Violencia en Colombia: llamado urgente a la acción, ante el resurgimiento de los GAO

Colombia experimenta un período de creciente inestabilidad, marcado a fuego por el resurgimiento de la violencia -impulsada por los Grupos Armados Organizados (GAO).


A pesar de los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro por implementar políticas de paz y diálogo, la realidad en el terreno es preocupante. Grupos como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han intensificado sus actividades, creando un panorama de inseguridad que afecta a miles de ciudadanos del país.
 

Los Grupos Armados Organizados y su Influencia Regional

Acto seguido, una somera descripción de los GAO que han adquirido un protagonismo central en el presente proceso de violencia colombiano.

Clan del Golfo: grupo delincuencial conocido también como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que ha logrado consolidarse como uno de los más poderosos del país; opera principalmente en el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca y el Chocó. En 2023, fue responsable de más de cuatrocientos homicidios, de acuerdo a estadísticas de la Fundación Ideas para la Paz. Su operatoria vinculada al narcotráfico y la extorsión ha generado un clima de terror que impacta negativamente en la vida cotidiana de las comunidades. Su dominio se extiende a aproximadamente el 75% del territorio colombiano, en regiones de alta vulnerabilidad social, como los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, además de otras áreas en el Caribe y la costa Pacífica. Controla rutas críticas para el contrabando de estupefacientes, particularmente en los golfos de Urabá y Morrosquillo en el Caribe, en tanto ha establecido corredores en el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, y en cuadrantes que conectan con la vecina Venezuela. Cuenta con una red de contactos internacionales en naciones como México, Venezuela y otras de América Central, aspecto que facilita sus operaciones narco.

La organización de referencia ha diversificado sus actividades, proyectándose al tráfico de migrantes, y ejerce una gran presión sobre las comunidades a través de la extorsión y el control territorial, lo cual ha provocado disrupción en la movilidad y seguridad de los habitantes. En algunos sitios tales como el Oriente antioqueño, disputan el control de recursos naturales, especialmente en zonas de explotación minera -en un interdicto recurrente con otras organizaciones como el ELN y facciones disidentes de las FARC​.

En tiempos recientes, el gobierno en Bogotá ha buscado abrir un canal de diálogo a efectos de lograr la desmovilización del Clan del Golfo, lo cual responde positivamente a la estratagema del grupo, en pos de obtener reconocimiento político. No obstante, el referido proceso enfrenta desafíos en razón del poderío de las estructuras criminales, y las redes de control social y económico que el Clan del Golfo ha perfeccionado en su órbita geográfica de influencia​.

Ejército de Liberación Nacional (ELN): caracterizado por su estructura descentralizada y su enfoque en el control territorial, particularmente en ecosistemas que presentan valor estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal. Aunque sus filas han disminuído en comparación con décadas pasadas, según informes recientes el ELN exhibe una presencia activa en 214 municipios, en 21 departamentos de Colombia -concentrándose en zonas como el Catatumbo (Norte de Santander), Chocó, Arauca y zonas de Antioquia. Los cuadrantes citados devienen en estratégicos en virtud de la cercanía a núcleos fronterizos (como el venezolano), a recursos naturales, y a corredores para el contrabando de mercancías ilicitas.
 

Durante el 2023, se registró un incremento en las acciones violentas atribuídas al ELN, con más de trescientos ataques informados en todo el territorio nacional. En lo transcurrido del 2024, se han reportado al menos medio cenetenar de atentados terroristas, incluídos ataques en zonas urbanas que han compartido un saldo superior a los doscientos muertos y heridos entre la población civil. Su capacidad para operar con impunidad es un reflejo de la flagrante ausencia de una estrategia efectiva de parte del gobierno colombiano.

Disidencias de las FARC: este ecosistema delictivo computa una remarcable presencia en diecisiete departamentos de Colombia, controlando aproximadamente 120 municipios, aunque su influencia se centra en reductos estratégicos para el tráfico de drogas y otros recursos. Las zonas más afectadas por la operatoria de este consorcio contabiliza a regiones como el Cauca, Nariño, Guaviare, Meta y Putumayo, de importancia central en operaciones de cultivo de coca y contrabando del producto terminado hacia la costa pacífica.

Las disidencias FARC cuentan con un estimado de entre dos mil y tres mil combatientes armados, divididos en varias facciones, siendo las más grandes la "Segunda Marquetalia" y el "Frente 1°". Estos desprendimientos operan de manera independiente, lo cual dificulta una negociación unificada con el gobierno en la práctica.

Sus recursos financieros se han estimado entre los US$ 50 y los US$100 millones anuales, quebranto que emerge de sus actividades ilícitas. El narcotráfico constituye su fuente principal de ingresos, particularmente en cuadrantes donde el núcleo cultiva y procesa coca. La minería ilegal, específicamente en departamentos como el Cauca y Nariño, también es una fuente nada desdeñable en el asiento financiero de la organización.

Las zonas de influencia de las disidencias, como el suroeste de Colombia, revistan entre las principales áreas de producción de coca del país. De acuerdo a guarismos elaborados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia produce alrededor de 1,200 toneladas de cocaína al año, de las cuales una porción significativa es controlada por el conglomerado de las disidencias. Responsables éstas del notorio aumento de la violencia en regiones rurales, destacándose aquí el Cauca y Nariño. 

Hacia el año 2023, más de doscientos ataques y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y con otros grupos armados le fueron atribuídos a las disidencias; desarrollo que dio lugar al desplazamiento de comunidades y al incremento de la tasa de homicidios en las áreas bajo su control. En efecto, estas organizaciones, que rehusaron proceder a su desmovilización tras la firma del acuerdo de paz de 2016, son responsables ineludibles de numerosos conflictos territoriales en regiones como Putumayo, Caquetá y Nariño. En el transcurso de 2024, las disidencias fueron sindicadas como responsables de más de una treintena de masacres. A la postre, el quebranto evidencia el devastador impacto de su accionar en las comunidades.

Cifras Alarmantes de Violencia

“La agencia de noticias EFE” y el think tank “InSight Crime” presentaron diferentes cifras de violencia para el 2023 reportando que el ELN fue uno de los principales responsables de acciones violentas con 137 enfrentamientos reportados solo hasta mayo y que para el 2024 la violencia en áreas controladas como Chocó y Nariño han venido en aumento; Las disidencias de las FARC, especialmente las facciones Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central (EMC), intensificaron sus operaciones en zonas claves como Putumayo, Cauca y Nariño registrando en el 2023, 34 eventos violentos registrados solo en la primera mitad del año. Esta violencia se ha traducido en un aumento del desplazamiento forzado y confinamiento de comunidades, afectando a más de 53,000 personas por confinamiento y cerca de 29,000 por desplazamiento en el 2024​; Mientras tanto el clan del golfo ha sido protagonista de ataques contra líderes sociales y comunidades en Antioquia y el Bajo Cauca, donde se sospecha que instigó un paro minero en 2023, y en los primeros seis meses del mismo año ejecutaron 31 ataques contra líderes sociales, consolidando su presencia en territorios estratégicos del narcotráfico.

Las cifras de violencia en Colombia son desalentadoras. Según el Observatorio de Paz y Conflicto, el número de homicidios en Colombia ha aumentado un 15% en 2024, alcanzando cerca de 28,000 muertes violentas. Los atentados terroristas también han aumentado, con más de 80 ataques registrados en el mismo año, que han dejado un saldo de más de 200 víctimas fatales entre civiles y miembros de la fuerza pública.

Un gobierno ineficaz y Falto de Gobernabilidad

La administración de Gustavo Petro ha sido objeto de severas críticas en razón de su probada ineficacia en la gestión de la seguridad, y la falta de gobernabilidad resultante. A pesar de un discurso centrado en la paz y la reconciliación, el gobierno ha demostrado una alarmante incapacidad a la hora de contener la creciente violencia. En 2023, el aumento del 15% en homicidios y el incremento de atentados son evidencias directas de un manejo inadecuado de la situación.

Desde que el presidente Petro asumiera el cargo, la tasa de homicidios se ha disparado de 23 a 28 por cada cien mil habitantes, una cifra que refleja un fracaso rotundo en el cumplimiento de sus promesas de seguridad. En idéntico período, la cifra de desplazados ha aumentado, certificando ello que la violencia no solo persiste, sino que ha consolidado su intensidad. Durante el año en curso, más de 400 mil ciudadanos colombianos han sido desplazados por efectos de la violencia, guarismo que denota un déficit en la protección de los derechos humanos y la seguridad de las personas.

En tal virtud, el gobierno de la República de Colombia ha fracasado en sus intenciones de establecer una estrategia clara y efectiva con miras a desmantelar estas estructuras criminales. La carencia de recursos y el extravío en materia de dirección ha dejado a las fuerzas armadas del país en una situación precaria, con su elemento revelándose incapaz de lidiar con el grave desafío de grupos cada vez más audaces.

En efecto, la falta de respaldo hacia la fuerza pública es otro aspecto que contribuye al agravamiento del cuadro. En 2023, el presupuesto destinado a la defensa se redujo en un 8%, lo que ha debilitado la capacidad operativa de las fuerzas armadas en el combate versus los GAO. Adicionalmente, la eminente escasez de recursos condujo a un deterioro del equipamiento y a un franco retroceso en la capacitación de las tropas, potenciando su vulnerabilidad en el complejo teatro de operaciones. Tal como reza un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Paz, el 70% de los miembros de la Policía Nacional revela un preocupante estado de desmotivación, careciendo del respaldo efectivo mínimamente suficiente para plantar cara al creciente desafío de la criminalidad organizada.

Además, la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles récord, con un 75% de la ciudadanía confesando que su seguridad se encuentra en jaque, según encuestas recientes. Este generalizado descontento se presenta como un indicador cristalino de la falta de confianza en una gestión cuyas efímeras promesas de cambio se han traducido en una disparada del caos y la violencia.

El discurso del gobierno, que ha intentado priorizar el diálogo con organizaciones armadas en lugar de fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, ha sido contraproducente. La estratagema oficial ha multiplicado las percepciones en torno a la fragilidad de la réplica estatal frente al gravoso fenómeno, lo que a su vez ha envalentonado a los GAO -expandiendo éstos su control territorial y su esfera de influencia. La falta de liderazgo y dirección ha dejado a la fuerza pública en una posición de inocultable precariedad.

Llamado a la Acción

La inseguridad en Colombia es un problema que ya no puede ignorarse. El gobierno habrá de implementar un enfoque genuinamente integral que no solo contemple la acción militar, sino que también sopese las raíces de la violencia. A tal efecto, deviene en esencial complementar el empeño punitivo con inversiones en desarrollo social, educación y oportunidades económicas -sobre todo en las regiones más afectadas, si de lo que se trata es de romper el ciclo de violencia.

Finalmente, otro importante apartado exigirá promover un sano fortalecimiento del sistema judicial del país, con el fin de que éste garantice que los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad sean imputados; lo cual derivará en la construcción del necesario respaldo ciudadano. Así, pues, las comunidades deberán asumir un claro protagonismo en la formulación de políticas públicas de seguridad, para atender adecuadamente a sus necesidades no cubiertas.

En conclusión, Colombia enfrenta un desafío monumental en su lucha contra la inseguridad. Los GAO y los recientes atentados a civiles, fuerza pública e infraestructura económica del país son un recordatorio de que la paz es un objetivo que se presenta remoto, de no tomarse decisiones firmes y efectivas. El gobierno de Gustavo Petro habrá de asumir la responsabilidad que le compete, y actuar con determinación. De nada servirá justificar la inacción en la búsqueda de culpables ficticios, ni demostrar mayor preocupación por los desarrollos de Gaza por sobre lo que sucede en la propia Colombia.

Después de todo, la seguridad no es solo una cuestión de política; se trata de un derecho humano fundamental que debe ser protegido.