OPSM desmiente relación con fraude de encuestas en Misiones. Un repaso al sistema de control de masas ejecutado desde el kirchnerismo
El management de la encuestadora OPSM se comunicó con El Ojo Digital a los efectos de desmentir una publicación de nuestro medio en relación a su participación en los fallidos pronósticos electorales de Misiones. El caso misionero y las encuestadoras bajo la lupa. Por qué se vuelve necesario prohibir la revelación de encuestas de opinión mucho tiempo antes de los procesos electorales.
21 de Julio de 2010
El Ojo Digital había tomado nota de sus fuentes en el Gobierno Naciona, que informaron erróneamente que la consultora OPSM había realizado trabajos preelectorales en las elecciones misioneras pasadas, que dieron como ganador -contra todo pronóstico- al obispo Joaquín Piña.
Sin embargo, y luego de revisar la información, nuestro medio ha rectificado el texto, dado que, efectivamente, OPSM no tomó parte en las mediciones polémicas que pronosticaban un triúnfo del gobernador kirchnerista Carlos Rovira.
En aquella oportunidad, un grupo de encuestadores de opinión -todos ellos de relación cercana con el Gobierno Nacional- habían anticipado una victoria categórica del polémico gobernador aliado del oficialismo. Finalmente, los resultados fueron lo opuesto, y Piña resultó vencedor.
El fiasco de Misiones reveló la manipulación que encuestadores y consultores de opinión llevan adelante en beneficio de un partido político determinado. Las empresas que cometieron groseros errores en sus pronósticos para Misiones fueron : Hugo Haime y Asociados, El Centro de Estudios de Opinión Pública -CEOP, dirigido por Roberto Bacman-, Ricardo Rouvier y el cuestionado Artemio López -que exhibió un margen de error de 28 puntos, inadmisible para cualquier empresa del rubro-.
Cabe destacar que las compañías mencionadas se caracterizan por una estrecha relación con el sistema de manipulación psicológica de masas que lleva adelante la Administración Kirchner, que está aceitadamente coordinado con el Grupo Clarín y algunos canales de televisión que -al igual que el diario de Ernestina Herrera de Noble- precisan de la pauta publicitaria oficial para sobrevivir. A pesar de su paupérrima tirada de 10 mil ejemplares diarios, Página 12 es el ejemplo más elocuente del lavado de cerebro prokirchnerista : el ideologizado periódico recibe no menos de $100 mil mensuales de parte del presupuesto de publicidad oficial, administrado a piacere por el cuestionado Alberto Fernández. Idéntico sistema de premios tiene lugar entre el Gobierno Nacional y la gran mayoría de encuestadores de opinión, que se hallan obligados a tomar ventaja de una oportunidad económica inmejorable y que, como toda empresa, también deben abonar el sueldo de su plantilla de empleados. El problema es que, a los efectos de recibir las sumas prometidas, las consultoras de opinión terminan siendo cómplices de un mecanismo diabólico que carcome la propia esencia de la democracia, a saber, garantizar la libertad de influencias negativas en la mente del votante frente a un proceso eleccionario.
En esta sencilla explicación reside la necesidad de poner un corte definitivo a esta manipulación declarada y descarada de la opinión pública : quien administra los cuantiosos fondos del Estado tiene, desde el principio, la ventaja electoral frente a cualquier competidor. La consecuencia directa de este mecanismo es la pobreza en la renovación de autoridades. Esta carencia en la renovación se traduce en más corrupción y mayor impunidad. El perjudicado es siempre el ciudadano.
Pero, al parecer, la impunidad es alimentada por los propios protagonistas. A partir de los episodios lamentables de Misiones, las encuestadoras mencionadas no han realizado jamás autocrítica alguna, a la vez que su comportamiento -que no procede ya del error, sino de la mala intención- tampoco ha sido penalizado. Definitivamente, estas empresas deben desaparecer del espectro del marketing político de la nación.
Se impone, claramente, la necesidad de limitar violentamente la liberación de encuestas -ya sean dibujadas o no-, al menos tres meses antes de cada elección. De esta manera, el elector tendrá la libertad y tranquilidad suficientes a los efectos de seleccionar el candidato que considere más conveniente a sus intereses.
A los efectos de que esta política de contención sea efectiva, también es necesario terminar con la vieja costumbre del COMFER -Comité Federal de Radiodifusión- de intercambiar multas por espacio publicitario televisivo y radial para los políticos de turno. Limitaciones de exhibición de propaganda política en la vía pública también son necesarias. En vista de la cercana elección para Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, no se comprende cómo el actual intendente, el "licenciado" Jorge Telerman, permite el empapelado grosero de afiches con su figura, al igual que la instalación de pasacalles que estorban claramente la visual de los conductores y que han ocasionado más de un percance al tránsito.
El Ojo Digital Política