La hipocresía en las críticas a Luis Patti

"Tuvo una actitud de valor al defenderse, porque el Estado no lo hace; se defendió y al valor hay que darle una medalla", dijo Patti, quien también opinó que "últimamente los derechos humanos no son más para los que trabajan, sino solamente para los que delinquen". La candidata justicialista Hilda "Chiche" Duhalde aseguró en declaraciones a Radio Continental, que la "justicia por mano propia es muy peligrosa" y buscó despegarse de las políticas de mano dura, aunque sostuvo su postura de no negociación y criminalización de los movimientos piqueteros. Los comentarios de Patti suscitaron una reacción de críticas hipócritas desde la política "progre" y desde sectores más conservadores del quehacer nacional. Pero lo que los políticos siguen sin acertar a vislumbrar es que la ciudadanía respalda la justicia por mano propia. Para cualquier ciudadano extranjero es más que complicado entender cómo en la Argentina, la policía no investiga robos de automóviles ni ataques contra la propiedad -delitos que son archivados en forma inmediata-, a la vez que los derechos de que dispone la delincuencia son, a todas luces, superiores a los del resto de la ciudadanía, acostumbrada al rol de víctima y que no tienen otra alternativa que vivir con sus propiedades enrejadas y bajo vigilancia de seguridad privada. Los niveles de inseguridad en la Argentina son los más elevados desde el regreso de la democracia, y el sistema no acierta a proveer soluciones ni contención a quienes son víctimas de la delincuencia común. El llamado Estado ausente en materia de seguridad es una realidad en grandes geografías, y en determinados sectores de la Provincia de Buenos Aires ya es imposible circular en horarios nocturnos sin sufrir asaltos o robos. La política de "inseguridad" promocionada por León Arslanián y el Gobernador Felipe Solá ha llevado a la democracia actual a promover liberaciones masivas de presos y a eliminar los registros de prontuarios de las comisarías locales, actitudes que a todas luces hablan de un corporativismo que utiliza a la delincuencia como "tropa" para "apretar" a rivales políticos o para dirigir negocios tales como desarmaderos de automóviles -muchos de ellos en manos de intendentes del Conurbano-. Pero sería inocente y en extremo ingenuo volcar toda la culpa por la presente situación en Felipe Solá, Arslanián, pretendidos "organismos de derechos humanos" y el espíritu garantista del Presidente Néstor Kirchner y funcionarios. Eduardo Duhalde es uno de los adalides de este sistema viciado que presiona a la ciudadanía para que continúe pagando impuestos, a la vez que comanda a hordas de delincuentes para que hagan de la provincia de Buenos Aires una auténtica zona de guerra. Quienes dirigen la producción de drogas y monopolizan el tráfico de armas en la provincia son los beneficiarios directos del uso de esta tropa. En este aceitado mecanismo, la justicia funciona como garante del desorden, a la vez que el Servicio Penitenciario es el brazo ejecutor que libera a los presos bajo condición de que "aporten" con parte del botín obtenido. Zonas como La Plata o City Bell destacan como los "paraísos" más notables a la hora de observar la actuación de los delincuentes. Y sugestivamente, la Policía Bonaerense continúa siendo desarticulada en forma planificada y sistemática, y sus referentes honestos son echados de la fuerza en forma de "purgas". En este contexto, las críticas lanzadas hacia Luis Patti no pueden ser vistas de otro modo que provenientes de un sistema prebendario y corrupto que se defiende. Un sistema que ya no sólo se conforma con la imposición de insoportable presión impositiva a la ciudadanía, sino que se ha metamorfoseado en una maquinaria maquiavélica que alimenta a la delincuencia y la utiliza para sus propios fines.