Horacio Verbistky remueve al titular de Gendarmería Nacional

Trascendidos informaron que Horacio Verbitsky -asesor y amigo del Presidente Néstor Kirchner- impulsó la remoción de su cargo al jefe de la Gendarmería Nacional, Pedro Pasteris, al sospecharse su posible responsabilidad en secuestros y desapariciones de terroristas sucedidas durante la pasada dictadura militar (1976-1983) en la zona fronteriza con Brasil, donde estaba destinado entonces. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, confirmó hoy esta decisión (aunque como es lógico, no informó que el origen del pedido fuera Verbitsky, como lo señalan importantes fuentes) después de un fin de semana en que salieron a relucir nuevos datos sobre el funcionamiento de un centro clandestino de detención en la finca La Polaca en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, donde habrían sido trasladados varios guerrilleros en la frontera común con Brasil y algunos de ellos en la Operación Cóndor. Pasteris fue director nacional de la Gendarmería desde noviembre de 2004, pero entre 1980-1983 estuvo a cargo de la Sección Puentes de Paso de los Libres. Se sostiene que no podía ignorar lo que hacían los gendarmes que detenían a las víctimas previamente "marcadas" por personas secuestradas y llevadas al lugar para reconocer a sus compañeros de militancia guerrillera. Son nueve los casos que investiga la justicia de Corrientes y todos están desaparecidos. La sospecha en este caso -que deberá ser comprobada- impactó en el gobierno, ya que Pasteris había tenido hasta ahora una "conducta irreprochable" en su actual cargo, según dijo el ministro. En 2004 Kirchner removió a 12 de los 16 comandantes de la Gendarmería y nombró a Pasteris jefe de esa institución de seguridad. Los abogados de Paso de los Libres, Eduardo Molina Giacchetti y Jorge Olivera -vinculados a organizaciones de derechos humanos y grupos de izquierda y querellantes en la causa que investiga el centro clandestino La Polaca- dijeron que trabajan sobre los oficiales de inteligencia del ejército que operaron en el lugar; "vamos a avanzar. No se puede soslayar la responsabilidad de ningún jefe". La confesión, primero escrita en forma de anónimo, de un ex agente de inteligencia Carlos Waern, fue lo que dio la pista a la tarea comenzada hace 20 años por el abogado Molina Giacchetti, quien finalmente pudo descubrir dónde estaba ubicada la finca La Polaca, alquilada por el ejército y convertida en una cárcel clandestina, donde podría haber muchos más desaparecidos, incluso uruguayos y brasileños. En julio pasado en Montevideo, el ex titular del Ejército, General Martín Balza, reconoció la existencia de la Operación o Plan Cóndor durante las dictaduras del Cono Sur, destinada "a golpear los bolsones de resistencia contra esos gobiernos en toda la región" como informó este periódico en su momento. También se informó sobre los nuevos datos que revelaban archivos descubiertos en una aduana en Paso de los Libres, que funcionó como centro de detención e identificación de militantes guerrilleros de izquierda -y autores de numerosos atentados con bomba en los que fallecieron civiles- en los años 70. Según las declaraciones de Waern, del ex Servicio de Inteligencia del Ejército por ese centro clandestino de detención habrían pasado más de 200 militantes, operativos y dirigentes de la organización guerrillera peronista Montoneros, cuando él era guardia en el lugar. El episodio mencionado se inscribe en el capítulo ya conocido de los combates entre las Fuerzas Armadas argentinas y la guerrilla que derribó a la democracia en el país en la década de 1970. Estos episodios son explotados políticamente y en forma activa por la Administración Kirchner, a la vez que los medios ocultan la trama de los negocios millonarios del que participan supuestos familiares de "desaparecidos" -que en realidad eran mayormente peligrosos guerrilleros- e importantes estudios jurídicos. En la cuestión de los detenidos-desaparecidos, el color de dinero se ha superpuesto claramente, a lo que podía haberse caratulado como una causa justa. Pero los acérrimos defensores de los "derechos humanos" hoy son beneficiarios directos del sistema corrupto del Estado argentino, que reparte fondos ilimitados -en forma de "indemnizaciones"- entre listas interminables de parientes lejanos de la guerrilla setentista local.