Caso García Belsunce: la Justicia en versión country

Hoy, la investigación está paralizada. No hay detenidos ni procesados. El juez de la causa, Diego Barroetaveña, desacreditó la pesquisa realizada por el fiscal Diego Molina Pico, quien acusó al esposo de María Marta, el financista Carlos Alberto Carrascosa, de ser uno de los autores del crimen. Molina Pico, tras 16 meses de investigación, apuntó a un móvil: las conexiones que habría tenido el matrimonio -y su entorno íntimo y familiar- con el lavado de dinero del narcotráfico y el Cartel de Juárez. Recientemente, el juez separó al fiscal del caso al aceptar el pedido de los abogados de Carrascosa y otros parientes y allegados sospechados del crimen o su encubrimiento. Por su parte, Molina Pico apeló la medida y la cuestión quedó en manos de la Cámara Penal de San Isidro. Barroetaveña es el mismo juez que un 11 de abril de 2003 había ordenado la detención de Carrascosa bajo el cargo de homicidio agravado y que 42 días después le concedió un régimen de prisión preventiva morigerada que le permitió volver al country y gozar de absoluta libertad. Sin embargo, la morigeración otorgada por Barroetaveña, tras recorrer todas las instancias judiciales, finalmente fue anulada por la Suprema Corte de la provincia. Pero el fallo del máximo tribunal bonaerense no fue cumplido. Escándalo El 2 de julio de 2003, la defensa del viudo también consiguió apartar al presidente de la Cámara Penal de San Isidro, Fernando Maroto, quien había ordenado a Barroetaveña que cumpla con lo dispuesto por la Suprema Corte y detenga inmediatamente a Carrascosa. El juez, para seguir desoyendo el fallo de la Corte, sólo tenía dos alternativas: dejarle la causa a otro magistrado o levantar la prisión preventiva que le había dictado al viudo 14 meses antes. Así, con la misma pluma que había escrito la resolución para poner tras las rejas a Carrascosa, volvió a trazar en el papel la orden de liberarlo sin que mediaran otras pruebas que aliviaran su situación. Por qué lo hizo, aún es un misterio. Esto es sólo una pequeña parte del confuso enredo judicial que paralizó la investigación del crimen de María Marta García Belsunce y desató uno de los mayores escándalos judiciales que se recuerde en la provincia de Buenos Aires tras la restauración de la democracia. Como broche de oro, el 5 de julio de 2004, en el Consejo de la Magistratura y la Procuración bonaerense se iniciaron sendas investigaciones para determinar si la posible compra de una mansión por parte de Barroetaveña en un exclusivo country de la localidad de San Isidro se hizo con dinero bien habido. En esa maraña, donde la impunidad acecha, sonaron cada vez más fuertes las sospechas sobre tráfico de influencias y merodeó la sombra del Cartel de Juárez. En la provincia de Buenos Aires ya se habla de dos tipos de justicia: La justicia Blumberg, mucho más drástica y expeditiva, que sólo se aplica con los delincuentes comunes; y la justicia country, que únicamente se les concede a quienes puedan ejercer su refinado influjo en los laberintos del poder y pagar abogados duchos en esas tareas. Disparos en la tormenta El drama que segó la vida a María Marta García Belsunce estalló en su propia residencia en el paquete country Carmel de la localidad de Pilar, a 55 kilómetros al norte de Buenos Aires y a 245 de Rosario. Fue un poco después que se desatara una tormenta de viento y lluvia. Esa tarde jugaban Boca y River en La Bombonera y luego Independiente y Rosario Central en Avellaneda. En la casa se encontraron tres manchas de sangre, que no pertenecen a la víctima. Pese a que habían sido profusamente lavadas, aparecieron como pequeñas salpicaduras en una pared y en la alfombra de la antesala del baño de la planta alta, donde ocurrió el asesinato. Pero los rastros no fueron descubiertos por la familia ni sus allegados, quienes sostenían que la mujer había muerto tras patinar en la bañera, sino que se detectaron tres días después del homicidio, al realizarse una pericia ordenada por el fiscal Molina Pico. Las salpicaduras se revelaron ante la luz ultravioleta tras la aplicación del reactivo químico Luminol, en una pericia de la Policía Científica. María Marta fue velada en la casa, en su propia cama, tal vez con los orificios de bala obturados con la Gotita. Al personal de la funeraria no se le permitió tener contacto con el cuerpo. La familia y sus allegados aseguran no haber visto nada raro durante el velatorio a pesar de haber encontrado un plomo calibre 32 largo debajo de la víctima, que luego resultó ser la sexta bala que le había rozado el cráneo. Dijeron que era un "pituto" de estante de biblioteca. Más adelante, mediante una pericia, se supo que la sangre de la alfombra y las paredes pertenecía a dos hombres y una mujer que serían los presuntos asesinos. La familia insistió siempre en la teoría de que María Marta fue asesinada por un ladrón furtivo, un vigilador del country o un ex vecino con antecedentes de hurtos. Hasta ahora, el juez Barroetaveña sigue sin autorizar los exámenes forenses para comparar el ADN de los sospechosos con los patrones genéticos de las manchas halladas en la casa. Algunos creen que la respuesta a esa postura del juez habría que buscarla en la calidad de los sospechosos que se negaron reiteradas veces a someterse a una extracción de sangre y las influencias que detentan sus reconocidos abogados en el foro.