Imprescindible despido de la jueza Elena de Liberatori

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Con un desmedido afán de protagonismo mediático y una llamativa mala fe en sus decisiones -ya es evidente que sus fallos no son producto de la ignorancia-, la jueza Elena Liberatori de Aramburu ayuda a explicar porqué la Ciudad es, día a día, una metrópolis en la que desciende la calidad de los servicios que, como contrapartida de sus impuestos, reclaman los contribuyentes. La jueza Elena Liberatori de Aramburu considera que es mejor que nada cambie. Egoista hasta los tuétanos, la magistrada vive como todo funcionario de jerarquía: en un limbo, goza de una situación de privilegio, que le conceden y pagan los contribuyentes, a cambio de que ella dicte Justicia. Sin embargo, imitando a muchos pésimos gobernantes, Elena Liberatori de Aramburu cree que ella se encuentra en su limbo personal sin necesidad de dar cuenta de sus actos, y entonces decide frenar cualquier cambio, reinterpreta las leyes a su voluntad y decide demostrar quién manda en la Ciudad. La jueza Elena Liberatori de Aramburu se ha convertido en una extraordinaria socia de los sindicalistas: ellos defienden el statu-quo vigente, sus privilegios exacerbados, ¿y qué ofrecen? Una Ciudad desmejorada, que estafa a diario a miles de contribuyentes porque no les ofrece nada a cambio de cobrar más impuestos para, por ejemplo, pagarle los sueldos a la jueza Elena Liberatori de Aramburu y financiar la obra social que administran mal los sindicalistas. Un desastre. Con Elena Liberatori de Aramburu, al igual que con los sindicalistas, nunca habrá meritocracia, nunca se premiará a los más eficientes, y nunca la carrera de funcionario público tendrá posibilidades de incorporar a los más capaces. Ellos actúan porque temen que, en ese caso, probablemente no conservarían sus puestos. Pero hay conceptos muy graves en las absurdas decisiones de la jueza, acerca de la que hay que comenzar a preguntarse sobre su idoneidad para permanecer en el cargo. Bajo ninguna circunstancia puede considerarse que un contrato laboral en la administración pública puede asimilarse a una relación laboral permanente o efectiva. Por cierto que es una aberración porque si esto es así, los 2.400 empleados deberían ser pasados a planta permanente, y definir quién y cómo se les pagará. Pero hay algo más grave aún: ¿son esos 2.400 empleados los más idóneos para ocupar los cargos en forma permanente, tal como lo imagina la jueza Liberatori? Entonces, la magistrada invade ya el ámbito no solamente de la Justicia en lo Laboral sino la calificación de los recursos humanos de la Ciudad, para convertirse en quien decide quiénes y cómo gestionarán la metrópolis en la que ella es solamente, y por suerte para todos, una magistrada. La jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad Elena Liberatori ordenó ayer la reincorporación de 2400 empleados estatales cuyos contratos no fueron renovados por decisión del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Bajo el supuesto de que quienes cobran un contrato laboral provisorio se encuentran ?material y emocionalmente afectados?, y por eso deberían ser reincorporados es un concepto que conlleva a la eliminación del despido, o al menos a su limitación más extraordinaria. Liberatori establece, entonces, el vínculo laboral a perpetuidad, y sin necesidad de una legislación sino por la interpretación de una jueza que, sin embargo, para acceder a la difícil remoción de su cargo sí necesitó de una legislación. Es curioso que sindicatos como la sección Capital, de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la que salió gente como Germán Abdala, jamás reclamen por la honorabilidad de su trabajo, por la calidad del servicio, por la meritocracia en su función de manera tal que resulte motivo de orgullo la función pública. Mezquinos en sus intereses, pequeños en su enfoque, ellos sólo se aferran a extorsionar a los contribuyentes e incrementar sus derechos, a cuento de los muy discutibles "derechos adquiridos" que reivindican los burócratas cuando se sienten tambalear. La Ciudad tiene 120.000 empleados y si todos cumplieran su tarea con niveles de exigencia similares a los que se aplican en el sector privado, probablemente con esos 120.000 hasta podría cubrirse una fuerza policial propia. Es conocido que la mayoría de todos los contratados son favores que los gobernantes le realizan a quienes los han acompañado en el ascenso al poder y esperan que sigan colaborando con ellos. La jueza Liberatori ordenó que los empleados cuyos contratos no hubieran sido renovados fueran incluidos en el censo que promete realizar Mauricio Macri, que comenzará a realizarse el 1° de marzo próximo. Es ridículo, pero además demuestra que la jueza Liberatori intenta ubicarse del lado de ATE, en la puja sindical que hoy existe en la Ciudad. ATE festeja que, gracias a Liberatori, pudo conseguir lo que no pudo el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), que había levantado una medida de fuerza de 72 horas para sentarse a negociar con Macri. ATE pretende instalar que no hay nada que negociar y que los jefes de Gobierno de la Ciudad son tan prisioneros de los herederos de Abdala como lo eran de la Casa Rosada, y que la autonomía es papel higiénico. En verdad, ATE quiere demostrar que es posible la dictadura sindical, ya que ese gremio se jacta de no tolerar la burocracia sindical como Sutecba. Es grotesco que sea el secretario adjunto de ATE-Capital, Rodolfo Arrechea, quien acusa de autoritarismo a Macri por la decisión de no renovar contratos provisorios. Es peligroso que el sindicato considere que el trabajo bajo contrato temporario establece un vínculo permanente. Ahora el gobierno tendrá que incorporar a los trabajadores cesanteados hasta tanto la Cámara de Apelaciones se expida, en un plazo que demandará entre 20 y 30 días", según explicó el procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli. Mauricio Macri, en tanto, se encuentra furioso por el asesoramiento judicial que ha recibido él mismo hasta la fecha. Hay algunas cabezas que rodarán más adelante en este conflicto, probablemente luego de conocerse el resultado de la apelación que tratará la sala de feria, previa vista a la fiscal Daniela Ugolini. ATE instó a los trabajadores a que concurran hoy a sus empleos, con la resolución de la jueza Liberatori en mano, a fin de recuperar sus empleos. El secretario de Comunicación de ATE, Hernán Vázquez, prometió una movilización hacia Diagonal Norte y Florida. Y aparecieron en escena los que gobernaron mal la Ciudad durante los últimos años. Irresponsables como Raúl Fernández (hoy legislador por Encuentro Progresista), Diego Kravetz (¿no es el que fue acusado de conducta muy irregular por integrantes de HIJOS que le prestaron el dinero de sus indemnizaciones cobradas al Estado?), y obviamente Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires), quien opinó: "Macri va a tener que acostumbrarse a ser controlado". Por cierto que tiene razón. Pero hasta la masacre ocurrida en República Cromañón, Ibarra tampoco estaba acostumbrado a ser controlado. No es cierto el concepto del diario La Nación: "En la novel justicia porteña, creada en 2000, la magistrada se ha erigido en una adalid de los más débiles. Con sus fallos se puso, cada vez que pudo, en defensa de los más necesitados". No es una cuestión de quién es el más necesitado porque hay otros muchos miles de porteños que necesitan trabajo, y problemente sean más eficientes que los contratados despedidos. Resulta importante que Macri obtenga conclusiones positivas para su gestión del conflicto en curso, y pueda destrabar "la máquina de impedir". Si no lo consigue, su futuro político se enturbiará. Si lo consigue, habrá iniciado una gestión interesante.