El Gobierno prepara fraude electoral en Corrientes

El "denunciador público" número uno de Corrientes, Amílcar Paladini, recurrió una vez más a la Justicia Federal y provincial para advertir que sectores del Gobierno Nacional estarían perpetrando un presunto fraude electoral. El ingeniero se basó en la publicación de un periódico correntino para denunciar que podría ejecutarse una maniobra para favorecer a los candidatos del Frente de Todos en las elecciones del 2 y 23 de octubre. El aludido profesional presentó sendas denuncias y pedidos de investigación penal sumaria ante el procurador fiscal federal de primera instancia y en la Fiscalía de Instrucción Nº 3 de la primera circunscripción judicial de la Provincia, a los efectos de que se investigue la posible maniobra fraudulenta en beneficio de los candidatos que integran la oferta oficial en las categorías nacional y provincial. En sus presentaciones, el denunciante manifiesta que tomó conocimiento de la operación que está en marcha a través del periódico 1.588 en sus ediciones del 16 y 19 de octubre en las que se da cuenta que se estarían utilizando los DNI que entrega el Registro Provincial de las Personas para concretar el hecho fraudulento. Paladini señala además que el gobernador Ricardo Colombi y el ministro de Gobierno Jorge Barrionuevo estarían al tanto del fraude a través del cual el Gobierno buscaría asegurarse el triunfo en los comicios del 2 y 23 de octubre. Según se publicó en el periódico antes mencionado, a principios de septiembre, el Registro Civil recepcionó 14 mil documentos remitidos por el ministerio del Interior a los cuales se les efectúa aquí las perforaciones y números. Estos son entregados diariamente en tandas de diez unidades y se sospecha que no siempre llegan a manos de sus verdaderos dueños. Por otra parte, se advierte en la denuncia de marras que hasta la fecha no se cumplió con el paso previsto en la Ley provincial 5.209 que consisten en entregar los soportes informáticos de los padrones electorales a los partidos políticos intervinientes, y que asimismo se violó la Ley Electoral nacional porque no se fijó con treinta días de anticipación cual sería la organización pública o privada que se encargaría del procesamiento de los cómputos informáticos en el comicio provisorio y en el definitivo,lo que conduce a conjeturar que la adjudicación se formalizaría a la empresa “del reconocido gangster (Enrique) "Coti" Nosiglia, llegado en los últimos días a esta ciudad con un ejército de veinte seleccionados mafiosos, duchos en estas lides”, consignó Paladini. Para este último hay datos significativos que deben analizarse en el marco de la denuncia planteada, como por ejemplo que se licenció a casi todo el personal que trabaja en el Registro de las Personas y se contrató en esos puestos a allegados al gobernador y al partido gobernante. Por otra parte se habría detectado que más de nueve mil personas estarían en condiciones irregulares de sufragar, entre ellos presos de la Cárcel Penitenciaria cuando se sabe que los mismos no votan y electores habilitados con doble domicilio en esta provincia y en el Chaco. Según Paladini un procedimiento similar se concretó en el 2001 en esta provincia y el responsable en esa ocasión fue el entonces interventor Ramón Mestre quien habría acordado con el ex ministro radical Enrique Nosiglia “un contrato electoral mafioso”. El nombrado además de formalizar la denuncia penal por probable fraude electoral, responsabilizó por las mismas al gobernador Colombi; al ministro de Gobierno, Barrionuevo; a la juez electoral, María Herminia Puig a los integrantes de la Junta Electoral Permanente Provincial y al titular del Juzgado Federal, Carlos Vicente Soto Dávila. Solicitó además que en carácter de testigos se cite a la diputada Lucila Vallejo Añasco; al abogado Rómulo Rinaldi y al director del periódico 1588, Daniel Solmoirago.