Avogadro: Sinvergüenzas

Todo tiene el color del cristal con que se mira, y esa regla puede ser aplicada a lo que pasó en el H° Aguantadero esta semana. La prostibularia novela turca que surgió de los teléfonos celulares de sus protagonistas implica para el kirchnerismo un golpe demoledor y, para el Presidente, un beneficio que aparta la atención social de las dificultades de la gestión parlamentaria. Ni siquiera las múltiples revelaciones sobre centenares de hechos de corrupción, antiguos y recientes, tuvieron tanto efecto negativo sobre el apoyo popular a esa última franquicia del mutante peronismo.


Comencemos con el auto-incremento de salarios de los senadores que, ante la gigantesca repulsa de la sociedad, se vieron obligados a retroceder en chancletas, no sin dejar en el camino nuevos jirones de su paupérrimo prestigio. La “casta” reaccionó rechazando en Diputados el decreto que destina AR$ 100 mil millones a la renacida SIDE; si ese revés se repitiera en el Senado, convertiría a este DNU en el único en haber sido derogado desde la modificación de la Constitución, en 1994. Se trató, claramente, de una torpeza del Gobierno, que antes no supo, o no quiso, explicar a la ciudadanía la necesidad de esos fondos para reconstruir todo el sistema nacional de inteligencia y adoptarlo a los nuevos desafíos provenientes de los delitos cibernéticos, del narcotráfico y hasta del terrorismo.

Los bloques parlamentarios de la desacreditada oposición se aliaron contra-natura y lograron que la crucial Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia sea presidida por Martín Lousteau, el tránsfuga ex Ministro de Economía del kirchnerismo que hoy encabeza la UCR, y que sus acompañantes sean los más que impresentables Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli, refulgentes miembros del Instituto Patria.

Peor fue la sanción, con el voto casi unánime de las bancadas de Unión por la Patria, UCR, Peronismo Federal y PRO de la ley que establece una nueva fórmula de ajuste jubilatorio, por supuesto sin decir dónde debería buscar el Gobierno los fondos necesarios para aplicarla. Cuando el H° Aguantadero hizo lo mismo en el pasado, ambos Kirchner lo impidieron con el argumento de que hubiera hecho saltar por el aire el equilibrio fiscal, aumentando la catástrofe derivada de la incorporación al sistema de millones de personas que no habían efectuado los aportes requeridos. De no ser vetada por el Presidente, esta ley convertiría en inútiles los sacrificios hechos durante estos ocho meses para evitar la hiperinflación a la que nos condenaban las apetencias electorales de Sergio Aceitoso Massa, y Argentina volvería al mismo proceso de stop and go de las últimas ocho décadas, pero siempre partiendo de un escalón cada vez más bajo.

En la Comisión de Acuerdos del Senado, el Juez Ariel Lijo demostró, por si hubiera sido necesario, que posee un rostro tan duro como para mentir descaradamente. Lo hizo cuando, preguntado por las múltiples denuncias que ha recibido ante el Consejo de la Magistratura, dijo que todas ellas habían sido desestimadas. Dado que, seguramente, la propuesta llegará al recinto, deberemos mirar con atención qué senadores dirán presente para dar su aprobación a este desastre institucional y cuáles cobardemente se ausentarán para disimular el apoyo que, faltando, le estarán dando maneras.

Esa candidatura sólo puede haber sido instilada por Ricardo Lorenzetti,  el ex Presidente de la Corte Suprema que añora volver a ese cargo, en los oídos de Karina Milei y Santiago Caputo, los otros dos miembros de la mini y acorazada mesa de decisiones políticas. ¿Cuál será el costo que el Presidente pagará por esta candidatura que huele tanto a “casta” e impunidad?: si triunfa, repercutirá muy negativamente sobre la seguridad jurídica que los inversores requieren como condición esencial y, si es derrotada, dará nuevo impulso a quienes buscan su fracaso para conservar, contra viento y marea, esos privilegios que tan caros han resultado, a lo largo de tanto tiempo, para el resto de la población: los gerentes de la pobreza, los eternizados líderes gremiales, los empresarios prebendarios que hoy piden una devaluación porque sólo pueden subsistir cazando en el zoológico o pescando en la bañera y, sobre todo, aquéllos corruptos que han hecho de la política un más que lucrativo medio de vida.