Argibay, en la vereda opuesta a Blumberg

Horas antes de disertar sobre justicia penal internacional y derechos humanos en el paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, la ministra brindó una conferencia de prensa en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de esa casa de altos estudios. Ante los medios de comunicación de la Ciudad, la jurista adelantó parte de los ítem que detallaría en su disertación sobre derecho penal internacional, derechos humanos y cómo han sido recibidos y programados en materia de los procedimientos de la Corte Penal Internacional que están empezando a funcionar. Sobre la situación en el sistema penitenciario, que tuvo su pico de explosión recientemente en el penal de Coronda, en Santa Fe, Argibay aseguró: “La superpoblación carcelaria se resuelve sin prisión preventiva” y consideró que el actual panorama en los penales representa un “atentado contra los derechos humanos de los detenidos”. Además, sostuvo que “no deberíamos tener presos procesados. Es un abuso y está en contra del principio de inocencia consagrado en la Constitución Nacional”. En otro de los razonamientos esgrimió que “para tener menos personas en las cárceles es necesario que aquellos que están procesados no estén allí”. “Nuestros principios constitucionales enuncian que los presos deben estar según ciertas condiciones que, evidentemente, no se cumplen”, dijo, para luego rematar que “la situación carcelaria es un atentado contra los derechos humanos de los presos”. A todas luces queda evidenciada la sospecha de que tales declaraciones por parte de Argibay buscan como objetivo una mayor exposición mediática. Pero no puede dejar de observarse que la ministra expresa en sus ideas, la intención de retroceder en lo logrado en materia de seguridad, mediante el desprocesamiento de delincuentes -incluso aquellos que fueran sorprendidos in fraganti-. Los incipientes logros alcanzados hasta el momento gracias a la presión de Blumberg y muchos ciudadanos, podrían desvanecerse rápidamente. No es necesario imaginar un escenario de inseguridad en el país más grave que el actual, y la forma en que se vería potenciado de continuar la tendencia de la dirigencia política de observar con mayor interés los derechos de los criminales, frente a los derechos de los ciudadanos que son víctimas de los primeros. Pero lo verdaderamente interesante sería conocer si tal prédica en pro de los derechos "humanos" de la delincuencia tienen base o apoyo en la ciudadanía. La "causa" en cuestión jamás ha sido motivo de movilización por parte de ciudadanos; precisamente, los pedidos para el endurecimiento de las leyes -como ocurre en gran parte del mundo- y de mejoramiento de la Justicia en el país, se han visto reflejados abrumadoramente en las expresiones públicas del ingeniero Juan Carlos Blumberg. Fue también el mismo Blumberg quien se expresó reiteradas veces para que se proceda a la construcción de nuevas cárceles y desarrollo de nuevas políticas que no constituyan escuelas de delito para los internos, sino que por el contrario, ayuden a rehabilitar al delincuente para que pueda reintegrarse a la sociedad como un miembro productivo. En el caso particular de Argibay, cabe preguntarse si su principal impulsor para la Corte -el Presidente de la Nación Néstor Kirchner- acaso comparte la misma visión garantista para con el delito. Si tal suposición fuera cierta, poca esperanza queda entonces para los argentinos.