A lo largo de los últimos días, los puertos de la Costa Este de los Estados Unidos de América han sido escenario de una huelga significativa por parte de los trabajadores portuarios. Esta huelga, liderada por la Asociación Internacional de Estibadores (ILA; en inglés, longshoremen), ha paralizado operaciones en varios puertos clave, generando preocupaciones sobre su impacto en la economía y la logística global.
El contrato entre los puertos y aproximadamente 45 mil miembros de la ILA expiró en las últimas horas, lo que llevó a los trabajadores a declararse en huelga. Se trata de la primera acción de este tenor implementado por el sindicato de referencia desde el año 1977; actualmente, afecta a 36 puertos, incluyendo los de Nueva York/Newark, Baltimore, Savannah, Houston, Miami y Nueva Orleans.
Los estibadores exigen hoy un significativo incremento salarial, además de una legislación que ponga por escrito la prohibición taxativa de la automatización de tareas como el manejo de grúas y terminales. Los activos del gremio argumentan que la eventual automatización de sistemas pone en jaque a sus empleos, y que ello afecta negativamente la calidad de vida de sus familias.
Las ramificaciones de la huelga son notables, con numerosos expertos advirtiendo en torno a una severa interrupción de la cadena de valor, lo cual podría afectar la distribución de una amplia gama de productos -desde piezas automotrices y electrónica, hasta alimentos esenciales como frutas, café (y aún la provisión de productos navideños en cercanía de las Holidays, como se llama en los EE.UU. a los feriados de Navidad). Asimismo, no puede descartarse que el desarrollo influya en los resultados de los próximos comicios presidenciales.
Entre las serias consecuencias económicas de la medida, algunas estimaciones han formulado pérdidas probables de hasta US$4.5 mil millones diarios, de prolongarse las medidas de fuerza. El problema central en la exigencia de los trabajadores portuarios es que han planteado la necesidad de un violento aumento salarial del 77%, fraccionado en los próximos seis años-, amén de las ya comentadas restricciones sobre procesos de automatización en las terminales portuarias. Las tecnologías de automatización, como grúas y sistemas de movimiento de contenedores, son centrales en la disputa, ya que los trabajadores temen que una mayor dependencia de tales tecnologías resulte en pérdidas masivas de empleos.
En preparación para la huelga, muchas empresas ya han comenzado a redirigir envíos a puertos de la costa oeste, y han reorganizado sus cronogramas operativos para hacer frente a interrupciones prolongadas en sus cadenas de suministro.
Mientras tanto, la Administración Biden se mantiene al margen del problema, a pesar de contar con el poder político para intervenir. De acuerdo a los términos de la Ley Taft-Hartley, el presidente Joseph Biden podría potencialmente usar poderes de emergencia para ordenar a los trabajadores que regresen a sus trabajos. Hasta ahora, sin embargo, no se ha conocido definición en este sentido, con la opinión pública preguntándose si acaso la Casa Blanca planea involucrarse en el particular.
Mientras tanto, no pocos analistas estadounidenses han prestado atención a la figura del presidente de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA),
Harold J. Daggett -foto-, quien se presentara recientemente ante medios de comunicación para amenazar con paralizar la economía del país, si acaso las demandas del sindicato no eran satisfechas.
En rigor, el gremio ILA, como la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey exhiben un extenso historial de vínculos con el crimen organizado. ILA siempre ha sido relacionada con influencias mafiosas, habiéndose conocido detallados informes en los que se ilustra sobre el férreo control sobre las terminales portuarias de ambas ciudades -lo cual derivó en un concierto de perpetuación de criminalidad y corruptela.
Así, por ejemplo, la
Comisión Waterfront del Puerto de Nueva York, establecida para combatir al crimen organizado local, ha compartido numerosos casos sobre funcionarios de ILA y miembros del gremio involucrados con la
famiglia criminal de los
Genovese. La citada comisión, bajo el liderazgo de
Ronald Goldstock, puso el foco en investigaciones criminales para combatir a la criminalidad organizada -incluso recurriendo a información de inteligencia.
En el año 2013, un ex miembro del sindicato de estibadores fue sentenciado a treinta meses de prisión de cumplimiento efectivo, por exigir pagos en dinero a través de elementos de la familia Genovese.
En 2014, dos ex miembros del gremio reconocieron ser parte de un ecosistema extorsivo que operaba en las terminales portuarias, también asociado a los Genovese.
Albert Cernadas, ex vicepresidente del sindicato ILA, fue sentenciado en virtud de su rol en una conspiración -asociación ilícita- que involucró a miembros del crimen organizado.
Paul Moe, otro miembro de ILA, fue sentenciado a permanecer dos años en prisión, por aceptar un salario fraudulento de US$ 500 mil, para la realización de trabajos mínimos.
El caso de Harold Daggett -actual presidente del sindicato- es más complejo: el mencionado fue acusado por cargos de extorsión en 2004 y por fraude vía cable, gracias al testimonio de un miembro activo de la mafia que testificó que familias mafiosas patrocinaron la designación de Daggett como presidente del gremio. Sin embargo, el imputado fue sobreseído de todos los cargos formulados. En la actualidad, el gremio de estibadores ha llevado a cabo un notorio empeño de lobby para poner fin a las investigaciones de la Comisión Waterfront.
