Inseguridad y realidad política

Más allá del promocionado "exceso" del comerciante Carlos Ranno, quien en 2003 ejecutó a un delincuente que había entrado en su hogar para robar -pero que trató de atropellarlo-, la sociedad actual percibe con resignación que el funcionamiento actual de la justicia en la Argentina actúa con demasiados desaciertos. Hay la percepción que, tanto la política como la justicia, se han asociado con fin incierto para hacer más difícil la vida del ciudadano que, en última instancia, es a quien deberían servir. El derecho a la legítima defensa en el país está abiertamente coartado, y a la vez sorprende la rapidez y la eficiencia de la justicia argentina a la hora de condenar al ciudadano a quien las circunstancias transforman en un "justiciero". Por el contrario, el delincuente es considerado con incomprensible benevolencia, y al momento de enfrentar a un juez, no sólo cuenta con los derechos que se derivan de la Constitución, sino que en esa instancia parece contar con todavía mayores posibilidades de evadir penas o castigos. De tal suerte que hoy muchos jueces consideran al delincuente como "una víctima" de las circunstancias, adhiriendo al pensamiento del teórico francés Michel Foucault -pensamiento que solamente es llevado a la práctica en la justicia de la Argentina-. Pero no hay la misma consideración con la víctima de un delito, sobre quien cae todo el peso de la ley si se da el caso en que debe defenderse. La percepción actual de la ciudadanía es que la política debe beneficiarse de alguna manera con el actual estado de cosas. Esta percepción no alcanza solamente a la cuestión de la pobreza -explotada en función de favores políticos- sino también a la inseguridad. De ahí que se piense que muchos elementos de las distintas policías extraen "tropa especializada" de los grupos de delincuentes que hoy pululan por muchas zonas "liberadas" del país. Y la mala policía hace las veces de, de más está decirlo, ejército privado o guardia pretoriana de la política. Es la misma política que se escuda en motivos falsamente relacionados con los derechos humanos, para no dar prisión efectiva a quienes cometen delitos. Obviamente, no se puede encarcelar a quienes puedan servir para los más variados propósitos. Y de esto puede dar cuenta el mismísimo Servicio Penitenciario, cuyos niveles de corrupción son antológicos. Los mismos medios de comunicación son cómplices en este dantesco escenario, y lejos de proceder a la denuncia pública, se quedan en la propaganda de los derechos del delincuente, ignorando que, en última instancia, es la misma ciudadanía la que sufre la peor fase del problema. Tal escenario es conocido de memoria por muchos sufridos ciudadanos del conurbano bonaerense, que deben convivir con la visión de verdaderos marginales que cruzan una y otra vez de las puertas de las comisarías de su barrio, para volver a cometer los mismos ilícitos, estrechando la mano del comisario de turno. Quien a su vez recibe los sobres de parte de las "manos derechas" de los intendentes de turno. Los mismos intendentes que sospechosamente se han opuesto a la posibilidad de que la ciudadanía elija a través de las urnas a sus comisarios -como en el caso estadounidense-. ¿Cómo podrían aceptar perder el control sobre su "tropa"? La realidad de la política en la Argentina condena al ciudadano a no cuestionar el funcionamiento de sus propias instituciones, lo condena a la resignación y a tolerar esta realidad. No es un tema menor destacar que es la misma democracia la que debe aportar una salida a este problema, y dado que tal salida no se vislumbra, es inquietante la percepción de la ciudadanía, que cada vez se ve peligrosamente invitada a considerar a la democracia como parte del problema y no de la solución. Es el ejemplo de la serpiente que se devora su propia cola. Números oficiales cifran las muertes en ocasión de robo o hurto anualmente en la provincia de Buenos Aires en el orden de las 2 mil personas. Cifra que en pocos años podría incluso duplicar al número de víctimas del Proceso de Reorganización Nacional. Seguramente, el motivo de futuras marchas en defensa de los derechos humanos estará muy relacionado a las víctimas actuales de la delincuencia -y de la mala política-, un número silencioso pero en constante crecimiento.