Por qué León Arslanian debe renunciar

El ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, se refirió con duras críticas a la madre de Santiago Miralles, el chico de seis años asesinado en la localidad bonaerense de Canning, y acusó al empresario Juan Carlos Blumberg de especular con el dolor ajeno. "Blumberg especula tanto con su propio dolor como con el ajeno e, inequívocamente, con fines de promoción personal", acusó hoy Arslanian al padre de Axel, según un parte de prensa oficial distribuido aquí. El ministro aseguró que los padres del niño "dijeron desde un primer momento que la Policía (bonaerense) actuaba muy bien" en el caso, pero que "empezaron a cambiar, a girar" a partir de "su vinculación con Blumberg", con quien se reunieron esta tarde. Silvia Morales, madre del niño, se preguntó si Arslanian creía que "era prensa" la desaparición de su hijo y su posterior homicidio, en una casa vecina, en referencia a las declaraciones del funcionario, quien dijo que los medios de comunicación sobredimensionan el nivel de delitos. "¿Para él es prensa que hayan levantado una tapa entre más de una, dos, tres personas (para enterrarlo allí)? ¿Para él es prensa todo eso? Cómo se nota que él vive en un country con seguridad, que sus hijos viven con seguridad", dijo Silvia Morales. Arslanian aseguró hoy que el accionar de la policía local fue "absolutamente correcto" y remarcó que la fuerza "actuó desde el primer momento bajo la dirección de la Justicia". El Ministro Arslanián es, sin lugar a dudas, uno de los personajes emblemáticos de la vieja política argentina. Es parte de esa verdadera asociación ilícita de políticos que sobreviven con escalofriante impunidad a dar explicaciones sobre su desempeño. Polémico y siempre cuestionado por una ciudadanía a la que jamás ha sabido servir -y que olvida, paga su sueldo con sus impuestos-, Arslanian ha sido el motor de todas las purgas y reformas policiales que en última instancia finalizan con los mejores elementos de las fuerzas en la calle, y con los remanentes, trabajando en pobres condiciones. Seguidores de la tarea del ministro bonaerense recuerdan permanentemente los resultados de la reforma policial que Arslanian implementó en la provincia de Mendoza. Hoy, tal provincia, tiene uno de los más elevados índices de delitos en todo el país, muy cerca de la provincia de Buenos Aires. Y la corrupción policial mendocina no sólo no ha sido purgada, sino que sirve mejor que nunca al poder político local, de los más corruptos. Idénticos resultados nefastos ya se están viendo en la provincia de Buenos Aires, distrito donde es inevitable vivir con la propiedad enrejada, con alarmas y seguridad privada. Precisamente, es León Arslanian el autor de la orden emitida a los comisarios de la Policía Bonaerense para que no tomen denuncias de civiles en sus reparticiones. El objetivo : inducir a una baja de las denuncias, para que la Gobernación de Buenos Aires pueda seguir promocionando la charada de que "la inseguridad baja, porque las denuncias han bajado". Arslanian, cuando su caída era inminente, incluso armó para los medios el "salvamento" de Patricia Nine -como muchos medios independientes ya lo denunciaron-. Se recordará que el Ministro se encontraba cenando en un restaurant del conurbano y la misma Policía Bonaerense fue a buscarlo en helicóptero para llevarlo al lugar de los hechos -ya que había una nutrida presencia de periodistas-. Lo que pocos dicen, es que al día de hoy, Patricia Nine debe abonar un "seguro" a fuerzas policiales corruptas, para no volver a ser secuestrada. El ministro también fue oportunamente "enlatado" por los medios, cuando, en medio de una de las peores oleadas de secuestros en el distrito bonaerense, se escapó un fin de semana para pasar tiempo en un Spa de Punta del Este, Uruguay. Luego respondería, ingenuamente, que "tenía derecho a unas vacaciones", pero obvió declarar que prefirió ir al Uruguay para evitar a los medios. Pero este corrupto funcionario mostró verdaderamente su condición cuando trascendió que hasta había cobrado millones de pesos por sus "servicios" de purga y reformas de la Policía Bonaerense. Y cabe recordar, Arslanian es hombre del círculo del Presidente Kirchner. De ahí se entiende que tenga grandes motivaciones para criticar a los ciudadanos que han sido víctimas de la inseguridad. Así lo hizo también Alberto Fernández, cuando -en incalificable actitud-, se trenzó en pelea mediática con la señora Susana Garnil, residente de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, quien había sido secuestrada. Recordar los "hitos" del Ministro de la Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, León Arslanian, es de enorme importancia, ya que corresponde contribuir al habitante de tal distrito y recordarle quiénes son sus funcionarios. Recientemente, el sitio web Seprin.com dejó trascender el lobby del impresentable ministro para lograr ingresar a la Corte Suprema de Justicia. Obviamente apoyado por el Presidente para tal faena. Si llegara el día -y en El Ojo Digital esperamos que no- en que tal ingreso se haga realidad, podremos gritar "Bingo!" con tranquilidad, sabiendo de antemano que nuestra Corte Suprema terminó de cubrir las vacantes disponibles para ineptos. La Corte Suprema ya cuenta con acérrimos defensores de los derechos de asesinos y violadores (Eugenio Zaffaroni -y que dicho sea de paso, continúa sin poder negar sus vínculos con el Cartel de Juárez), y abortistas y declarados enemigos de la Iglesia Católica (Carmen Argibay, también muy comprometida con los elementos locales que aprueban el terrorismo internacional y particularmente a ETA). Lamentablemente, el reclamo de seguridad de los argentinos parece continuar vagando por el limbo de las promesas incumplidas, a la sombra de debates ideológicos impropios que tienen por objetivo evitar discutir la cuestión, para ganar tiempo... Ganar tiempo ¿Para qué? Al Congreso de la Nación -que se rasga las vestiduras cada vez que se habla del tema inseguridad porque teme violentar las innumerables garantías de la delincuencia, su tropa- siguen concurriendo legisladores con dietas que llegan a $15,000 (la parte en blanco) mensuales y que siguen sosteniendo que matar con un arma calibre 22 no es un delito tan grave como matar con un 9 milímetros. Llegó el momento de preguntarse si nuestras instituciones acaso han olvidado que quienes financian su funcionamiento son los ciudadanos de bien y no los delincuentes.