Incorrecta decisión de Kirchner de condonar deuda a Uruguay por US$ 80 millones

El gobierno de Néstor Kirchner prometió ayer al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, que se va a condonar una deuda de 80 millones de dólares que Ancap mantiene con la AFIP argentina. Kirchner también le garantizó a Tabaré Vázquez, durante un encuentro que compartieron en la Casa Rosada, que "no habrá problemas" en la provisión de energía desde la Argentina a Uruguay. La visita no oficial de Tabaré Vázquez también sirvió para que se conforme una comisión bilateral que analizará las consecuencias ambientales que podría ocasionar la instalación de una fábrica de celulosa sobre las márgenes orientales del río Uruguay. Luego de la reunión en el despacho presidencial de la Casa Rosada, que se extendió por casi media hora, Vázquez y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron los alcances de la visita del uruguayo. Allí quedó establecido que la Argentina finalmente aceptó el pedido del Gobierno uruguayo de condonar una deuda de casi 80 millones de dólares que la empresa de hidrocarburos estatal de ese país, Ancap, tenía con la AFIP. "La deuda quedó en cero", dijo con una sonrisa Vázquez, quien había planteado este pedido hace dos meses, cuando asumió el nuevo Gobierno de Uruguay, que siempre consideró esa deuda "fuera de lugar". Por otra parte, el jefe de Estado de Uruguay se llevó el compromiso de la Argentina que su país no sufrirá ningún tipo de restricciones en el suministro de energía, y aclaró que ese aspecto la actitud es para beneficio del "pueblo uruguayo". Otro de los temas que surgieron de esta agenda en la visita no oficial de Vázquez fue el pedido del Gobierno argentino de que se tomen los recaudos para no crear un alto impacto ecológico en la zona de Entre Ríos ante la iniciativa de Uruguay de instalar en las costas del río de ese nombre una planta de celulosa de origen extranjero. Vázquez escuchó esta preocupación de boca del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, quien se sumó al encuentro presidencial en el tramo final del cónclave, según informaron fuentes gubernamentales. Por eso el presidente uruguayo anunció la creación de una comisión para analizar el tema. Una comisión de la que no se esperan resultados concretos, como ha ocurrido reiteradas veces en la realidad política argentina. De todas formas, dejó en claro que si bien la comisión tiene un lapso de 180 días para dar su balance de la cuestión, la instalación de la planta de celulosa -que según dijo cumple con las normas vigentes en Europa de cuidado ambiental- no se detendrá. "Queremos achicar todos los márgenes de posibilidades de que exista algún impacto ambiental, pero esta planta es de última generación y es la misma que está instalada en Finlandia y cumple con todos los requisitos de seguridad de Europa", enfatizó. En esa línea, el mandatario uruguayo fijó posición al señalar que en la Argentina existen tres fábricas de celulosa, dos sobre el río Paraná y otra en Misiones, que "son más antiguas y tiene otros procedimientos con respecto al cuidado ecológico". Finalmente, Vázquez dijo que "no está prevista" la apertura del "secreto bancario" de Uruguay, ante un pedido que en su momento realizó la Justicia argentina, y dejó en claro que si esto sucede será solamente para "analizar a los deudores internos" de su país. En el almuerzo con los empresarios en el Hotel Sheraton, participaron los argentinos Carlos De la Vega (Cámara de Comercio), Alberto Alvarez Gaiani y José Funes de Rioja (Unión Industrial), Norberto Peruzzotti (Asociación de Bancos de Argentina), Luis Corsiglia (Caja de Valores) y Julio Werthein (Bolsa de Comercio), entre otros. El mandatario estuvo acompañado por una importante comitiva integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano; de Economía, Danilo Astori; de Industria, Jorge Lepra; de Turismo, Héctor Lescano, y de Transporte, Víctor Rossi. En definitiva, el presidente uruguayo Tabaré Vásquez no sólo abandona la Argentina con todos sus objetivos cumplidos de condonación de deudas y de aseguramiento de provisión de energía por parte de nuestro país, sino que también se lleva una nueva muestra argentina de la tradicionalmente débil forma en que el país defiende sus intereses frente a conflictos con países limítrofes. La cuestión específica de la condonación de la deuda de US$ 80 millones es claramente inconstitucional, pues el Poder Ejecutivo está imposibilitado de decidir sobre cuestiones del fuero penal económico, cuyos tribunales son los que deciden en última instancia sobre la obligatoriedad de las contribuciones de las empresas radicadas en el país. Oportunamente, la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- presentó y justificó debidamente la causa que involucra a los US$ 80 millones que la empresa uruguaya ANCAP debía abonar al Estado argentino en concepto de impuestos. Tal suma constituye una cantidad ciertamente elevada en los tiempos actuales que transita el país, y el Presidente parece haberse olvidado de la crisis económica al momento de decidir sobre la ilegal condonación.