Felipe Solá, cuando la política se convierte en asociación ilícita

No son momentos de popularidad para Felipe Solá. Por estos días, es sabido que una gran mayoría de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires desaprueba su gestión, dados los interminables males que el gobierno provincial no ha sabido -ni sabe aún- enfrentar. En la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a estadísticas oficiales y privadas, ya han muerto un promedio de 3 mil personas anualmente debido a la inseguridad derivada de delitos violentos -robos de vehículos, asaltos a la propiedad, etc.-. La cantidad de personas fallecidas en estas circunstancias, desde el regreso de la democracia, ya ha superado largamente la cifra de las 8 mil personas desaparecidas bajo el Proceso de Reorganización Nacional. Pero el tema continúa fuera de la agenda. Felipe Solá es un gobernador polémico y ha sido cuestionado desde múltiples sectores por sus negociados con la pesca -cuestión que se remonta a la época en que se desempeñaba en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca- pero que perdura hasta estos días. Pero también tiene la poco sana costumbre de conseguir negocios "para los amigos", como ocurrió recientemente, en una licitación que tuvo como ganador a uno de sus funcionarios en el gobierno provincial. ¿En dónde radica la impunidad de Solá? Obviamente, en su cercanía al Presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Solá en su momento tomó partido por la causa kirchnerista, ni bien se veía venir que Duhalde se lo llevaría por delante, en el caso de una victoria en las recientes elecciones. Solá apostó y ganó. Kirchner lo necesitaba en la Gobernación, a los efectos de poder seguir de cerca los movimientos del poderoso polo de La Matanza. De paso, el actual Gobernador obtuvo del Presidente un compromiso para lograr mantenerlo en el poder, cueste lo que cueste, y suceda lo que suceda. El problema fundamental del territorio provincial es que los conflictos que la caracterizan son insolubles, simplemente porque su sola existencia es redituable para muchos. Analizando fríamente la cuestión, el lector incisivo concluirá irremediablemente que Solá no es parte de la solución, sino que es parte del problema. Los inconvenientes que más se observan bajo la lupa de la preocupación en el territorio bonaerense tienen que ver con el creciente tráfico de drogas, la inseguridad, la corrupción y la pobreza. El problema de las drogas tal vez sea el conflicto más meduloso, pues involucra a pobres y ricos de la provincia, a las fuerzas policiales, la justicia y la misma política que rige los destinos del territorio. Pocos días atrás, en una entrevista concedida al diario La Nación, uno de los jefes de policía de la división narcotráfico de Buenos Aires describía con lujo de detalles la operatoria de los carteles mexicanos y colombianos que ya se instalaron en la Argentina, a través del montaje de laboratorios para procesamiento de pasta base de cocaína que están "localizados en la provincia de Buenos Aires". El dato no es menor, pues habla a las claras de que la información relativa a las drogas se conoce y se sigue en detalle, pero en definitiva no se toman las medidas para erradicarlas. ¿Qué sucede en la provincia de Buenos Aires con el tema de las drogas? ¿Es justo decir que Eduardo Duhalde es el único administrador del "negocio"? ¿Qué está ocurriendo en los núcleos geográficos estratégicos de Zárate y Campana, que son zona de tránsito de incontables toneladas de blanco polvo cada año? ¿Por qué el gobierno provincial ha despedido a los comisarios que mejores resultados obtenían en cuanto a la incautación de drogas? ¿A quién estaban perjudicando? La bisagra por donde pasa principalmente la cuestión de la inseguridad es nada más ni nada menos que León Arslanian, a estas alturas un personaje siniestro e impresentable -pero para nada torpe-, que muy a pesar de su comprobada ineptitud, continúa exhibiendo con impunidad cifras de baja del delito que nadie cree, en presentaciones mediáticas que los contribuyentes sólo pueden leer como una tomada de pelo. Arslanián es un testaferro de la política y de lo peor de las mafias de la dirigencia actual, que ostenta haber participado en purgas policiales y reformas de la justicia en la provincia de Mendoza y ahora Buenos Aires. En el caso de Mendoza, la inseguridad explotó a niveles intolerables en cada uno de sus distritos. La "mala policía" se ha asociado a los caudillos políticos del territorio cuyano para hacer sus negocios sucios, y la primera se ha convertido en el brazo armado y guardia pretoriana de la segunda. Lo mismo ha ocurrido en Buenos Aires, luego de las purgas policiales de Arslanián -quien, dicho sea de paso, ha cobrado millones de dólares por el "laburito"-. El amigo León se ha caracterizado por despedir a los buenos policías y castigarlos cuando progresaban en el combate del delito, para reemplazarlos con aquellos que se comportaban demasiado bondadosamente con los intereses de turno. La normativa de la Policía Bonaerense actual es no aceptar denuncias de ciudadanos -por instrucciones "de arriba"-, a la vez que evita investigar profundamente en cuestiones relacionadas al tráfico de drogas. Para no hablar de los negocios de la quiniela clandestina, cuyas apuestas son levantadas en muchos casos por comisarios. El problema es que Arslanián es un hombre de Kirchner. Y, -¡oh, sorpresa!- también de Eduardo Duhalde. Hasta cierto punto, es el trago amargo que Felipe debe tolerar. Pero también es correcto apreciar que Solá poco ha protestado ante la inserción del mencionado personaje. Arslanián no se detendrá hasta lograr un puesto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación -gracias a gestiones del Presidente en persona-, y ese día podrá decirse que los políticos argentinos habrán dado el tiro de gracia a la administración de justicia en el país. Arslanián se lleva todas las palmas, pero ningún análisis estaría completo si se dejara de lado a "su amable recaudador de impuestos" -citando aquel capítulo de la Pantera Rosa-, el subsecretario de Ingresos Públicos Santiago Montoya. El señor Montoya acaba de anunciar un risible incremento para los impuestos del campo, medida que desde luego no será vista con simpatía desde el sufrido sector agropecuario, que desde tiempos inmemoriales financia los vicios de la dirigencia de turno, sólo porque es uno de los polos exitosos del país. Montoya, un individuo de tinte medieval en lo que respecta a su actividad, ve en todo evasor de impuestos a un delincuente que debe ser castigado en formas peores que si fuera un asesino en serie. Es, desde el primer minuto de su gestión, el "cajero" de la política provincial, y su tarea ha ayudado en gran medida para que la Administración Kirchner engrose su caja política. Pero Santiago Montoya no discrimina entre los "evasores" : castiga mediáticamente de la misma manera al industrial poderoso que al señor de la humilde casa de la esquina que debe un año de Rentas, porque se cansó de los aumentos y estos definitivamente lo han exprimido. Quienes viven hoy en la provincia de Buenos Aires deben vivir diariamente con el miedo a ser tiroteados, secuestrados, torturados, violados, asaltados, y sobre que no existe quien los proteja, ven sus impuestos incrementados todos los años. Aquellos que se cansaron de la inseguridad de sus respectivos barrios y se mudaron masivamente a barrios cerrados en la zona norte de la provincia, fueron inmediatamente considerados como delincuentes de prontuario por Montoya, para quien su intención era únicamente evadir al fisco, cuando en realidad sólo querían paz para ellos y sus familias. El castigo para ellos fue un incremento de hasta el 200% en sus pagos de Rentas. ¿Acaso le corresponde a Montoya pavonearse de un comportamiento digno de la IRS (Internal Revenue Service, la durísima administradora de impuestos de Estados Unidos), cuando los contribuyentes de su provincia no ven el menor de los beneficios de pagar? Cuando los impuestos pagados no regresan en forma de mejoras a la población, el único camino es la desobediencia civil. Pues es aquí cuando el poder político se metamorfosea en una asociación ilícita que debe ser enfrentada en algún momento. La mala política que hoy llevan Felipe Solá, Arslanián y Montoya sólo puede ser atacada al mejor estilo militar : cortando sus suministros. Y tales suministros es el dinero que fluye hacia la caja. ¿Qué podrían decir, sino, los abuelos que cobran $200 de jubilación, y que encima deben soportar ser blancos de los más cobardes delincuentes, siempre amparados por la política de "derechos humanos" impulsada por Solá? ¿Acaso no vale lo mismo para la gente del campo, agobiada por el cuatrerismo y los delincuentes violentos que ingresan a sus propiedades y los despojan de todo lo que han trabajado con esfuerzo? Pues ni Solá ni Arslanián han hecho nada para desarticular la red policial-política-judicial que trabaja en conjunto para robar ganado y faenarlo ilegalmente -en sitios que son propiedad del propio juez de la zona-. Si algún dueño de campo se atreve a interponerse, o bien cae bajo una lluvia de balas policiales, o bien es torturado y "adoctrinado" para que no vuelva a oponer resistencia. Que los jueces en persona son dueños de sitios de faena clandestina, es un dato conocido al dedillo por los residentes de zonas rurales. Las autoridades provinciales honestas -si aún quedan- podrían investigar esta cuestión en localidades como Rojas o Alejandro Korn, y se llevarán más de una sorpresa. Tal es el escenario de la Provincia de Buenos Aires actual, en donde sus ciudadanos son considerados como kelpers o ciudadanos de segunda por la Gobernación. Lo que importa es que la ciudadanía siga creyendo que "no hay alternativas", y que continúe aportando para la caja. En lo que respecta al señor Felipe Solá, él conoce a la perfección que es denostado hasta el hartazgo por sus propios conciudadanos, pero la provincia no es la Capital Federal. Aquí, lo que la gente opine no importa, y las encuestas de opinión son dibujadas hasta por niños de jardín de infantes. Así se ha encargado de aceitar el sistema la política "felipista" : gracias a los regalos para los habitantes carenciados y otras dádivas. Pero a Solá, el tiempo se le termina. Llegará el momento de utilizar hechos concretos para esgrimir el ser una mejor alternativa. La estrategia del Gobernador, hasta el momento, ha sido promocionar hasta el cansancio su habilidad para esquivar los golpes del duhaldismo. Pero del mismo modo que no se puede vivir del amor, tampoco se puede vivir de frases hechas que a nadie sirven. Eso es mediocridad, y eventualmente se le pasarán todas las facturas juntas.