con el Estatuto de Roma, mi Despacho tiene jurisdicción sobre delitos cometidos en el territorio de un Estado, y con respecto a los ciudadanos de otros Estados.

Los Estados Unidos de América se opusieron a la investigación, argumentando que la CPI carece de jurisdicción porque Israel no es signatario del Estatuto de Roma, y porque los palestinos 'no califican como Estado soberano y, por lo tanto, no califican para la obtención de membresía como Estado, ni para delegar jurisdicción a la CPI'.

Adicionalmente, la declaratoria del fiscal es objetable, en razón de que, implícitamente, respalda los reclamos territoriales palestinos por fuera de un acuerdo negociado con Israel.

También está el principio de complementariedad, bajo el cual se supone investigue solamente si, primeramente, las autoridades nacionales muestran predisposición para imputar judicialmente, Israel ha probado de forma reiterada, aún durante el conflicto en progreso en Gaza, que investigará y reprenderá a sus soldados por incurrir en delitos o actos negligentes.

Al desafiar a la evidente predisposición israelí a tomar a sus soldados por responsables, la CPI cedió a la presión de los palestinos, de organizaciones no-gubernamentales, y de otros pocos gobiernos, para emitir órdenes de arresto contra funcionarios de Israel.

Este es el más reciente capítulo en una estratagema polifacética —multilateral, bilateral, retórica, militar, económica, y legal— un esfuerzo que persiegue presionar a Israel para que ponga fin al actual conflicto y realice concesiones a los palestinos.

De igual modo, la CPI emitió órdenes de arresto contra el liderato de Hamás en razón del homicidio, las violaciones y el secuestro de centenares de civiles israelíes el 7 de octubre. Pero la CPI gnora la responsabilidad de Hamás por gran parte de los padecimientos de civiles palestinos a partir del robo de asistencia humanitaria, el empleo de civiles como escudos humanos, y por el mal empleo de instalaciones civiles y de Naciones Unidas, incluyendo hospitales y escuelas.

En lugar de ello, la corte acusa a Israel de provocar sufrimiento y hambruna, aún cuando Israel se ha esmerado para evacuar a los palestinos de los perjuicios de la guerra y por facilitar asistencia humanitaria, incluyendo más de quinientas mil toneladas de alimentos, agua, suministros médicos, y refugios.

En definitiva, la CPI ha facilitado los esfuerzos legales palestinos contra Israel, dañando los prospectos de paz, al reconocer como Estado a Palestina -e, implícitamente, sus pretensiones territoriales-, y afirma tener jurisdicción sobre ciudadanos israelíes aún cuando Israel ha rechazado la misma. La CPI ha ignorado la predisposición israelí y su predisposición a investigar delitos.

Naturalmente que la CPI no solo ha puesto la mira en Israel. El órgano ha lanzado una investigación sobre las acciones estadounidenses en Afganistán. Tal como sucede con la investigación contra israelíes, la corte procedió aún cuando los Estados Unidos no son signatarios del Estatuto de Roma, habiendo rechazado Washington cualquier intentona jurisdiccional.

En respuesta, los Estados Unidos sancionaron a funcionarios de la CPI y aplicaron presión política que contribuyó a que la CPI quitara de sus prioridades su investigación sobre supuestos delitos incurridos por estadounidenses. Lejos de ello, el cuerpo decidió enfocarse en delitos cometidos por el Talibán y por el núcleo Estado Islámico-Korasán.

En tal sentido, Washington debería proceder protegiendo a su aliado, Israel. Una condena de parte del presidente Joe Biden sería escasa. Una legislación introducida en el Congreso de los Estados Unidos aplicaría sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional si este órgano condujera un examen preliminar o investigación contra los Estados Unidos o contra sus aliados que no hayan consentido ante la jurisdicción de la CPI, o si la corte insistiera en imputar cargos a personas de los EE.UU. -o de sus aliados- que no reconozcan jurisdicción al tribunal.

Como mínimo, los Estados Unidos cesarían toda cooperación y apoyo ante las investigaciones de la CPI.

Adicionalmente, y sin embargo, los EE.UU. no deberían descuidar su atención sobre el principal instigador: los palestinos El destino anual de partidas incluye, en la legislación, provisiones para suspender el Fondo de Apoyo financiero a los palestinos, si es que ellos 'inician una investigación patrocinada por la CPI, o si activamente respaldasen esa pesquisa, que termine sometiendo a ciudadanos israelíes a una investigación por supuestos delitos cometidos contra palestinos'.

Aún cuando cierto lenguaje impreciso habilitó a Administraciones anteriores a que eludan este requisito, ya es hora de poner en práctica esta prohibición.

La recompensa de comportamientos negativos solo contribuye a reforzarlos. A efectos de resguardar la soberanía y de preservar los incentivos en pos de negociaciones futuras, los Estados Unidos habrán de subrayar su sólida objeción a este intento ilícito de la CPI y de los palestinos, que busca impedir que Israel proceda con su legítima defensa de sus intereses.

Artículo original, en inglés