Trump necesitará de la ayuda legislativa para conquistar al 'Deep State'

El conglomerado administrativo vigente en el Estado americano no aceptará las reformas patrocinadas por el presidente electo Donald Trump y, aún cuando sus acciones como mandatario pudieren dañar seriamente al denominado 'Deep State' o 'Estado Profundo', precisará contar con la asistencia del Congreso para reordenar la tóxica maraña burocrática que caracteriza al gobierno federal.


El senador James Lankford, Republicano por el estado de Oklahoma, confirmó recientemente los informes que versaban que el Senado consideraría dos modos para aprobar los denominados 'proyectos de reconciliación' que, desde el 3 de enero, la mayoría del GOP en el Senado podría aprobar con menos de sesenta votos. Un proyecto -del que se presume tiene más chances de ser aprobado- se enfocará en la inmigración y en temas energéticos; el otro centra la atención en ampliar los recortes de impuestos en el Acta de Empleo y Recortes Impositivos de 2017.

Quizás sea lícito sugerir que, en tal caso, los miembros Republicanos de ambas cámaras consideren la inclusión de reformas que fuercen a una mayor rendición de cuentas al 'Estado administrativo'.

Estas reformas estructurales, tendientes a conquistar al Deep State, deberían facilitar el despido de burócratas que se opongan a la agenda del presidente, prever el ahorro de fondos federales, y asistir en el emprolijamiento del presupuesto federal.

 

2. Proceder con una reforma del Deep State

La gestión Trump en ciernes ya ha puesto primera marcha a efectos de combatir el despilfarro y el abuso en el gobierno federal, empleando instrumentos que no requieren de la aprobación del Congreso.

Elon Musk y Vivek Ramaswamy han hecho un estupendo trabajo, al exponer el impresionante despilfarro y el abuso del gobierno federal. Su Departamento de Eficiencia Gubernamental (que lleva el acrónimo DOGE, en inglés) se ha hecho esperar durante demasiado tiempo.

Por su parte, la senadora Joni Ernst, Republicana por el estado de Iowa -y quien conduce los esfuerzos por apuntalar a DOGE en el Senado- publicó un destacado informe, en el que se revela el modo en que los dólares de los contribuyentes se desperdician en mantener espacios de oficina para empleados que, en rigor, trabajan desde su domicilio.

El Departamento de Educación, por ejemplo, despilfarró US$ mil millones en subsidios relativos a 'diversidad, igualdad e inclusión' desde 2021, de acuerdo a un informe que versó sobre el despilfarro incurrido por las políticas DEI -desarrollado por el núcleo Padres en Defensa de la Educación Pública.

Trump debería poder revertir gran parte de este perjuicio provocado, a través de órdenes ejecutivas e impulsando a administradores eficientes hacia posiciones clave -como ser la Oficina de Administración de Presupuesto y Personal.

Más allá de que los burócratas afectos a la 'Cultura Woke' se esmeren en interponer reglas para que el presidente no logre afectar sus áreas, la nueva Administración podrá emitir nuevas reglas para contrarrestar ese empeño. Así, por ejemplo, la orden ejecutiva propuesta por Trump, a efectos de crear una nueva categoría para empleados federales -'Schedule F'- tendrá remarcables efectos al momento de ampliar los mecanismos de rendición de cuentas del gobierno.

Trump está preparando el escenario para presentar destacables iniciativas -las cuales se respaldarán en su autoridad- después de su asunción del 20 de enero. Infortunadamente, la postración del 'Deep State' demandará mucho más que meras órdenes ejecutivas.

 

Sindicatos del sector público

Los burócratas del Distrito de Columbia disfrutan de una amplia colección de beneficios, que le son negados al resto de los empleados públicos. ¿A qué se debe esto? Sindicatos del sector público como la Federación Americana de Empleados Gubernamentales han garantizado protecciones laborales y beneficios a sus afiliados, al punto en que éstas sorprenderían a los trabajadores del sector privado.

En efecto, ha llegado la hora de poner fin al sistema perverso de los sindicatos de empleados públicos. Incluso el ex presidente Franklin Delano Roosevelt, el hombre cuyo 'New Deal' ayudó a establecer la moderna burocracia federal, se oponía a los gremios de empleados estatales.

'La verdadera naturaleza y propósitos del gobierno vuelven imposible que los funcionarios administrativos representen íntegramente al empleador, en conversaciones públicas junto a organizaciones de empleados gubernamentales', supo escribir el propio Roosevelt. “El empleador es el conjunto del pueblo, quien habla por medio de leyes aprobadas por sus representantes en el Congreso”, agregaba.

FDR advirtió que cualquier negociación ante un sindicato de empleados públicos derivaría en una pérdida de autoridad para el pueblo. Sin embargo, un espeluznante informe elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno halló que los empleados federales de una agencia en particular -el Departamento de Asuntos para Veteranos de Guerra- gastó un millón de horas haciendo labores para sindicatos, durante 2015.

Durante mucho tiempo, Republicanos y Demócratas acordaron que los gremios del sector público no eran compatibles con un gobierno constitucional. El Acta de Reformas para el Servicio Civil, de 1978, que implementó numerosas reformas (incluso muy positivas), también condificó la orden ejecutiva del ex presidente John F. Kennedy, habilitando a los empleados a unirse a sindicatos. El Congreso deberá considerar si acaso no es hora de enmendar esta legislación.

Cuando los trabajadores del gobierno federal se sindicalizan, establecen de inmediato una relación de adversarios frente a los representantes elegidos por la ciudadanía -quienes fueron los electores de quienes los representarán. A la postre, estos sindicatos defienden a sus trabajadores contra la voluntad de los representantes electivos, garantizando que los empleados públicos no deberán rendir cuentas al acercarse la fecha de los comicios.

Las protecciones brindadas por los sindicatos ayudan a explicar por qué tantos burócratas se sienten cómodos oponiéndose abiertamente a la agenda de Trump, tal como lo hicieron durante su anterior mandato. En consecuencia, la próxima Administración Trump deberá implementar reformas sistémicas que abarquen a la plantilla del servicio civil.


Conquistando al Estado Administrativo

La aprobación del proyecto REINS (Regulaciones para el Ejecutivo en Busca de Escrutinio) también deberán ser parte del tratamiento legislativo. Aún cuando DOGE puede -y debería-identificar ecosistemas dedicados al despilfarro y al abuso en el nuevo gobierno, el Congreso habrá de reafirmar su autoridad frente al 'Estado Administrativo'.

Cada año, agencias administrativas sobre las que el público no ha oído hablar, emiten más normativas y regulaciones de las que el propio Congreso aprueba. El sistema se moviliza descaradamente, ignorando la visión de los Padres Fundadores, que otorgaron al Congreso mayores cuotas de poder que a las dos restantes ramas del gobierno, porque el poder legislativo es el que más directamente representa a los ciudadanos.

El Acta REINS exigirá que las regulaciones más importantes -que pudieren afectar la economía- cuenten con el voto de ambas cámaras del Congreso. Esto sería un modo eficiente de conquistar al gobierno federal -y lo será no solo durante los cuatro años de la Administración Trump, sino también en el futuro. Es un paso decisivo del legislativo, que podrá extender los objetivos de DOGE en el tiempo.

 

Agencias sin rendición de cuentas alguna

El Congreso deberá considerar seriamente el conquistar a agencias tales como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

En mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia defendió la constitucionalidad de un bizarro esquema de financiamiento que apunta a mantener la independencia de esa oficina frente al poder de la billetera del Congreso. Aún cuando muchos entienden que esa resolución es errada, el Congreso cuenta con la autoridad de dar marcha atrás en este abuso, solamente reformando la legislación.

Sin reformas, la agencia apuntada -la CFPB- puede persistir a perpetuidad y, en la práctica, sin ser monitoreada por el legislativo; lo cual impediría que el organismo rinda cuentas ante la ciudadanía. Tal como lo escribiera el magistrado de la Corte Samuel Alito: este 'novedoso esquema estatutario' implica que 'la Poderosa Oficina de Protección Financiera del Consumidor' puede tutelar su propia agenda, sin monitoreo, supervisión ni control del Congreso'.

Tal como también lo consignara quien esto escribe en el libro -de próxima aparición- “The Woketopus: The Dark Money Cabal Manipulating the Federal Government” ('El Pulpo de la Cultura Woke: el Dinero Negro Manipulado por el Gobierno Federal'), la burocracia federal alimenta el poder de una extensa red de activistas de extrema izquierda que infiltran y ofrecen consultoría al gobierno, logrando que sus polícitas predilectas obtengan vía libre, sin intervención del legislativo.

Es crucial restringir la capacidad de este enorme paquidermo, si la meta es combatir las prioridades de la 'agenda Woke' en Washington, D.C.

La Administración Trump-Vance ya está lista para iniciar el sendero correcto a la hora de ordenar el putrefacto Estado administrativo, pero cualquier cambio duradero demandará el apoyo legislativo. Devolver el poder a los representantes elegidos por la ciudadanía es tant importante como revertir la perniciosa guerra de la Administración Biden-Harris, que desató una guerra contra la energía barata y descuidó la frontera sur (cuyo orden deberá restablecerse).

Artículo original, en inglés