Sin castigo para la inmigración ilegal

A partir de una nota publicada el día domingo por el matutino La Nación, al respecto de los inconvenientes que genera a los vecinos de Puerto Madero la villa Rodrigo Bueno, surge la necesidad de tratar el tema de la inmigración ilegal desde un foco diferente. El caso particular del asentamiento Rodrigo Bueno es interesante, puesto que, levantado en plena reserva ecológica, se encuentra en las cercanías de Puerto Madero y sus vecinos ya expresaron su obvia preocupación. En tal asentamiento ilegal ya se encuentran viviendo más de 1,000 personas, y su número se halla en constante crecimiento, al tiempo que amenaza convertirse en una nueva "Villa 31", porque casualmente, ocupa terrenos muy valiosos. La Nación oportunamente ha informado que los consulados del Perú y Paraguay se ocupan puntualmente de escuchar a los habitantes de tales villas y de pedir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que "sus derechos sean respetados". El problema de la inmigración clandestina en la Argentina carece hace ya tiempo de solución. Lo que muy pocos ciudadanos saben al respecto es que Migraciones sólo devuelve a sus países de origen a menos del 10% de los inmigrantes ilegales. El problema principal corresponde a los ciudadanos de origen peruano, que de acuerdo a estadísticas oficiales son quienes participan de la mayor cantidad de ilícitos, cuando se compara las cifras con individuos de otras nacionalidades. A este respecto, el obvio rol que los gobiernos del Paraguay -también aportante de un importante número de ilegales- y del Perú es el de mantener a sus ciudadanos en suelo argentino, para que sus países eviten pagar el costo político de mayor desempleo y desocupación. Tales países, incluso impulsan la emigración de sus ciudadanos hacia la Argentina, puesto que conocen a la perfección el hecho de que los controles a nivel local son inexistentes. Cabe señalar, por nombrar sólo un ejemplo, que ni la Policía Federal Argentina ni cualquier otra fuerza puede detener a un individuo indocumentado -ni siquiera si se lo sorprende in-fraganti-. El procedimiento correspondiente es llamar a Migraciones, que se hace presente en el lugar y labra el acta correspondiente, pero de ninguna manera procede a la expulsión del delincuente. El destino del inmigrante ilegal no es otro que engrosar las numerosas villas de Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. Con el tiempo -dado que no es expulsado-, sus hijos serán argentinos, -a pesar de nacer en la ilegalidad-, y sus problemas de papeles serán solucionados. Aunque también se está viendo el fenómeno de que tal inmigración termina por constituír más tropa para piqueteros y grupos de choque de la extrema izquierda, siendo uno de los casos más claros el de los activistas que tomaron la fábrica Brukman y que terminaron expulsando violentamente a los verdaderos trabajadores. Un importante porcentaje de estos activistas eran de origen peruano. Otro factor a destacar es que la política argentina, normalmente devenida en "progre", obviamente no se ocupa de repatriar a la inmigración clandestina, porque sirve a sus propósitos de reunir muchedumbres para actos políticos de dudosa representación en la ciudadanía. El presidente peruano Alejandro Toledo, en su última reunión con el ex presidente argentino Fernando de la Rúa, se apresuró para que el argentino firmara un documento con la "inmediata" legalización de los inmigrantes ilegales peruanos, sin importar la situación en la que se encuentren. Lo propio han hecho los primeros mandatarios paraguayos de la democracia, cada vez que debieron reunirse con un presidente de estas latitudes. Por el contrario, el Paraguay ha sido siempre renuente a poner un fin a las mafias que, con protección de Asunción, operan en la Argentina y que se dedican al contrabando de mercaderías, automóviles importados, marihuana y más recientemente, cocaína a gran volumen. Existen numerosos casos disponibles para consulta de ciudadanos argentinos que fueron asaltados violentamente e incluso asesinados para hurtar sus vehículos que terminan del otro lado de la frontera. Incluso cabe recordar el caso de Christian Schaerer, el joven correntino cuyos secuestradores ya se está rastreando en Paraguay, como no podía ser de otra manera. Mientras tanto, la Argentina continúa financiando el insoportable nivel de corrupción relacionado con Yacyretá, empresa de la que obviamente la Argentina no tiene nada que ganar y que Paraguay ha convertido en su ventaja. Amén de la inoperancia de los funcionarios argentinos a quienes les tiembla el pulso para aplicar mano dura con las autoridades de estos países, corresponde realizar una revisión completa de las relaciones diplomáticas de la Argentina con estas naciones que exportan su pobreza y su delito.