Ecuador: la seguridad desempeñará un rol crítico en los próximos comicios

El panorama electoral ecuatoriano de cara a las elecciones presidenciales de 2025 se exhibirá, inevitablemente, marcado por el alarmante clima de inseguridad. La ola de violencia desatada por el crimen organizado y por el narcotráfico ha tomado un aterrador protagonismo, afectando no solo a la sociedad, sino también a la misma estructura política del país. Como es lógico, el auge del delito no solamente dominará los titulares, sino que influirá de manera directa en la campaña electoral, condicionando las propuestas de los candidatos y el desarrollo del proceso democrático.
 

Ecuador atraviesa hoy una crisis de seguridad sin precedentes. Homicidios, extorsiones, secuestros y atentados a figuras públicas son apenas la punta del iceberg. Estos desarrollos han empujado a los candidatos a enfocar sus discursos en la lucha contra el crimen organizado. No obstante ello, el violento entorno ha contribuído a generar un escenario electoral peligroso y saturado de tensión, en el que dirigentes políticos y sus equipos no solo se enfrentan entre ellos, sino también a la amenaza latente de las organizaciones criminales -que buscan mantener su control en territorios bien identificados.

Los homicidios y las amenazas en medio de campañas electorales ya han ocurrido en el pasado pero, en el ciclo 2025, se prevé que los execrables actos ganen tracción e intensidad. La dirigencia, especialmente la que decida plantar un genuino desafío a los intereses del narcotráfico o de las bandas armadas, podrían tener que hacer frente a un hostigamiento implacable, e incluso a presiones directas para que los candidatos modifiquen sus discursos, o bien abandonen sus candidaturas. En el ínterin, cuadrantes de importancia estratégica para el narco, y en control de organizaciones delictivas, podrían convertirse en objetivos de la violencia, con la meta de influir en el resultado electoral.

La creciente violencia podría forzar a los aspirantes a ocupar cargos electivos a extremar las medidas de seguridad, lo que limitaría su contacto directo con los ciudadanos y, en consecuencia, afectando ello la calidad del debate democrático. Mítines y eventos públicos podrían cancelarse, o bien celebrarse con fuertes restricciones en zonas de riesgo, donde los grupos criminales ejercen un control paralelo al del Estado.

En tal contexto, la seguridad se llevará la atención en las propuestas de los principales candidatos. Cada uno planteará distintas soluciones a la crisis en progreso, pero todas girarán en torno a la restauración del orden y el combate al crimen organizado.

Algunos binomios se centrarán en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, proponiendo un endurecimiento de las penas y un mayor control fronterizo y portuario, con la creación de unidades especializadas a efectos de enfrentar a las organizaciones delictivas. Otros adoptarán un enfoque diferente, abogando por dialogar con las megabandas -acaso en un intento en pos de reducir la violencia mediante acuerdos, buscando una salida negociada.

Por otra parte, habrá candidatos que se inclinarán por las ventajas de la adopción del modelo Bukele, con una política de 'mano dura', quizás proponiendo medidas drásticas que involucren el despliegue de la fuerza pública en ecosistemas comprometidos, y aún la construcción de nuevas instalaciones carcelarias para alojar al elemento de las bandas, tras procederse con su desmantelamiento.

A la postre, es probable que pocos candidatos profundicen en propuestas de prevención social, que busquen erradicar las causas profundas de la delincuencia: la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social. Seguramente, pocos formularán propuestas desde las cuales mejorar la educación, crear empleos o expandir los servicios sociales en sectores vulnerables -ítem relevante en cualquier programa que persiga una reducción sostenible de la violencia.

Como fuere, todo indica que la campaña presidencial del 2025 será una de las más peligrosas de la historia reciente. No puede descartarse que las organizaciones delictivas definan la ejecución de asesinatos selectivos y amenazas, neutralizando a cualquier candidato que perciban como una amenaza a sus intereses. No sería extraño ver campañas de desprestigio y ataques orquestados a través de redes sociales, que también los ecosistemas criminales emplean con el fin de manipular la opinión pública y sembrar miedo.

En este escenario, observaremos a candidatos que, aunque tienen todo el derecho a postularse para dirigir el país, no necesariamente se encuentren preparados para enfrentar los desafíos que Ecuador tiene ante sí. Aspirar a la presidencia es un objetivo lícito y, a la vez, noble; pero no encontrarse a la altura de las circunstancias, es un asunto muy diferente.

La nación andina vuelve a jugarse su destino, en un nuevo acto electoral. Solo cabe esperar que los votantes elijan con sabiduría al líder que realmente tenga la capacidad y la firmeza para hacer frente al torbellino de inseguridad, devolviendo al Ecuador la paz y el orden que tanto necesita.