El Gobierno pierde más votos, dada su inacción frente a la huelga en el Garrahan

Los huelguistas de extrema izquierda del hospital Garrahan -disfrazados con el insólito título de "trabajadores no médicos- aprobaron en asamblea un nuevo paro de 48 horas durante jueves y viernes de esta semana, ante la falta de una nueva propuesta de las autoridades nacionales a sus demandas laborales. El jueves habrá un acto y una marcha en apoyo a los huelguistas que impulsan agrupaciones estudiantiles, docentes universitarios, delegados ferroviarios y de subterráneos -todas ellas agrupaciones de extrema izquierda-. Los autodenominados "trabajadores" tomaron la decisión de continuar con los paros tras abandonar la “mediación” del juez penal José Ramos Padilla, a quien calificaron de “incompetente” y de intentar “judicializar la protesta”, la clásica y a estas alturas pobre excusa para evitar el accionar de la justicia. El Ministro de Salud Ginés González García -reconociendo públicamente que el Gobierno no puede actuar ni resolver el conflicto- insistió en que “el paro es político”, mientras que Unicef envió cartas al ministro de Salud y a los delegados del hospital instando a que se respete la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. A la hora de la asamblea, convocada para ayer a las 13.30, los "trabajadores" del Hospital Nacional de Pediatría no habían recibido ninguna nueva propuesta oficial a sus reclamos y tenían tres mociones para ser debatidas: paro de 72 horas; paro de 24 horas y una tregua en las medidas de fuerza para encausar las negociaciones impulsadas por los dirigentes gremiales de ATE. Tras del debate, se aprobó mayoritariamente un paro de 48 horas. “El jueves y el viernes va a haber paro y el mismo día jueves, aniversario de la fundación de nuestro hospital, va a haber un acto junto a docentes, Conadu, delegados de subtes y TBA”, anunció el miembro de la comisión interna hospitalaria, el cuestionado Gustavo Lerer. Meguira reivindicó como única competencia judicial el fuero laboral, en la que la jueza Silvia Sayago dictó una medida cautelar que dejó sin efecto los telegramas que advertían sobre despidos a los huelguistas y una eventual decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. El protagonismo de Ramos Padilla –ex juez federal de Morón y militante radical– en el conflicto también fue rechazado por el fiscal en lo penal Augusto Troncoso, quien intentó sin suerte indagar a 13 enfermeros por el supuesto delito de abandono de persona. Otro juez penal, Eduardo Dafflis Niklison, fue el único que hasta ahora intervino para rechazar el pedido del fiscal. El letrado de la CTA tampoco dejó pasar por alto la abstinencia que tuvo el Ministerio de Trabajo de intervenir en la disputa. El accionar extorsivo de los empleados del hospital -infiltrados oportunamente por ATE-, tiene un claro efecto boumerang para el Gobierno del Presidente Néstor Kirchner de cara a las elecciones de octubre. La ciudadanía hace tiempo que percibe que la actual Administración actúa de manera timorata frente al conflicto y que no desea intervenir para solucionar el problema sanitario que enfrentan los pacientes del hospital. Por otro lado, el conflicto deja entrever que la denominada "conspiración" que funcionarios del Gobierno han denunciado existe realmente, pero que, como es evidente, no la promueve la "derecha argentina". El promotor está identificado, y no es ni más ni menos que la propia inacción oficial frente al fenómeno piquetero y a las tácticas gansteriles de ATE e incluso Hugo Moyano, con su bloqueo de supermercados y actitudes extorsivas. Cabe destacar que el mismo Gobierno de Kirchner ha bloqueado en reiteradas oportunidades el accionar de la justicia frente a estas cuestiones, algo que es obvio si se tiene en cuenta que el delito de extorsión se castiga con penas no excarcelables y a estas alturas, sus promotores pueden claramente ser sorprendidos "in fraganti" en sus delitos.