Adorni versus la economía: el corrosivo efecto del contraste

En la semana, Standard & Poor's elevó la calificación de la deuda soberana argentina de "CCC+" a "B-". Esto implica que los títulos argentinos dejan de estar en la categoría de "riesgo sustancial". No es un detalle menor. 

La mejora se suma a la que ya había anunciado Fitch Ratings a comienzos de mayo. De esta forma, la República Argentina cuenta con la calificación "B-" por parte de dos de las tres principales agencias internacionales, lo que abre la puerta a flujos institucionales que antes tenían vedado invertir en deuda argentina.

Las consecuencias en el mercado fueron inmediatas. El riesgo país de JP Morgan perforó los 450 puntos básicos por primera vez en ocho años. Llegó a los 443 puntos, mínimo desde el 1° de mayo de 2018. El S&P Merval avanzó 6,4% y alcanzó un nuevo récord histórico nominal, mientras que los ADRs en Wall Street treparon hasta 14,3% en papeles como BBVA.

En su informe, S&P fundamentó que "la perspectiva estable refleja la expectativa de que el Gobierno continuará con su programa de austeridad fiscal mientras el Banco Central incrementa sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación". Los evaluadores están certificando que el proceso de corrección macro tiene sustento y continuidad. Analistas de Adcap Grupo Financiero señalaron que la decisión de S&P "valida los dos factores clave detrás del ciclo de upgrades: mejores perspectivas para la acumulación de reservas y la expectativa de que el Gobierno consiguiera financiamiento suficiente para cubrir los próximos vencimientos de deuda".

A esto se suman la inflación de mayo en 2,1%, el acuerdo comercial con la Unión Europea, el acceso a 10.000 autos importados más que entraran al mercado, y récords exportadores en sectores como el complejo citrícola. Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el equipo económico en su conjunto muestran consistencia, claridad de objetivos y resultados que, hace dos años, hubieran parecido de ciencia ficción. Son técnicos con trayectoria, reputación consolidada y pericia técnica.


El personaje que nada aporta

El contraste con Manuel Adorni no puede ser más mayor. El jefe de Gabinete no es un cuadro político con peso territorial. No tiene capital electoral propio. No es un académico de referencia. No genera votos, no suma alianzas ni construye coalición. Es, en el mejor de los casos, un comunicador que supo lograr timing mediático y ahora ocupa un cargo para el que no tiene los atributos necesarios.

Su escándalo patrimonial no empezó ayer. Lleva meses erosionando la imagen de la administración. Adorni tardó 34 días en presentar su declaración jurada 2025 desde que el propio Milei dijo que tenía "todo listo" para hacerlo, luego de tres meses bajo escrutinio público y judicial. Y la presentación, lejos de despejar dudas, las multiplicó. Desde el mismo gabinete lo acusan de estar dañando al Gobierno.

La investigación comenzó cuando su esposa Bettina Angeletti subió al avión presidencial, y se extendió con la adquisición de dos inmuebles. Cada nueva revelación patrimonial fue socavando la confianza pública depositada en una administración que tiene "la moral como política de Estado" como leitmotiv. 

 

La contradicción no aguantó ni un día

La última entrega de la serie llegó esta semana y es, en términos comunicacionales, una enorme torpeza. El funcionario sostuvo públicamente que comenzó a incursionar en Bitcoin en 2013 e invirtió fuerte desde 2014, con montos de US$ 200 mil y ganancias posteriores de US$ 300 mil. La narrativa tenía un objetivo claro: justificar el aumento patrimonial con activos previos a su ingreso a la función pública, evitando así la figura de enriquecimiento ilícito.

En una videoconferencia de 2020, Adorni comentó su reacción al ver a un alumno operando criptomonedas: "Yo no estaba muy metido en el tema", admitió en esa ocasión. Un segundo video de 2022 lo complicó aún más. En esa oportunidad declaró que no sabía si tomar al Bitcoin como una inversión, sino que prefería las stablecoins y el uso transaccional de las criptomonedas.

El archivo no perdonó y su daño fue inmediato. Frente al silencio de los legisladores libertarios, el PRO calificó la conducta de Adorni como "una falta grave" y señaló que "un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo". En los pasillos del Congreso se escucharon calificaciones como "papelón", "delirio" y "vergüenza". Un referente de PRO resumió: "Es un boludo peligroso".

Por su parte, la oposición convocó una sesión especial el 23 de junio para avanzar con una interpelación y, eventualmente, una moción de censura. Firmaron Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Marcela Pagano y parte del interbloque Provincias Unidas. Una moción de censura luce inalcanzable por los números, pero el debate político ya está instalado y tiene dueño.

 

Lo realmente grave no es lo que hizo o dejó de hacer Adorni con sus criptoactivos, sino el efecto desplazamiento. En periodismo existe el concepto de agenda: hay un número limitado de temas que la opinión pública puede procesar en simultáneo, y cada vez que un escándalo copa ese espacio, desplaza noticias que merecerían estar ahí. Hoy, mientras el riesgo país toca mínimos de ocho años, el Merval bate récords, las exportaciones crecen y la inflación baja, las tapas de los diarios se dedican al jefe de gabinete.

Desde el propio gobierno reconocen el diagnóstico. "Está terminado, no importa lo que diga. Ya dejó de ser el candidato de Karina en la Ciudad y sigue siendo jefe de Gabinete porque lo bancan los Milei, pero no va a poder hacer nada más". Si ese es el análisis, la ecuación continua irresuelta. El resultado sería que el costo de mantenerlo en su cargo sigue siendo inferior al de removerlo. Nadie logra entenderlo.

En los pasillos de Balcarce 50, la respuesta más difundida apunta a la Justicia. Adorni busca pasar de ser investigado por enriquecimiento ilícito —con penas de dos a seis años de prisión— a enfrentar el cargo menor de omisión maliciosa, valiéndose del "tapón fiscal" que provee el Régimen Simplificado de Ganancias al que adhirió. El funcionario solo está usando su cargo para blindarse ante la Justicia. 

 

Existía en la última etapa de la República romana una ceremonia sagrada llamada Bona Dea. El ritual era exclusivo para mujeres y se realizaba en secreto. Pero durante el año 62 a.C, Publio Clodio Pulcro se infiltró disfrazado de mujer. Aquella vez, la celebración fue en la casa de Julio César.

La magnitud del escándalo hizo que el futuro Dictator Perpetuus se divorciara de su esposa Pompeya. En el juicio, no dijo nada malo sobre ella. Cuando el fiscal le preguntó: "¿Por qué la expulsaste entonces?", respondió: "Porque la mujer de César debe estar limpia, incluso de sospecha".