Escasa condena por homicidio en el primer juicio por jurados

Después de tres jornadas de juicio oral, los integrantes del jurado -un ama de casa, una empleada comercial, una comerciante, una perito caligráfica pública, un ingeniero contratista, un estudiante universitario, un camionero y un empleado de comercio- no lograron un fallo unánime. Estos ciudadanos, oriundos de San Francisco, tuvieron que decidir respecto de si el homicidio existió, y si el autor material aparentemente responsable fue el imputado. En tanto, el jurado técnico tuvo a su cargo la responsabilidad de la cuantía de la pena. Luna fue juzgado por la muerte de Marcos Brito, ocurrida el 5 de julio de 2003 en un confuso hecho en el que, según la causa, el imputado le disparó a la víctima desde el techo de la carnicería de su padre, en esa ciudad. Desde el crimen el imputado se mantuvo prófugo, hasta que en diciembre de 2004 fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la Justicia. En los alegatos del juicio, el fiscal Víctor Hugo Pezzano pidió que el acusado fuera condenado a 14 años de prisión, aunque consideró insólitamente que el crimen no fue cometido con alevosía, como se determinó en la instrucción de la causa. Por su parte, el abogado defensor, Carlos Martínez Cherini, sostuvo que no había pruebas para condenar a Luna, ya que "ni siquiera se había encontrado el arma", y como no podía ser de otra manera, pidió su absolución por "el beneficio de la duda". Martínez Cherini -como es lógico- anunció luego que apelará el fallo ante la Cámara de Casación. El juicio por jurados se implementa para juzgar delitos como homicidio agravado, secuestro extorsivo, homicidio en ocasión de tortura, homicidio en ocasión de robo y delitos contra la integridad sexual. Aunque, para involucrar verdaderamente a la sociedad en la administración de justicia, su implementación debería extenderse a una más variada gama de delitos, y así lograr una más rápida resolución. La concreción de este juicio oral y público motivó la atención de los foros judiciales de todo el país, ya que el empresario Juan Carlos Blumberg -cuyo proyecto fue tomado en Córdoba por el gobernador José Manuel de la Sota- planteó la necesidad de implementar esta modalidad en el nivel nacional. Precisamente el padre del joven Axel Blumberg, víctima de un secuestro y asesinato, asistió a parte del juicio y reclamó a Néstor Kirchner que se acelere el tratamiento del proyecto en el Congreso nacional. El Presidente Néstor Kirchner y sus funcionarios se expresaron reiteradas veces y con vehemencia ante la implementación de este sistema, debido principalmente a la extracción garantista que su gobierno siempre ha revelado. En Córdoba ya se habían empleado jurados populares en juicios, pero la novedad de este sistema radica en que hasta el momento no habían sido mayoría respecto de los magistrados a la hora de votar por la inocencia o la culpabilidad del imputado. El jurado popular estuvo integrado por Norma Rueda, Silvana Iñíguez, Norma Gallo, Ana Paulí, Adrián Gagliardi, Mauricio Suárez, Luis Daniel Cassol y Gabriel Mathiev, mientras que los integrantes del tribunal fueron los jueces vocales Cristian Requena y Mario Comes. Las cuatro mujeres y los cuatro hombres que integran el jurado popular, y que cobran $50 diarios por participar del debate, comenzaron el lunes a trabajar en la causa y una de las primeras diligencias fue una inspección ocular realizada en el lugar del crimen, a pedido del defensor del acusado. Este inédito juzgado comenzó ayer a deliberar a las 14.30 y salieron a presentar el fallo a las 18, después de haber intercambiado la votación en tres oportunidades. Finalmente, la sentencia fue resuelta por mayoría, con lo cual no hizo falta el voto del presidente, Hugo Ferrero. Tras el juicio, Luna señaló: "Este jurado no me ha favorecido en nada. Soy totalmente inocente, en ningún momento disparé (contra Brito) y no sé quién fue" el homicida. No obstante el enorme progreso que podría darse en la justicia argentina luego de la implementación del nuevo sistema, lo concreto es que, para que garantice en forma más completa la seguridad de la ciudadanía, debería venir acompañado de un incremento importante en las penas otorgadas. La idea es dar menos margen de maniobra a los jueces argentinos de extracción claramente garantista, a la hora de liberar a los acusados. El programa también requiere de la implementación de un sistema federal de protección de testigos, para garantizar la seguridad de los jurados participantes.