Las autoridades retoman el control del penal en Córdoba
Finalizó el motín que protagonizaron reclusos del penal de San Martín, en la Provincia de Córdoba. Estos habían tomado rehenes y reclamaban mejoras en el presidio y conmutación de penas, en algunos casos.
21 de Julio de 2010
El sangriento motín que sin dudas pasará a escribir otro renglón amargo en los temas importantes de la Argentina de este año, llegó a su fin y el conteo de víctimas llega a 8 muertos y un número aún no determinado de heridos.
Entre los fallecidos se encuentran un policía de la Provincia de Córdoba, dos guardiacárceles -que habían sido tomados como rehenes por los internos-, y cinco reclusos.
El inicio de la violenta toma del penal se había iniciado en la tarde del jueves, durante el horario de visitas. En ese momento, un grupo de reclusos de alta peligrosidad logró reducir a los guardiacárceles, tomarlos como rehenes, y luego acceder a las secciones de armamento del penal. Familiares de reclusos también pasaron a engrosar el número de rehenes.
El episodio continuó con los presos exhibiendo los rehenes ante la prensa -incluso hiriéndolos "en vivo" con cuchillos- y solicitando que mejoren las condiciones carcelarias. Otros solicitaron también una conmutación de penas, algo que el gobierno provincial se encargó de rechazar.
Al comienzo de las negociaciones, otro grupo de presos intentó escapar en una camioneta pero no tuvieron fortuna, ya que fueron detenidos en un tiroteo con Gendarmería y el vehículo chocó contra un muro. Los ocupantes fueron detenidos inmediatamente.
Entre los efectivos policiales heridos, muchos de ellos exhibían heridas de bala y aún resta determinar si los presos efectuaron disparos con fusiles de asalto FAL, que se hallaban dentro del penal.
También está pendiente un examen acerca del papel que tuvieron algunos familiares de los reclusos, siendo que se dio a entender que había la posibilidad de que les acercaran armas de fuego y armas blancas en los momentos que tenía lugar la visita.
De aquí en adelante, el desafío para las autoridades nacionales -que en todo el proceso temieron que se produjeran motines en otros presidios- será resolver qué tipo de castigo debe imponerse a reclusos que, como en este caso, estando condenados a cadena perpetua, inicien amotinamientos y cometan nuevos homicidios durante los incidentes de su autoría.
Y tanto la actual Administración como las futuras deben encarar también la imperativa necesidad de construir nuevos penales, para así descomprimir la situación de colapso que atraviesa por estos momentos el sistema penitenciario nacional.
El Ojo Digital