Nuevas derivaciones sobre el tráfico de cocaína en Southern Winds

Sin dudas, el episodio de los kilos de cocaína incautados a Southern Winds aparece en un mal momento para la Administración Kirchner, pues abre la puerta para inéditos roces entre el actual gobierno y los Estados Unidos. No mucho tiempo atrás, la DEA (Drug Enforcement Administration, el organismo de control de drogas estadounidense) había publicado informes en los que se removía a la Argentina de la lista de países de "tránsito" de estupefacientes, para ubicar al país en la lista menos envidiada : la de las naciones con importantes niveles de consumo de drogas ilegales. En este caso particular, el descubrimiento de la red que estaría manejada por los titulares de la aerolínea invita a los argentinos a volver a la realidad : ningún gobierno democrático de los últimos años tomó medida alguna para detener este flagelo; lo que es más, siempre estuvo fuera de toda agenda y esto sólo logró convertir al país en más atractivo para esta peligrosa actividad. El caso Southern Winds no envía otra señal al mundo que la que habla de autoridades complacientes con el problema de la droga, que va de la mano con la alta porosidad de las fronteras argentinas, ya se hable de personas, mercancías e incluso aeronaves. Una cantidad como la confiscada en esta oportunidad -66 kilos de cocaína de alta pureza- es similar a la que las autoridades incautan en un año. Y a este respecto, la sentencia del juez interviniente, que señaló que "debieron existir otros cargamentos, pues nadie hace sólo una entrega de este estilo una sóla vez", son interesantes pero inquietantes a la vez. Organismos estadounidenses habían advertido, además de cambiar de calificación a la Argentina para pasarla a nivel de "país de consumo", que la Administración Kirchner había tomado unos cuantos meses atrás la decisión de remover a la cúpula de la Gendarmería Nacional. Y los integrantes de dicha cúpula eran precisamente funcionarios que ostentaban importantes récords en confiscación de drogas anualmente. Pero llama la atención como, en los últimos 3 años, no hubo incautación de cargamentos importantes. Para los estadounidenses, fue como si Gendarmería hubiese dejado de actuar en este sentido, y se hubiera abocado a tareas de vigilancia fronteriza únicamente. La conclusión de DEA y funcionarios de Washington dedicados al seguimiento del narcotráfico en América Latina, fue que "alguien" debió beneficiarse con estos cambios y que correspondía, de ahí en más, tener "bajo la lupa" a los nuevos responsables del combate al flagelo de la droga en nuestro país. Volviendo al caso de Southern Winds, es inevitable considerar que en el Aeropuerto de Ezeiza hay poco más de una docena de personas dedicadas a la búsqueda de drogas y explosivos, una cifra incomprensible a la hora de lidiar con la revisión de equipajes de miles de personas que viajan diariamente vía nuestro aeropuerto internacional. Cabe preguntarse también, si acaso la Policía Aeronáutica no tiene una importante cuota de responsabilidad en el problema, y más teniendo en cuenta que en su momento muchos de sus funcionarios se vieron comprometidos en casos de "arreglo" con la denominada "mafia de los taxis" que acosaba a los conductores y pasajeros de vehículos en la terminal del Aeropuerto Jorge Newbery. No sería difícil imaginar la escasa resistencia que opondría tal institución ante traficantes, que cuentan con recursos monetarios más atractivos. Hoy por hoy, no se puede decir que la Argentina sea una narcodemocracia, como los casos conocidos de México y Colombia. Pero tampoco puede decirse que no lo sea. Tanto los medios como los ciudadanos comunes vivimos bajo un manto de desinformación al respecto. Muy poco se conoce acerca de operativos y políticas estratégicas en el sector. Días atrás, la presente Administración lanzó un bosquejo de estrategia a largo plazo para combatir el flagelo, pero las posibilidades de éxito en esta guerra son bajas, si no se modifica la legislación para hacerla más dura, y si las campañas antidrogas continúan siendo inexistentes como en la actualidad. La desidia de los políticos seguramente tuvo una cuota importante al hablar de las causas de este creciente mal. La dirigencia política nacional se ha autojustificado para no hacer nada, porque desde hace años se venía calificando al país como "de tránsito" de drogas en vez de calificárselo de "país de consumo". Semejante extrapolación puede hacerse con respecto del problema de la inseguridad, ya que las mismas autoridades han dejado descansar el problema por años, basándose en el estilo de vida "pacífico" de los argentinos y los bajos niveles de criminalidad que exhibían los números. Sin dudas, es ya demasiado tarde para devolver a la Argentina a la "tranquilidad" de 15 o 20 años atrás. Pero de ninguna manera se debe bajar los brazos ante estos desafíos, y el Estado debe revalorizar las políticas represivas -bien entendidas- de que dispone, así como también insistir en el uso de instrumentos poderosos de propaganda que puedan ayudar a alejar a la sociedad -y principalmente, los más jóvenes- de este flagelo. Los argentinos "con memoria", todavía recordamos las derivaciones del caso "Operación Langostino", en el cual individuos de múltiples nacionalidades fueron sorprendidos con cientos de kilos de cocaína disimulados en cajas de langostinos y mariscos que tenían destino de exportación. El juez federal interviniente en su momento, el Dr. Daniel Piotti, liberó a la veintena de acusados demorados, por "falta de méritos",-a pesar de haber sido capturados con la mercancía "in fraganti". Y el trabajo policial y de las fuerzas de seguridad, que llevó casi dos años de investigación, resultó finalmente inútil. En Estados Unidos, las penas que les hubieran correspondido a los responsables por idéntico caso hubieran sido de cadena perpetua sin posibilidad de fianza ni excarcelación. Hay casos similares para citar. El ex juez Piotti continuó su carrera en la política, bajo las órdenes del ex Presidente Eduardo Duhalde, relacionado por investigaciones periodísticas independientes con el tráfico de drogas a gran escala. Las señales que emite la Argentina al mundo no son precisamente alentadoras, cuando se habla de la lucha contra las drogas.