Estados Unidos y la histeria colectiva frente a las deportaciones

Durante el año pasado, se registraron 959 robos de vehículos en Washington, Distrito de Columbia -frente a los 148 episodios de 2018. El robo de automotores es tan pernicioso que, en algunos vecindarios de la capital política estadounidense, los negocios decidieron cerrar sus puertas. La conocida farmacia CVS sita en Avenida Pennsylvania, a pocas cuadras de la Casa Blanca, exhibe el papel higiénico en sus estanterías (y también las bolsas para basura) en aparadores con cerrojo.


No es una sorpresa, entonces -para infortunio de los activistas del concierto progresista- que no fueran solamente los conservadores quienes exigieron se pusiera final al delito, para que sea debidamente penado. Tras el desastroso experimento que antaño patrocinó Chesa Boudin, Fiscal de Distrito y partidaria de la extrema izquierda, aún la ultraprogresista ciudad de San Francisco declaró su hartazgo frente a la ausencia total de la ley -despidiéndolo en 2022.

El pasado martes, la también progresista Los Angeles reemplazó al Fiscal de Distrito George Gascon, con un competidor que, 'habiéndose desempeñado como fiscal federal, impulsó una plataforma en pos de restaurar la seguridad y la justicia' -como se consignó en la estación de noticias local KTLA.

En los recientes comicios de los Estados Unidos, el Partido Demócrata intentó reducirlo todo a las 'políticas sobre la identidad'. Quienquiera que osara votar contra sus candidatos -así lo afirmaron- lo haría celebrando el racismo y la misoginia, y no porque optaraon por políticas públicas más conservadoras.

Sin embargo, la verdad es que las personas de todas las razas -y de ambos sexos- no ven con agrado el ser víctimas del delito. Se trata, pues, de un valor universal.

Tal como celebra las alternativas ineficientes a la hora de reprender al delito, a la izquierda estadounidense tampoco le interesa reforzar las fronteras. De haber resultado elegida, Kamala Harris había prometido respaldar un proyecto de ley en el senado que -según ella declaró- hubiese recompuesto la frontera que Joe Biden rompió.

No solamente ese proyecto hubiese fracasado en su meta -como supimos explicarlo en una columna anterior- sino que hubiese resultado imposible que los contribuyentes hicieran frente al pago de honorarios para abogados, que hubiesen defendido a millones de migrantes económicos.

La Unión de Libertades Civiles para los Estadounidenses (ACLU), que hace tiempo defendía la libertad de expresión para los ciudadanos de este país, ahora parece enfocada en promocionar la 'ideología de género' y los derechos de personas ilegales presentes, no-estadounidenses. Pero la fiesta perdió fuerza en la noche electoral, con lo cual ACLU y otros grupos de activistas ahora se empeñan en motorizar una campaña legal para impedir que el presidente electo Donald Trump cumpla con su obligación -y con el mandato electoral- de defender las leyes inmigratorias de los Estados Unidos.

Hemos visto cómo gente de Los Angeles y San Francisco mayoritariamente repudiaron la ideología progresista o 'woke' que se interpone en el camino del cumplimiento de la ley. Imagine Usted a los residentes de Washington, D.C. tan furiosos con el auge del delito y con la barbarie de las protestas callejeras presionando al alcalde para que éste haga algo. Imagine al jefe de policía desplegando una fuerza especial a zonas de alto riesgo, para arrestar a perpetradores de delitos peligrosos. Imagine cada quien, si los fiscales hicieran su trabajo y pusieran a los culpables tras las rejas.

El resultado hubiese sido lógico: el delito se hubiese desplomado, los perpetradores recurrentes hubiesen sido enviados a prisión, y los ciudadanos se hubiesen sentido más seguros. ¿Hubiese sido calificada esta acción como 'aplicación masiva de la ley'? Obviamente, no. Simplemente, se hubiese tratado de una competente aplicación de la ley.

De igual modo, si Trump y sus eventuales jefes en la seguridad interior instruyeran a sus funcionarios federales que cumplan con su trabajo, eso equivaldría a restaurar el statu quo previo a que Biden y su secretario de (in)seguridad Alejandro Mayorkas decidieran ignorar las leyes y facilitaran el más amplio flujo de inmigrantes ilegales en la historia de los Estados Unidos.

Durante cuatro años, los ciudadanos del país vieron los resultados de la negativa de la Administración Biden a cumplir con las leyes -negándose a impedir delitos evitables, y aumentando impuestos para escuelas, vivienda y hospitales. Vieron cómo millones de extranjeros no admisibles ingresaron al territorio nacional -aún sin contar con visado-, permaneciendo indefinidamente gracias a tecnicismos ilegales. Vieron cómo extranjeros inadmisibles recibieron alimentación, viviendas y dinero -aportado por los primeros, es decir, por los contribuyentes.

Resultó ser que 'los latinos desean una economía sólida y una frontera que no permita a criminales de todo el planeta cruzarla, estableciéndose aquí a perpetuidad, viviendo de las comodidades afrontadas por quienes pagan impuestos, mientras contribuyen con menos que nada más que con amenazas y violencia', conforme lo consignara el matutitno New York Post hace pocos días (Por supuesto, tampoco les agradó ser calificados como 'Latinxs', sin importar qué tanto los progresistas blancos les ordenan ser).

Dado que Biden dejó un legado deficitario en la aplicación de leyes inmigratorias -tanto en la frontera como en el interior de los EE.UU.-, la Administración Trump deberá recuperar el tiempo perdido. Hay hoy más de 1.3 millones de inmigrantes ilegales con órdenes de deportación pendientes, y que permanecen en suelo estadounidense. Han transitado ya por el debido proceso, y todos ellos deberán ser removidos. Si una orden judicial para deportarlos no se cumple, pues entonces el Estado de derecho no estaría vigente.

Amén de ese 1.3 millones de inmigrantes ilegales con órdenes de remoción, revistan otros 435 mil que han sido sentenciados por cometer delitos en los EE.UU., y otros 230 mil con cargos pendientes. La cifra de casos de solicitud de asilo en las cortes dependientes del Departamento de Justicia ascienden a 1.5 millones. Por su parte, los casos que aguardan ser debidamente procesados por la oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía aportan otro número. Y tampoco debe hacerse a un lado a los millones de inmigrantes perdonados por Biden durante los últimos cuatro años -se espera que éstos interpongan solicitudes de asilo, con lo que agravarán los guarismos.

Esta infinidad de casos retrasados son parte de un desastre manufacturado deliberadamente, generado por aquellos que se proponen obstaculizar la labor del congreso, con la meta de abrir las fronteras de los Estados Unidos prácticamente para cualquiera. Alguien, algún día, deberá limpiar el desorden. Y ese alguien acaba de ser elegido mayoritariamente. El momento para cumplir con este mandato es ahora.

En cuanto los líderes elegidos por el pueblo para cumplir con sus trabajos, y que juraron defender la Constitución y el Estado de derecho, se dediquen a hacerlo, muchos ojos se posarán sobre ellos. Habrá hipérbole, comentarios sesgados, cobertura mediática selectiva, y aún mentiras -todo lo cual provendrá de una colección de medios de comunicación nacionales que supieron enfocarse en una perspectiva partidista durante el primer gobierno de Trump, y que hicieron eso argumentando objetividad. Se publicarán fotografías de instalaciones gubernamentales -muy probablemente, construídas por Biden para procesar inmigrantes ilegales en los EE.UU., como parte de la “Máquina Migratoria Mayorkas”—pero que esta vez serán calificadas como 'campos de concentración de Trump', por supuesto, falsamente. O quizás reciban nombres peores. Numerosos reporteros del circuito progresista recurrirán a los diccionarios para hallar nuevos adjetivos con los cuales calificar a la aplicación de la ley como medidas surgidas de alguna novela distópica de los años treinta.

Pero el lector inteligente no habrá de caer en la trampa de las modas. El Estado de derecho es una sólida roca sobre la que se ha construído la república. Un retorno a ello quizás suene extraño al principio; pero será una conducta apropiada, largamente demorada, y ciertamente merecedora del respaldo del público.


Artículo original, en inglés


Simon Hankinson es senior fellow en investigaciones en el Centro para la Seguridad Fronteriza y en Inmigración, en el think tank The Heritage Foundation, en Washington, D.C..