Del narcotráfico al terrorismo: Ecuador, en la mira de una nueva estrategia global

La reciente decisión de Donald Trump, quien ha retornado a la presidencia de los Estados Unidos de América, de clasificar a los grupos dedicados al narcotráfico como organizaciones terroristas, ha consignado un antes y un después en el combate contra el crimen organizado.



La medida de referencia, que declara la intención de equiparar -en términos legales y operativos- al contrabando de estupefacientes con las actividades terroristas, ha provocado perturbación en no pocas naciones del cuadrante latinoamericano; en particular, en Ecuador, en cuyo territorio nacional se ha documentado el accionar de veintidós organizaciones criminales. Sobra decir que estos grupos califican a la perfección con la denominación de la flamante Administración estadounidense.
 

En tal virtud, las implicancias que comparte el nuevo enfoque de Washington son profundas, e involucran consideraciones legales, políticas, sociales y -como ya se ha dicho- operativas.

Por un lado, la designación habilita a los gobiernos a proceder con el endurecimiento de sus ecosistemas punitivos. Por supuesto; las autoridades de distintos países comenzarán a poner mayor énfasis en la confiscación de activos financieros, en la confiscación de propiedades obtenidas a través de ingresos ilícitos, y aún bloquear cuentas bancarias asociadas a conocidas redes criminales.

Adicionalmente, la mecánica vigente de las sanciones dificultan la capacidad de estos grupos para operar en un formato transnacional, viendo éstos limitado su acceso a recursos y a redes globales. De todas maneras, el renovado enfoque norteamericano planteará peligros, como la probabilidad de un incremento de la violencia, y la multiplicación de desafíos en el delicado proscenio de la protección de los derechos civiles. Traducido: la súbita decisión de enfrentar con más fuerza a las estructuras delictivas podría dar lugar a represalias violentas contra las fuerzas del orden y la sociedad civil, complicándose aún más el escenario.
 

A título complementario, la reformulada designación podría empujar a Ecuador a fortalecer sus vínculos con naciones aliadas, beneficiándose con la recepción de asistencia técnica, información de inteligencia, y respaldo de naturaleza logística para la puesta en marcha de operaciones conjuntas. Análogamente, reparticiones dedicadas a la seguridad con origen en Naciones Unidas o aún Interpol podrían, eventualmente, asumir un rol más activo en la persecución de organizaciones delictivas.

En el plano nacional ecuatoriano, el reverdecer de estas políticas perfectamente podrían conducir a una reforma abarcariva del sistema judicial, naturalmente, endureciendo penas para integrantes de los consorcios criminales.

No menos importante: la designación de las organizaciones de referencia como 'terroristas' abriría las puertas para la extradición de su elemento hacia territorio estadounidense, para que el sistema de justicia federal proceda con las necesarias imputaciones penales. Será lícito consignar que el vigente tratado de extradición entre Washington y Quito habilita la transferencia de personas acusadas de la comisión de delitos graves, y la reclasificación como miembros de organizaciones terroristas obsequiará un particular empuje a esta posibilidad.

No obstante, el mecanismo de la extradición no está exento de controversias. En Ecuador al menos, las disposiciones constitucionales pueden limitar este proceso, especialmente cuando se trata de ciudadanos ecuatorianos. Acto seguido, la oposición política podría empeñarse en obstaculizar estas acciones, al tiempo que las organizaciones criminales podrían intensificar sus actividades como represalia -así sucedió en Colombia, con el ejemplo de 'Los Extraditables'.

A pesar de estas complicaciones, la extradición reduciría la capacidad operativa de estos grupos, y ayudaría a consolidar los protocolos de beneficiosa cooperación entre Ecuador y los Estados Unidos de América, en la lucha contra el crimen organizado.

El desafío para Quito y para otras naciones del concierto latinoamericano se sintetizará en la exploración de un delicado equilibrio, entre el combate contra el crimen organizado y el sano resguardo de su sociedad civil.

En este delicado contexto, la decisión estadounidense nos invita a considerar que las soluciones contundentes, aunque necesarias, deben ser aplicadas con cautela -a efectos de evitar consecuencias imprevistas.