Antonini Wilson ingresará al programa federal de protección de testigos estadounidense

Los últimos días de Alejandro Guido Antonini Wilson no tendrán lugar bajo el poco tolerante foco de la luz pública. Especialmente si se considera el peligroso mundillo en que se halla inmerso, pleno de intriga internacional, espionaje y corrupción : el famoso "valijero" de Chávez ingresará, eventualmente, al programa federal de protección de testigos americano. Es muy poco probable que se sepa con exactitud quién es Alejandro Guido Antonini Wilson, pero, sin temor a errores, puede afirmarse que no es ni ha sido espía, como lo intentan dibujar ciertos altos funcionarios del Estado argentino de pocas luces. Al menos, jamás prestó servicios para los Estados Unidos de América en condición de agente secreto. Precisamente, desde el kirchnerismo se sabe que Antonini Wilson no volverá a ser visto públicamente, y jamás podrá ser entrevistado por nadie. Es por ello que ha sido elegido por los involucrados en el Gobierno Nacional como blanco de sus críticas. Tal actitud no dista demasiado de culpar a los muertos, dado que ellos no pueden levantarse de sus tumbas para responder. Antonini Wilson reúne, por otro lado, muchas de las características que ya se han visto en los operarios de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención venezolana (DISIP) : perfil relativamente bajo, pocas fotografías públicas sobre su persona, alta disponibilidad de recursos financieros (generalmente de dudoso origen), demasiadas millas acumuladas como viajero frecuente y contactos gubernamentales de alto nivel. Del servicio secreto venezolano se sabe que su actividad ha venido incrementándose exponencialmente a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder, y más aún desde la nueva belle epoque que han significado los ingentes ingresos petroleros para el país caribeño. Los nuevos preceptos de la mentada "revolución bolivariana" precisan de los servicios de la DISIP para la promoción ideológica de las ambiciones chavistas, aunque el fin ulterior de la propuesta sean la expansión económica y el disimulado acaparamiento de los recursos naturales de repúblicas de ciertos países de la América del Sur. Ya hemos comentado desde El Ojo Digital los planes de Hugo Chávez para apropiarse de una importante porción del market share del negocio petrolero argentino, intentando echar a Shell antes y ahora a Esso, siempre en complicidad con ciertos sectores interesados del kirchnerismo. En el caso de la Argentina, los operativos venezolanos disponen de una más que discrecional libertad de movimiento y la forma de financiamiento de las operaciones locales casi siempre coincide con encuentros entre agentes en Ezeiza o en Aeroparque Jorge Newbery para la recolección de dineros, generalmente dólares o euros entregados en mano y en alta denominación. Desde luego, el relajamiento de los controles aduaneros argentinos favorece el movimiento de los espías de Chávez, y en el caso del Aeroparque Jorge Newbery, la triangulación se realiza vía Uruguay. El régimen chavista también ha puesto especial foco en el estado americano de la Florida, a partir del hecho de que en aquella región -particularmente Miami y sus áreas circundantes- se han establecido miembros influyentes de la clase alta venezolana y que, en ciertos casos, alimentan y financian operaciones antichavistas, idéntico fenómeno que se ha observado con los anticastristas de alto poder económico. En la calurosa y húmeda Miami, el FBI estadounidense ha venido monitoreando al detalle las operaciones de los agentes encubiertos del chavismo, y a partir del caso Antonini Wilson, todo parece indicar que a Washington se le ha terminado la paciencia. De acuerdo a los estatutos diplomáticos internacionales, las naciones deben declarar abiertamente la presencia de agentes de su servicio exterior en territorio extranjero. Estos movimientos, de igual forma, pasan casi siempre desapercibidos pues se llevan a cabo a través de embajadas y en estos casos se practica una utilización extensiva de la denominada "valija diplomática", no sujeta a controles aduaneros estándar. Alejandro Guido Antonini Wilson ha sido, de acuerdo a fuentes, operativo de los servicios de inteligencia venezolanos, y su panorama ennegreció cuando se vio envuelto en la oscura trama de relaciones entre Caracas y Buenos Aires. Tuvo la mala suerte de plantearse demasiadas dudas y, en ese interín, fue amenazado por operarios de la DISIP, enviados especialmente por Caracas para intentar silenciarlo. Mala suerte al comienzo, pero buena fortuna al final, Antonini Wilson fue monitoreado por agentes del FBI mientras era sutilmente "presionado" por los agentes venezolanos que hoy enfrentan al tribunal. La clave del caso es que el fin último de la presión era que Antonini no revelara que los fondos que trasladó a Buenos Aires en varios vuelos (y que totalizaban 4 millones de dólares) fueron utilizados como financiamiento para la campaña presidencial del oficialismo. De todos modos, no está clara la oferta del soborno de un millón en moneda norteamericana para comprar el silencio de Antonini Wilson : la cifra no representaba demasiado para el estilo de vida del personaje en cuestión. Sobre esto quedan aún ciertos puntos oscuros, pero habrá que creer en los elementos y las escuchas con que cuenta la fiscalía. De más está decir que un organismo como el FBI no opera en forma autónoma cuando se trata de temas tan sensibles como las relaciones internacionales. El Departamento de Justicia, contrariamente a lo que se cree en la Casa Rosada, ha procedido con extrema cautela y tratando de mantener la información relacionada con el gobierno argentino bajo llave. Igualmente, cierta información se ha filtrado a los medios, como siempre sucede, y aún está claro averiguar cómo es que tales datos han salido a la luz. De todas maneras, el involucramiento del Estado argentino con Chávez ha sido tan notorio a punto tal que este factor incluso debió ser investigado por las autoridades judiciales estadounidenses, a los efectos de cerrar el círculo de comprensión sobre el caso. El malestar de la Casa Blanca con el matrimonio presidencial obedece a la exagerada reacción que se ha visto de parte de dignatarios argentinos y las declaraciones impropias de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los organismos de seguridad del norte, puntualmente el FBI, sin dudas han procedido conforme a directivas superiores, ante lo complejo del caso. La orden inicial para la seguridad interior -esto está confirmado- ha sido, en un principio, no continuar tolerando los movimientos de los espías venezolanos en el sur de la Florida. En Estados Unidos, vale aclarar, las actividades de espionaje son monitoreadas por el FBI y también la CIA, y a este respecto, son conocidos los conflictos jurisdiccionales y las clásicas "envidias" entre los agentes de uno y otro lado. La diferencia fundamental para estos casos es que el FBI tiene poder de policía, mientras que la CIA carece de él. Retomando el caso del valijero, a Antonini no le ha quedado mejor alternativa que la de cooperar con las autoridades norteamericanas y la investigación judicial correspondiente. En el país del norte, las penas por espionaje son muy elevadas, sobre todo si se trata de actividades no declaradas. En Estados Unidos existen penas muy importantes que datan de la Guerra Fría y que no han sido modificadas. Antonini debió elegir entre cooperar y enfrentar cargos que le hubieran significado pasar no menos de 20 años en una cárcel federal, cuando no más. Es a partir de ello que su situación se presta especialmente para ser candidato para el programa federal de protección de testigos. Especialmente teniendo en cuenta que sus ex colegas podrían perfectamente recibir la orden de terminar con su vida. El programa federal de protección de testigos se denomina oficialmente Witness Security Program, o WITSEC, tal como lo llaman los agentes de las distintas agencias del gobierno americano. Fue autorizado inicialmente por el Acta de Control del Crimen Organizado en 1970, redactada frente al problema creciente del tráfico de drogas y las actividades ilícitas derivadas de las mafias en las ciudades más importantes de Estados Unidos. Desde su concepción, más de 7 mil testigos y más de 9 mil parientes o familiares directos de testigos han sido relocalizados para su protección. A todos ellos les han sido otorgadas nuevas identidades por el servicio de alguaciles, una agencia especializada del gobierno federal cuya denominación en inglés es el United States Marshals Service. El Programa ha sido reconocido como una herramienta invaluable en la guerra que el gobierno americano ha llevado adelante históricamente contra el crimen organizado. Se comenta oficialmente que, a partir de los testimonios brindados por personas protegidas, se ha obtenido una tasa de efectividad del 89% a la hora de poner en prisión a criminales llevados a juicio. Sin embargo, este éxito solo ha tenido lugar a partir de una bien planificada coordinación entre las agencias federales, el Departamento de Justicia y los magistrados. Quien decide si un testigo califica para el Programa es el Fiscal General, y tal decisión se basa en recomendaciones de fiscales de todo el país sobre determinados casos. No cualquier candidato que desee testificar califica para el programa. Una vez que un testigo califica para el ingreso, el personal del servicio de Marshals procede con el traslado del testigo y sus familiares directos desde la zona de riesgo hacia otra diferente, más adecuada para su protección. Tanto el testigo como sus familiares obtienen nuevas identidades con documentos auténticos. También se les provee residencia, cobertura médica, un nuevo empleo y el entrenamiento adecuado para realizarlo. El gobierno federal también provee al testigo de los fondos necesarios para su superviviencia hasta tanto no pueda independizarse en su nueva zona de residencia. Mientras dura el proceso judicial, el testigo es protegido por el servicio de Marshals y trasladado para prestar declaración por el mismo personal. Sin embargo, el gobierno federal puede revocar la protección al testigo y removerlo del programa, si percibe que el testigo protegido continúa realizando actividades ilícitas o si tomare contacto con personas de su entorno anterior. En la Argentina, la administración del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, intentó promover la creación de un programa similar pero la idea nunca superó la etapa de los borradores. Un programa similar solo funcionaría a partir de la creación de una agencia federal de policía superior a la Policía Federal Argentina. Este intento partió del Gobierno Nacional bajo la presidencia del Dr. Néstor Kirchner pero sucumbió ante la resistencia del poder corrupto de los gobernadores e intendentes del conurbano bonaerense, muchos de ellos acostumbrados a tener a las fuerzas policiales bajo su control y operación de actividades clandestinas de tráfico de drogas, desarmaderos de automóviles y similares. La creación de una fuerza federal que interviniera a las policías locales claramente hubiera significado la pérdida de aquellos negocios clandestinos y la pérdida de financiamiento para numerosas actividades políticas. El caso del "valijero" Alejandro Guido Antonini Wilson promete continuar drenando voluminosa información. Información que, mal que le pese a la Casa Rosada, seguirá desangrando a la polémica Administración de Cristina Fernández de Kirchner.