El juicio por jurados no conviene a la vieja (y actual) política

Por primera vez ciudadanos comunes deberán decidir respecto de si el hecho existió o no y si el autor material aparentemente responsable es o no el imputado; un sistema que elude el modelo anglosajón de jurado, pero que poco conviene a la política argentina actual, acostumbrada a explotar en su beneficio a jueces dependientes del poder de turno. Yendo específicamente al caso cordobés, "el jurado técnico (los miembros del tribunal) deberá resolver sobre la cuantía de la pena", explicó el secretario de la fiscalía que acusará en este debate, Ricardo Sánchez. El fallo resultará de la votación entre los jurados populares y dos de los miembros de la Cámara, reservándose el voto del presidente para el caso de desempate. Los fundamentos de la sentencia serán redactados por el presidente de la Cámara. El secretario de la Cámara del Crimen de San Francisco, Ricardo Martín, afirmó por su parte que "para decidir si una persona es o no culpable no es necesario tener conocimiento de derecho, simplemente hay que tener sentido común". Martín explicó que "este jurado está integrado para ciertos delitos específicos: homicidio agravado, secuestro extorsivo, homicidio con ocasión de tortura, homicidio con ocasión de robo, delito contra la integridad sexual". Las cuatro mujeres y los cuatro hombres que integran el jurado popular, y que cobran $50 diarios por participar del debate, más los miembros del tribunal oral, juzgan a Víctor Fernando Luna, por el delito de "homicidio agravado por alevosía", que prevé penas de hasta reclusión perpetua. Apenas comenzado el debate, el defensor del acusado, Carlos Martínez Cherini, pidió al tribunal y a los miembros del jurado la posibilidad de realizar una inspección ocular en el lugar donde se desarrollaron los hechos, hace más de dos años. Así, los miembros del tribunal, los ocho integrantes titulares y los cuatro suplentes del jurado, más el fiscal Víctor Hugo Pezzano, se trasladaron al lugar y verificaron dónde se produjo el crimen. Tras regresar a los tribunales, la audiencia continuó con la declaración testimonial de los policías que participaron del procedimiento. Según medios de la provincia, el juicio oral a cargo de los jueces Hugo Roberto Ferrero, Cristian Requena y Mario Comes se extenderá hasta el viernes, cuando se escuchará el veredicto de los integrantes del jurado y, eventualmente, la sentencia. La implementación de este tipo de debates surgió tras la sanción de la Ley provincial 9.182, del 22 de septiembre del año pasado, que impulsa la participación de jurados populares para juzgar casos de corrupción y de delitos aberrantes. La participación de jurados populares en los juicios orales era uno de los puntos del petitorio que presentó Juan Carlos Blumberg, petitorio ciertamente resistido por el Congreso de la Nación -institución hoy oscurecida por los elevados índices de corrupción que se observan en sus cámaras y por la absoluta indiferencia con que sus miembros de pavonean ante el abismo que los separa de la sociedad-. En el primer juicio oral cordobés fueron designados como miembros del jurado popular Norma Rueda, Silvana Iñíguez, Norma Gallo, Ana Paulí, Adrián Gagliardi, Mauricio Suárez, Luis Daniel Cassol y Gabriel Mathiev. Como suplentes, fueron designados Carina Andrea Rosso, Belkys Espiñeira, José Alfredo Murra y Raúl Alberto Cabrera, quienes también tienen que estar presentes durante la realización del debate. Una observación objetiva al respecto del sistema de juicio por jurados deja en claro que tal sistema jamás se implementará masivamente en la Argentina. Ocurre que una justicia independiente -en donde los ciudadanos decidan la culpabilidad de un imputado y donde el juez ya no pueda aplicar un criterio garantista para liberarlo de culpa y cargo-, no conviene a la política argentina. La dirigencia argentina -y el poder de turno- están harto acostumbrados a manipular al sistema judicial argentino mediante la colocación "a dedo" de jueces obedientes. A partir de una implementación efectiva y masiva del sistema de juicio por jurados, los criminales del conurbano bonaerense que gozan de protección política -y de los jueces locales- ya no podrían hacer de las suyas porque el magistrado perdería su discrecionalidad para liberarlos y garantizarles absoluta impunidad, como sucede hoy día. Los jueces que en la provincia de Buenos Aires trabajan codo a codo con policías e intendentes corruptos para garantizar inseguridad y que continúen los robos de hacienda o cuatrerismo -por nombrar sólo un ejemplo-, ya no podrían contar con su clásica "tropa" que se lleve los animales. El piquetero que interrumpa el tránsito por vigésimoquinta vez no podrá volver a hacerlo, escudándose en cuestiones relativas a "los derechos humanos". Idéntica situación sería irrepetible para los manifestantes callejeros que, abusando del escrache, dañaren físicamente a terceros o sus propiedades mediante pintadas o simplemente arrojando objetos contundentes. El abogado corrupto -versado de por vida en la defensa de delincuentes comunes y de guante blanco-, ya no contará con el beneficio de obtener parte del "botín" de su defendido, porque éste botín ya no podría ser "compartido" con el juez responsable de su liberación. En definitiva, el llamado "juicio por jurados", constituye una verdadera amenaza para la política argentina, acostumbrada al uso de la patota y vicios cada vez más aggiornados. Próximamente, el lector deberá esperar durísimas reacciones del establishment político contra el nuevo sistema. Políticos, intendentes, diputados, senadores, abogados, jueces y hasta presidentes llamarán a la cautela, para que el sistema caiga en lo posible en desuso. Incluso atacarán a la idea corporativamente, con la esperanza de -en el peor de los casos- retrasar en 20 años su implementación.