Ibarra se desespera para lograr la realización del plebiscito

Aníbal Ibarra insistió ayer en que el referendo revocatorio debería hacerse sin la previa recolección de firmas y lo antes posible. Pero el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que recién el miércoles tratará su pedido, postergó también para la semana próxima la entrega de las planillas en las que juntarán las adhesiones al referendo. "La Constitución dice que la consulta revocatoria es contra la voluntad de aquel funcionario cuyo mandato se quiere revocar. Lo que sucede en este caso particular es que el funcionario no está en contra, porque yo quiero que sea la gente la que decida si continúo en mi cargo o no. Por lo tanto digo que las firmas no se junten", reiteró el jefe comunal. El jueves llevó al Tribunal Superior una presentación en este sentido. Fuentes judiciales adelantaron a Clarín que el planteo le será rechazado. Los jueces Julio Maier, José Casás, Francisco Lozano, Ana María Conde y Alicia Ruiz se reunirán a las 3 de la tarde del miércoles que viene. Ayer por la mañana recibió el expediente el procurador general de la Ciudad, José Luis Mandalunis, un ex fiscal del Crimen designado en su cargo cuando el jefe de Gobierno era Fernando De la Rúa. En su oficina explicaron que el Tribunal le fijó plazo hasta las 12 del mismo miércoles para presentar su dictamen, que de todos modos no es vinculante. El miércoles, la Justicia decidió habilitar el proceso preparatorio del referendum a pedido de abogados particulares. Estos deben conseguir la firma de por lo menos 519.598 personas para que el referendo revocatorio se realice; si lo logran, luego tienen que conseguir el voto del equivalente al 20 por ciento del padrón, nada menos que 1.298.996 boletas. Por el carnaval, lunes y martes será feriado para todo el Poder Judicial local. En el plenario del miércoles, el Tribunal va a resolver dos cosas más: la entrega de las planillas para la recolección de firmas —que quedaría para el jueves a última hora— y si incluye en ese eventual referendo al segundo de Ibarra, Jorge Telerman, como pidió otro abogado. En el Gobierno porteño se entusiasman con que la votación —obligatoria— se celebre en abril o mayo. El plazo para juntar las firmas es de un año como máximo; completado ese trámite, la Justicia tiene 3 meses más para chequear la validez de las adhesiones y convocar al comicio. Bajo este precepto, Ibarra aspira a acallar las voces que -no sin razón- sostienen que el plebiscito revocatorio es una estrategia del Jefe de Gobierno para ganar tiempo y mantenerse en el cargo. De este modo, el referéndum se realizaría no antes de Abril, con los efectos de la tragedia de Cromagnon ya casi desvanecidos de la opinión pública. "Estos son momentos que marcan un antes y un después", comentó ayer Ibarra a radio Continental. Luego recurrió a una expresión campera: "Que sea pato o gallareta. Si es no, no estoy un segundo más en el cargo. Pero si es sí, vamos con la fuerza que da ese respaldo para hacer todo lo que tengamos que hacer". Por último, el jefe comunal repartió elogios y críticas. Por un lado, habló del "compromiso con la gobernabilidad" del ex presidente Eduardo Duhalde, quien puso a Juan José Alvarez en el gabinete porteño. Y por otro, dijo de Mauricio Macri que en esta crisis "perdió una oportunidad de mostrarse como estadista". El temor de Ibarra es precisamente, que la posibilidad del referéndum le sea negada, y la "bronca" ciudadana termine siendo absorbida por la Legislatura, lo que podría desembocar eventualmente en un juicio político. El plebiscito, de serle favorable, amotiguaría el impacto negativo que Cromagnon tuvo en su Administración, y podría entonces acallar los intentos por removerlo del puesto de Jefe de Gobierno. No obstante, poco pueden esperar los porteños de un juicio político efectivo llevado adelante por la Legislatura, ya que es conocido que ningún legislador está exento de las responsabilidades derivadas de la corrupción del sistema político que rige los destinos de la Ciudad.