Amenazan a la fiscal del caso Southern Winds

En tanto, la fiscal María Gabriela Ruíz Morales, quien ayer fue recusada por dos de los imputados en el caso y provisariamente fue reemplazada por otra fiscal, se mostró contrariada ya que no podrá intervenir en la causa, ante la posibilidad de que el juez federal Carlos Liporace resuelva mañana la situación de los directivos de SW. En declaraciones a Crónica TV, Ruíz Morales dijo que las amenazas se incrementaron a partir de la declaración del policía federal Andrés Machado, quien trabajaba para la empresa SW y dijo haber sido enviado a España para investigar el contrabando de los 60 kilos de cocaína en cuatro valijas. Un día después de haber estado en el despacho de la fiscal, el policía denunció ante la Justicia que el secretario de Ruiz Morales, César Cabrera, lo presionó para que involucrara en la causa a algún funcionario del gobierno en el "narcoescándalo". La fiscal denunció públicamente hoy el incremento de amenazas a partir de entonces: "Son amenazas telefónicas a mi domicilio particular, a la fiscalía, seguimientos en autos desde que llego al edificio y salgo y durante el día. También hubo seguimientos a mi secretario y llamados a su domicilio", dijo. "Evidentemente a alguien molesto, porque si no no estaría tan denunciada, tan perseguida, no me estarían llamando por teléfono", manifestó Ruiz Morales, sin hacer referencia a de dónde cree que pueden provenir las intimidaciones, aunque los seguimientos, tal como se describieron, se muestran idénticos a los utilizados por la Secretaría de Inteligencia (S.I.). En otro orden, la fiscal dijo haber sido notificada de la recusación en su contra planteada por Marcelo Verdino y Flavio Cañoto, gerente comercial y jefe de base de SW en España, quienes consideraron que Ruiz Morales evidencia una "enemistad manifiesta" hacia ellos. Al respecto, la fiscal dijo que es el juez Liporace quien debe resolver si se hace o no lugar al planteo que los empleados de SW realizaron con la representación del abogado Martín González del Solar. Ruiz Morales subrayó que hasta que no se resuelva su pedido de apartamiento de la causa, no puede intervenir en el expediente y que en caso de que Liporace resuelva mañana la situación procesal de los principales directivos de SW, no podrá apelar la medida. En forma provisoria, Ruiz Morales fue reemplazada por su colega Alicia Sustaita, quien desde hace años interviene en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. La recusación será analizada el lunes próximo durante una audiencia que Liporace mantendrá con la fiscal y con el abogado. Tras la audiencia, el juez tendrá 48 horas para resolver si la fiscal sigue o no interviniendo en la investigación. En el escrito al que accedió Télam, el abogado pidió al juez que "aparte" de su rol de representante del Ministerio Público a Ruíz Morales por entender que tiene "enemistad manifiesta" con sus clientes e "interés en el proceso", lo que a todas luces constituye una estrategia para deslindar a sus defendidos de la causa y entorpecer la investigación. También remitió una copia de la solicitud al Procurador General de la Nación, Esteban Righi. El letrado afirmó que tomó conocimiento de que la fiscal "habría incoado un expediente sumarial, sustanciado en forma paralela a la causa original y por los mismos hechos que en ella se investigan, violando abiertamente las garantías constitucionales del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio". El abogado aseguró que esa causa paralela se tramita a "sus espaldas", impide "el debido control de la prueba" y resulta "perturbadora del normal equilibrio que debe existir entre las partes de un proceso judicial". González del Solar detalló que la fiscal habría ordenado la citación del policía Machado a pesar de que ya había sido interrogado por el juez, lo que a su criterio demuestra "un absoluto desdén respecto de la actividad procesal ordenada por el tribunal".