Colombia y la violencia: entre la paz prometida y la inseguridad extendida
A lo largo de los últimos años, Colombia ha intentado implementar una política de 'paz total'...
12 de Abril de 2025
A lo largo de los últimos años, Colombia ha intentado implementar una política de 'paz total', con el objetivo de reducir la violencia estructural y negociada, a través de diálogos con actores armados ilegales, y nediando reformas institucionales. Sin embargo, el primer trimestre de 2025 ha expuesto un preocupante deterioro de los indicadores de seguridad, particularmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y ahora también en el denominado Eje Cafetero (Pereira, Manizales -foto- y Armenia), lo que evidencia una colección de serias contradicciones entre la narrativa política y la realidad evidenciada en los territorios.
De cara a esta crítica situación, y en contraste con un enfoque oficial de 'paz total' -francamente insuficiente, y aún desconectado de la realidad urbana-, emerge una pregunta de carácter orientativo: ¿cómo se ha transformado la criminalidad urbana en Colombia, y por qué las políticas actuales de seguridad y paz no logran contener el avance del crimen organizado en las principales ciudades y regiones intermedias del país? Las respuestas conducirán a un análisis detallado del delicado proscenio.
Análisis Situacional y Cifras Regionales
1. Incremento de Homicidios
De acuerdo a datos del Observatorio de Seguridad de Policía Nacional y los informes formulados por el Reloj de la Criminalidad (2025), el homicidio ha aumentado en múltiples ciudades -registrando patrones diferenciados, aunque con una tendencia común: el control territorial consolidado por grupos armados y redes criminales.
Cali cerró 2024 con 1.219 homicidios (esto es, un incremento del 14%). El 70% se asocia a ajustes de cuentas, microtráfico y bandas específicas, como es el caso de 'Los Espartanos'.
Medellín: 438 homicidios (+8%). Comunas 13, 8 y 3 son focos por disputas entre 'La Oficina' y nuevas facciones.
Barranquilla: la ciudad acusó un repunte del 23%, registrando más de 490 homicidios. En Soledad y Malambo, los asesinatos son en su mayoría réplicas contra acciones extorsivas.
Bucaramanga apuntó un aumento del 9%, con expansión de redes criminales vinculadas a la minería ilegal.
Eje Cafetero:
Pereira reportó 165 homicidios en 2024, lo que equivale a un incremento del 12%. La zona de Cuba y sectores de Dosquebradas presentan disputas entre bandas por microtráfico y control territorial.
Manizales, aunque históricamente más segura, presentó 71 homicidios (+10%), retornando la tasa más alta en cinco años. Los informes del CEJ señalan la reconfiguración de bandas regionales tras la captura de cabecillas del norte del Valle.
Armenia observó un repunte del 18%, cerrando el año con 97 homicidios. El informe del Externado (2024) identifica la presencia creciente de redes articuladas al Clan del Golfo, operando desde corredores rurales hacia la ciudad.
2. La extorsión: crimen silencioso pero en aumento
La extorsión se ha reconfigurado en un mecanismo sofisticado que hoy se evidencia en nuevos territorios, incluyendo particularmente al Eje Cafetero. En el concierto nacional, esta variante de delito se incrementó en más de un 60% según el informe del Reloj de la Criminalidad y Policía Nacional.
Bogotá: aumento del 64% de las denuncias presentadas; Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy son focos.
Cali y Barranquilla retornan las tasas más críticas del país, siendo víctimas entre el 35 y el 50%, comerciantes.
Medellín: aumento del 54%, con esquemas extendidos de 'vacuna' en comunas vulnerables.
Bucaramanga: +21%, especialmente en Girón y Floridablanca.
Eje Cafetero:
En Pereira, las autoridades locales reportaron un incremento del 29% en denuncias por extorsión, con estructuras carcelarias como 'La Cordillera' tutelando acciones extorsivas desde centros penitenciarios.
Manizales acusó una variación positiva del 18%, afectando especialmente el comercio en barrios tales como La Enea y Fátima.
Armenia fue la ciudad con mayor crecimiento proporcional en el Eje Cafetero: el incremento de este delito ha sido del 35%, conforme lo reportado por la Cámara de Comercio del Quindío. Se reportan casos de extorsión digital mediante amenazas por redes sociales y apps de mensajería.
3. Retroceso estadístico de los hurtos: ¿mejora genuina, o desplazamiento del delito?
Aun cuando el hurto ha disminuido, el fenómeno amerita un análisis cauteloso. La reducción no determina una mejora estructural en este caso, sino un desplazamiento criminal hacia modalidades más lucrativas.
En tal virtud, Medellín acusó una reducción del 20% en hurtos a comercio, aunque la extorsión en modalidad virtual se ha disparado.
Cali registró una caída del 27% en los casos de hurtos a residencias, pero la percepción de inseguridad se mantiene.
Barranquilla, un retroceso del 15%, pero con aumento de secuestros exprés.
Bucaramanga retornó un 18% menos en la comisión de este delito, pero un franco crecimiento de delitos financieros y de acciones extorsivas.
Eje Cafetero:
En Pereira, el hurto contra ciudadanos retrocedió en un 14%, pero se incrementaron las denuncias por amenazas e intimidación vinculadas a cobros ilegales.
Manizales presentó una reducción del 11% en hurto a residencias.
Armenia, pese a la caída del 9% en esta variable, reporta un creciente empleo de menores de edad en la comisión de delitos urbanos.
Caracterización de la Criminalidad urbana
El panorama de la seguridad en Colombia atraviesa una instancia crítica, marcada por una paradoja que erosiona la confianza ciudadana y el discurso gubernamental: mientras el gobierno patrocina la ya comentada 'paz total', en la práctica el crimen urbano ha mutado y ha logrado fortalecerse, infiltrando la cotidianeidad de barrios, comunas y cuadrantes periféricos de los principales centros urbanos.
El referido desajuste entre política y realidad gana tracción en un fenómeno con aristas triples:
Expansión y fragmentación de actores criminales: Los grupos armados tradicionales (Clan del Golfo, ELN, disidencias de las FARC) no solo han sobrevivido, sino que han extendido su influencia hacia zonas urbanas, mediante economías ilícitas como la extorsión, el microtráfico y el contrabando. El informe de la Universidad Externado (2024) detalla cómo estas estructuras han convertido a centros urbanos como Pereira, Armenia, Barranquilla y Medellín en epicentros de lavado, perceción o cobros extorsivos y distribución de estupefacientes, operando de forma fragmentada y registrándose alianzas flexibles entre bandas.
Captura de los entornos urbanos vulnerables: La criminalidad ya no depende exclusivamente del control rural; las ciudades intermedias como las del Eje Cafetero se han convertido en flamantes núcleos de violencia silenciosa, con redes que cabalgan sobre la ausencia de control institucional, el desempleo juvenil, y la escasa o nula presencia de la fuerza pública. Más alarmante es el panorama cuando, en cuadrantes como Armenia o Dosquebradas, la presencia criminal es constante; aunque no necesariamente violenta en lo inmediato, la capacidad de respuesta institucional exhibe atrofia.
Desplazamiento del delito y adaptación/adecuación tecnológica: El retroceso estadístico de los casos de hurto, celebrado oficialmente, encubre una reconfiguración criminal hacia delitos menos visibles pero más rentables, como ser la extorsión digital, el sicariato por encargo, y los delitos financieros. Los informes del Reloj de la Criminalidad (2025) revelan que más del 35% de los casos de extorsión se gestan hoy desde plataformas digitales, o bien desde centros penitenciarios regionales. Este fenómeno de sofisticación criminal no se ha visto acompañado del correspondiente fortalecimiento del Estado.
La consecuencia directa es una crisis sistémica de seguridad urbana. Los ciudadanos se hallan hoy más expuestos a la violencia letal (homicidios) y a formatos de criminalidad extorsiva que atentan contra su integridad física y emocional, mientras las instituciones proceden con probada lentitud, fragmentación y descoordinación.
Colombia está al borde de consolidar una normalización de la violencia urbana, allí donde los ciudadanos se acostumbran -o bien aprenden- a convivir con el miedo. Los comerciantes internalizan la extorsión como parte del 'costo operativo', y las autoridades locales carecen de recursos y competencias para enfrentar una amenaza cada vez más organizada y que revela proyección transnacional.
Cursos de Acción Propuestos
Ante la gravedad del escenario, se requieren acciones decididas, caracterizadas por una perspectiva multidimensional y con visión territorial. A tal efecto, podrían sugerirse las que siguen:
1. Rediseño de la política de seguridad con enfoque territorial urbano
La seguridad no puede seguir tratándose como un desafío de naturaleza homogénea a nivel nacional. Cada centro urbano presenta una geografía distintiva del delito. A título de ejemplo, Bogotá requiere de estrategias metropolitanas y tecnológicas; Medellín, la puesta en marcha de un sistema de contralor de estructuras históricas y jóvenes en riesgo; el Eje Cafetero, por su parte, demanda una intervención temprana, y ecosistemas de prevención comunitaria.
Una propuesta razonable consideraría la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Urbana Diferencial, con análisis georreferenciado, y mediando el despliegue de unidades móviles de intervención que respondan a las particularidades de cada ciudad.
A modo complementario, integrar inteligencia militar, policía judicial y fiscalías regionales bajo un único comando operativo urbano, coordinado con alcaldías y gobernaciones.
2. Intervención focalizada en ciudades intermedias y en el Eje Cafetero
La criminalidad organizada ha mutado hacia ciudades medianas con baja capacidad institucional, aunque de alto valor estratégico. Pereira, Armenia y Manizales presentan corredores ideales para el tráfico de armas, drogas y personas hacia el occidente y centro del país. Emerge el imperativo: impedir que tales centros urbanos se consoliden como nuevos bastiones criminales. Para ello, habrá que considerar un despliegue de fuerzas de tarea urbana temporal, al estilo de la Operación Orión en Medellín, pero con enfoque de derechos humanos y gestión social integral.
Acto seguido, priorizar la inversión en infraestructura social en barrios clave de estas ciudades: evaluándose la construcción de nuevas sedes policiales, CAI móviles, centros de conciliación, y la puesta en marcha de un modelo de justicia restaurativa. Finalmente, incentivar la llegada de inversión privada con garantías de seguridad jurídica y física, por cuanto urgen detener el creciente éxodo empresarial -secuela que ha dejado vacíos, hoy ocupados por redes criminales.
3. Fortalecimiento urgente de la justicia local y reducción de impunidad
El 87% de los casos de extorsión y el 71% de los homicidios en ciudades intermedias terminan en impunidad (así lo consignó Policía Judicial en 2024). Esta resultante alimenta la percepción de indefensión. Así, pues, el sistema de justicia deberá proceder con agilidad, visibilidad y cercanía frente al ciudadano.
Para tal objetivo, se propone la creación de Fiscalías Itinerantes Urbanas, con magistrados de garantías móviles, especialmente en Pereira, Armenia y Barranquilla; luego, implementar una política de oralidad obligatoria para delitos de impacto urbano (homicidio, extorsión, violencia sexual), con el fin de acelerar procesos. A la postre, reactivar los convenios de colaboración entre universidades y fiscalías locales con pasantías jurídicas, prácticas forenses y asistencia intregral a víctimas.
4. Inversión en tecnología y control penitenciario
Gran parte del poder criminal en ciudades como Medellín, Pereira y Bucaramanga revela su origen en prisiones y centros de detención. Adicionalmente, la capacidad del Estado a la hora de anticipar la comisión de delitos mediante el acopio de datos aún es limitada. Se propone: ampliar la red de cámaras inteligentes con reconocimiento facial y predictivo, priorizando zonas de riesgo; blindar tecnológicamente las cárceles regionales con bloqueadores de señal, monitoreo satelital y auditoría digital de comunicaciones internas; establecer convenios con empresas de tecnología e inteligencia artificial, previendo el desarrollo de mapas predictivos de delitos.
5. Prevención desde la inclusión y el desarrollo humano
Hay consenso: sin contención social, la seguridad deviene en utopía. En ciudades como Armenia o Soledad, donde el desempleo juvenil supera el 20%, la violencia es resultado del abandono estructural. Por ello, la seguridad debe pensarse como un proyecto de vida para los jóvenes. Se propone, entonces, la creación de Zonas Seguras de Emprendimiento y Cultura -con apoyo de alcaldías, universidades y ONGs, ofreciéndose capacitación, microcréditos y espacios para el desarrollo deportivo en los barrios más golpeados; financiar un Plan Nacional de Inserción Laboral Juvenil en Seguridad y Tecnología, gracias al cual los jóvenes en situación de riesgo trabajen en sistemas de cámaras, atención a víctimas y prevención comunitaria; fortalecer el sistema de orientación psicosocial en colegios públicos con formación en resolución pacífica de conflictos, ciberseguridad y ciudadanía digital.
La presente crisis de seguridad urbana no es coyuntural ni exclusiva de las grandes metrópolis; se asiste, antes bien, a una transformación estructural del crimen en Colombia, que ha aprendido a adaptarse, a diversificarse y a camuflarse en territorios desatendidos.
La política de paz total no ha fracasado por su intención, sino por su ejecución fragmentada y su desconexión de las realidades urbanas. Mientras los esfuerzos del Estado ponen el foco en negociaciones, las ciudades se convierten en escenarios de una nueva guerra silenciosa: proliferan en ellas la extorsión, el homicidio selectivo, el ansia de la criminalidad por el control territorial, y los desplazamientos urbanos.
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@CHRISTIANDAES6
Sobre Christian Ríos M.
Ríos es Politólogo Internacionalista de la Universidad Militar Nueva Granada, Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, y Administrador de Empresas; magister en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra- Colombia, en 'Estrategia y Geopolítica'. Es analista político, docente y columnista en el periódico El Quindiano (Armenia, Colombia) y en El Ojo Digital. Es Oficial en Retiro del Ejército Nacional de Colombia.