Ecuador, ¿camino hacia el Estado fallido?

Desde finales del siglo XX, el término 'Estado fallido' ha ganado relevancia para describir a naciones que, aún cuando mantengan la apariencia de soberanía frente a la comunidad internacional, carecen de la capacidad genuina para ejercer control efectivo dentro de sus propias fronteras. A pesar de consignar una definición reciente en el ámbito académico, lo cierto es que el concepto ha estado presente desde la creación del sistema de Estados nacionales luego de la Paz de Westfalia de 1648. 
 

Así las cosas, un 'Estado fallido' no deja de ser un Estado soberano en la teoría. Sin embargo, ha perdido -en la práctica- la capacidad real para ejercer su autoridad. En tales casos, el Estado deja de monopolizar el uso legítimo de la fuerza, mientras que las estructuras que garantizan la seguridad y el bienestar de la sociedad colapsan. Instituciones claves como la Fuerza Pública y el Sistema Judicial blanquean sus carencias operativas o, en el peor de los escenarios, terminan subordinando su accionar ante el crimen organizado.
 

El desmoronamiento del Estado, en este contexto, se manifiesta de dos maneras: en primer término, las instituciones gubernamentales -lejos de cumplir su función de mantener el orden- se desvían hacia actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas, y aún la minería ilegal. La sociedad, en consecuencia, se precipita hacia un formato de anarquía en donde tolera o normaliza la licuación del control estatal. Segundo, la violencia se desborda y adquiere una dinámica constante -extendiéndose cual metástasis que corroe los estamentos estatales.
 

A la sazón, si de lo que se trata es de sintetizar los caracteres fundamentales de un Estado fallido, será lícito apuntar los siguientes:

 

- La franca incapacidad del gobierno a la hora de ejercitar control sobre porciones del territorio nacional, permitiendo que amplias zonas caigan bajo el dominio de actores no estatales, como ser cárteles de la droga, crimen organizado o bandas delictivas con operatividad local.

- El flagrante incumplimiento de las propuestas de campaña y la recurrencia de la ineficiencia estatal al momento de intentar encauzar la crisis de seguridad, factores que propician el incremento del descontento social.

- Aumento considerable y alarmante del accionar de la delincuencia y episodios de violencia, a grosso modo, proscenio motorizado por megabandas en control de zonas urbanas y suburbanas (lo que derivará en la consolidación de santuarios para el accionar delictivo).

- Notoria dificultad estatal a la hora de garantizar la provisión de servicios básicos, lo cual empujará a la ciudadanía a acercarse a organizaciones delictivas para acceder a seguridad, justicia y aún salud.

- Evidente deterioro de la infraestructura, y del nivel de vida de la población.

- Incremento de maniobras de blanqueo o lavado de activos provenientes de ilícitos, fenómeno que se acompaña con una disparada de la economía informal y del contrabando.

- Las instituciones públicas son capturadas por la criminalidad organizada, y controladas por la corrupción.

- El surgimiento de acciones de terrorismo urbano, que vienen a certificar la ausencia de controles efectivos desde las instituciones de seguridad del Estado.

- En el quebranto, el sistema de Inteligencia nacional exhibe como único propósito la protección del caudillo político de turno, de su partido o su ideología, en consecuencia facilitando la penetración del crimen organizado. 

Todos estos factores conducen a una crisis de legitimidad del Estado. En este punto, los ciudadanos pierden la fe en el gobierno y empiezan a confiar en actores no estatales para su protección y bienestar.

Numerosos analistas ecuatorianos se preguntan hoy si la nación andina ha comenzado a desandar este infortunado sendero.

En efecto, en Ecuador, la creciente influencia del crimen organizado, contabilizándose el accionar de narcotraficantes, pandillas y grupos armados transnacionales, ha socavado el mandato de control estatal. Ciudades como Guayaquil, Durán, Esmeraldas, Manta, Quevedo, Portoviejo, Lago Agrio y, últimamente, la capital -Quito-, han visto cómo la violencia criminal se ha disparado. La tasa de homicidios se ha disparado en los últimos años, y no pocos enclaves urbanos hoy han mutado en santuarios -confirmando su pertenencia a organizaciones criminales; nuevamente, certificándose la ausencia del Estado.

Otro elemento clave en el presente proceso de descomposición es la corrupción. En Ecuador, la misma ha sabido colarse en ecosistemas de importancia crítica, como lo son el sistema judicial y las fuerzas de seguridad. Sin que ello represente sorpresa, esta realidad ha socavado la gobernanza, y la percepción de la ausencia de justicia entre los ciudadanos se ha incrementado notablemente. A la postre, el fenómeno -que también involucra distintos episodios de corruptela que han involucrado a funcionarios- ha contribuído a la creciente deslegitimación del Estado ante los ecuatorianos.

Toda vez que la nación andina se ha caracterizado por instancias perentorias de crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza se han consolidado como problemáticas estructurales. La marcada ausencia de oportunidades ha impulsado a muchas personas a involucrarse en actividades delictivas, lo que a su vez agrava el descontento y atenta contra la cohesión social.

En lo político, Ecuador ha experimentado una inestabilidad de naturaleza crónica, caracterizada por una constelación de dificultades que comprometen la estabilidad de gobiernos estables, y de acuerdos políticos duraderos. La resultante del desbarajuste ha transmigrado en la comprobable fragilidad del sistema político. Adicionalmente, la aprobación de leyes como el empleo de armas de fuego para defensa personal y la militarización de zonas conflictivas, son señales que ilustran claramente que el gobierno depende cada vez más del uso de la fuerza para mantener el control.

El narcotráfico ha transformado a Ecuador en un centro neurálgico para el contrabando de estupefacientes, en menos de tres décadas. Ya no se trata de un país de mero tránsito, sino que se ha convertido en una plataforma clave para la exportación de cocaína y para las operaciones de cárteles de proyección transnacional. 

A pesar de estos desafíos, Ecuador aún no ha alcanzado el colapso total. Las instituciones, a pesar de su inocultable deterioro, continúan funcionando; y el gobierno mantiene un control relativo en las diferentes ciudades. En el plano internacional, sin embargo, Ecuador sigue siendo reconocido como un Estado soberano. Su consideración como  'Estado fallido', no obstante, podría encontrarse a la vuelta de la esquina -si el concierto de fragilidades logra acrecentarse.