DOGE: ¿revolución o ruina? Observaciones sobre el audaz ensayo reformista de Elon Musk
Aproximación a las medidas dirimidas por el magnate, en el denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Administración Trump.
No exento de polémicas, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fue establecido el 20 de enero de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump, tras su comentado retorno a la Casa Blanca, como parte de un ambicioso empeño con miras a reducir el tamaño y el costo del gobierno federal. Elon Musk, mundialmente conocido por su liderazgo en empresas como Tesla y SpaceX, fue designado para dirigir esta peculiar repartición, con su principal objetivo consignado en el ampuloso trademark: optimizar la eficiencia gubernamental, poner fin al despilfarro y reducir ostensiblemente el déficit fiscal. Desde su creación, DOGE ha emprendido medidas draconianas que han transformado la estructura del gobierno, allanando el camino para múltiples elogios -pero también para la ácida crítica.
Desde su lanzamiento, DOGE ha implementado una serie de drásticas medidas, a efectos de cumplir con su mandato de reducir el gasto y plasmar novedosos parámetros de eficiencia. Un análisis equilibrado exige formular, al detalle, la envergadura de las acciones en cuestión.
Profundos recortes de personal
DOGE ha sancionado la abierta eliminación de más de cien mil empleos federales, enfocándose en agencias que Musk ha catalogado como "ineficientes" o -en conformidad con un concepto con frecuencia utilizado en el microuniverso técnico- "redundantes". Por supuesto, entre los organismos más afectados se encuentran la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Educación -cuyas próximas horas podrían anticipar su clausura definitiva-, y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB).
Tal ha sido la magnitud de los despidos que, en casos específicos, su ocurrencia paralizó perentoriamente las operaciones de determinadas agencias. A título de ejemplo, en el Departamento de Energía, la reducción del staff dio lugar a genuinas preocupaciones respecto del mantenimiento del arsenal nuclear estadounidense; este nada desdeñable factor forzó a la reincorporación de algunos empleados -vitales en el gerenciamiento operativo de funciones críticas del área.
Eliminación y reestructuración de programas
Adicionalmente, DOGE congeló -o bien eliminó- el 83% de los programas de ayuda exterior, reduciendo significativamente el presupuesto de USAID, de US$547 millones a US$226 millones en febrero de 2025. Esta decisión ha generado controversia tanto en el ámbito nacional como internacional, aunque el escrutinio que se posara sobre el despliegue discrecional de partidas para dudosos objetivos acrecentó el respaldo de los recortes entre los ciudadanos estadounidenses.
Venta de activos federales
Bajo la tutela de DOGE, la Administración de Servicios Generales (General Services Administration, GSA) ha iniciado la venta de más de cuatrocientas propiedades federales, incluyendo edificios emblemáticos como la sede del FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, en Washington D.C. La puesta a la venta de estas instalaciones persigue el objetivo de generar ingresos, en franca sinergia con la reducción de abultados costos de mantenimiento.
Revisión de contratos y regulaciones
Más aún: DOGE ha cancelado miles de contratos federales identificados como fraudulentos o innecesarios, lo que, según Musk, ha ahorrado miles de millones de dólares a los contribuyentes.
Ultimátum a empleados federales
En febrero de 2025, DOGE desplegó un envío masivo de correos electrónicos a casi dos millones y medio de empleados del gobierno federal; en breves y concisas preguntas, los receptores debían justificar su permanencia en sus respectivos empleos, bajo amenaza de despido. En la práctica, la medida generó confusión -y aún numerosas agencias desestimaron las comunicaciones, lo que evidenció las dificultades de implementación de las políticas de DOGE. Toda vez que las resoluciones del Departamento blanquean el agresivo enfoque de Musk, aún deben lidiar con notables desafíos logísticos y legales que surgen de la ejecución de cambios rápidos en un entorno intrincado y complejo como lo es el gobierno federal de los EE.UU.
Implicancias de las acciones sancionadas por DOGE
Implicancias positivas:
- Ahorro de costos: desde DOGE, se afirma el haber obtenido un ahorro consolidado de US$ 115 mil millones en pocos meses, terciando la cancelación de contratos, la puesta a la venta de activos, y la abrupta eliminación de programas. Este empeño de austeridad es percibido como un paso sensato hacia una genuina reducción del déficit fiscal, que asciende a US$2 billones (en inglés, trillions), y aún como una medida para, preventivamente, impedir la ocurrencia de una crisis económica futura.
Consecuencias negativas
- Interrupciones en servicios públicos: Los despidos masivos han provocado un estado de caos en varias agencias, demorándose la prestación de servicios esenciales -como ser la entrega de asistencia humanitaria (USAID), y la gestión de la seguridad nuclear (Departamento de Energía; ya comentado).
- Conflictos legales: Naturalmente, numerosas medidas implementadas por el conglomerado DOGE han enfrentado lidiar con desafíos judiciales. Así, pues, recientemente un magistrado federal ordenó la readmisión de miles de empleados federales despedidos ilegalmente, y la Corte Suprema de Justicia del país forzó al descongelamiento de US$2 mil millones en ayuda exterior, limitando el alcance de los recortes.
- Impacto en programas sociales: Los recortes han afectado a iniciativas críticas, como el fondo de salud para las víctimas del 11-S, que perdió el 20% de su personal, lo que podría retrasar tratamientos médicos para miles de beneficiarios.
- Críticas por conflictos de intereses: El vínculo de Musk con firmas como Tesla y SpaceX, que se encuentran bajo un complejo escrutinio regulatorio, ha generado preocupaciones frente a eventuales conflictos de intereses, particularmente cuando DOGE amplifica la licuación de la esfera de influencia de agencias regulatorias.
A la postre, y si bien el ecosistema DOGE ciertamente ha cosechado destacables victorias en materia de reducción de gasto, en simultáneo sus protocolos han magnificado un sentimiento de polarización. Por estas horas, las discusiones versan sobre el ratio costo/beneficio de las acciones dirimidas.
Recortes de gasto ejecutados
Amén de las ambiciosas promesas de Elon Musk, debe consignarse que los recortes de gastos y presupuestos implementados al día de la fecha siguen siendo poco significativos, al comparárselos con el gasto federal total. Valdrá la pena echar una mirada sobre esta arista:
- DOGE consigna la obtención de un ahorro consolidado de US$115 mil millones, a través de la ya comentada cancelación de contratos, de la venta de activos y de la eliminación de programas.
Más allá de los recortes específicos, podrá afirmarse entonces que el efecto de DOGE sobre el gasto federal total ha sido, en el mejor de los casos, marginal; o, al menos, hasta el momento. El carácter estructural de variopintas áreas del presupuesto y la lógica resistencia a la implementación de cambios de profundidad operan como vectores que dificultan la obtención de resultados comprobables.
Proyecciones a futuro, según el propio Musk
El hombre de Tesla y SpaceX ha delineado ambiciosos planes para el futuro de DOGE, aunque ha ajustado sus metas iniciales, tras toparse con las realidades del gobierno federal. En tal virtud, y en tiempos de campaña, Musk había prometido un recorte de US$ 2 billones (trillions) anuales del presupuesto federal. Tras producirse la victoria de Donald Trump, esa meta fue reducida a US$ 1 billón anualizado. En cualquier caso, la trazabilidad y la velocidad de las cifras certifica que aún el Objetivo del Billón se presenta remoto.
De todos modos, Musk no parece dar el brazo a torcer. En este sentido, el prolífico empresario se ha propuesto un objetivo de magnitud, auditando a futuro los gastos del Pentágono y del ya citado Departamento de Educación, a efectos de rastrear posibles 'fraudes y abusos', con el respaldo del presidente. A título complementario, Musk ha declarado que insistirá con la puesta a la venta de más activos federales; y ha dicho que profundizará una revisión abarcativa de contratos federales. En el epílogo, ha ganado tracción la idea de eliminar el histórico penny, cuyo acuñado se llevó US$179 solamente en el año 2023.
Desde luego, el mayor desafío constituirá la eventual revisión de las cuentas del Pentágono y del Departamento de Defensa en su totalidad; maniobra que el 'Deep State' o 'Estado Administrativo' americano podrían considerar como una amenaza existencial muy difícil de digerir.
- Con información de DefenseScoop, Newsweek, Al Jazeera, The Brookings Institution, Fox Business, y Reuters.