Crisis del campo : la oscura estrategia del Gobierno Nacional. ¿Promovieron operadores del oficialismo la quema de pastizales? Objetivo : Alfredo de Angelis

En medio de la fuerte disputa que el Gobierno Nacional sostiene con el campo argentino, el clima político y social continúa enrareciéndose. Las noticias más recientes están lejos de ser alentadoras. Se conoció en las últimas horas que el gobierno -en la figura del, a estas alturas, insufrible Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno- aplicará la mentada "Ley de Abastecimiento" de cara a la escasez de cortes cárnicos y lácteos. Iniciativa que bien podría finalizar con la prisión de cientos de productores, ruralistas en general y propietarios de frigoríficos, y que data de los tiempos del proceso militar. En simultáneo, se conoció una investigación que el fiscal federal Guillermo Marisjuán se encuentra llevando adelante sobre la figura del mediático ruralista Alfredo de Angeli, catalizador no oficial, por estas épocas, de la furia del sector agropecuario contra la Rosada. La investigación podría terminar con de Angeli enfrentando cargos por intimidación pública, incitación a la violencia y otros cargos como acopio de armas. Todo lo cual ha terminado, finalmente, por revelar el siniestro mecanismo que la Casa Rosada y los círculos allegados al kirchnerismo han venido utilizando desde su llegada al poder en la República Argentina. Reveló El Ojo Digital hace menos de dos semanas que el acuerdo con el campo jamás llegaría, a partir del reconocimiento de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner del crecimiento exponencial de su imagen negativa en la ciudadanía (el rechazo a su Administración alcanza el 85%), y del hecho de que a la primera mandataria le sería poco menos que imposible dar el brazo a torcer luego de sus discursos confrontativos en la materia. Se intentó desde el oficialismo presionar a los principales referentes del campo no solo con el discurso embravecido y amenazador de Guillermo Moreno, sino también con maniobras fulminantes que partieron desde la AFIP cuyo objetivo era desnudar el porcentaje de trabajadores en negro que moviliza el sector para llevar adelante sus actividades. A la estrategia oficial se suma ahora el brazo judicial de la mano del fiscal Marisjuán quien, según se ha revelado en modo off the record a este medio, procede conforme a órdenes llegadas desde lo más alto del poder político. No se entiende la súbita preocupación de la Justicia por procesar a un manifestante que no le ha llegado ni a los talones a Hugo Moyano y al piquetero oficialista Luis D Elía en lo que a violencia se refiere. En la Argentina de Néstor y Cristina, al parecer, si se cuenta con el visto bueno oficial, hay vía libre para atacar a los ciudadanos a golpes de puño o con palos y con la cara tapada y tomar comisarías bajo el amparo de la más recalcitrante impunidad. En lo que a Moyano respecta, las actividades clandestinas relacionadas con el bloqueo de supermercados y el ataque virulento contra supermercadistas chinos están permitidas. Por si todo ello fuera poco, reveló el sitio web Seprin.com de Héctor Alderete en su edición del lunes pasado que el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estaría detrás de la quema indiscriminada de pastizales, a través de grupos de tareas que, habiendo estudiado previamente el escenario, seleccionaron cuidadosamente los puntos a quemar para que el humo afectara a la Capital Federal. Frente a esta novedad, el gobierno ya se vio obligado a desmentir la versión, aunque trascendió recientemente que cierto intendente kirchnerista de la provincia de Buenos Aires no solo habría tenido relación con las quemas, sino que el hombre rápidamente desapareció de escena y hoy no puede ser localizado. Se trata de Aldo Carossi, intendente de Baradero. Precisamente, también en las últimas horas, ruralistas y productores respondieron con dureza a las acusaciones del Ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien los responsabilizó abiertamente por la quema de pastizales. Las propias fuerzas de bomberos y de seguridad que participan de los operativos para terminar con los focos ígneos que quedan, reconocen por lo bajo que existe algo muy extraño en la quema de terrenos. Mientras tanto, la Presidente hace silencio sobre la cuestión, pero no duda en disparar una frase peligrosa : "los 297 incendios fueron intencionales". Cristina bien podría tener razón en su sentencia, aunque los indicios no apuntarían hacia donde ella cree -o le han hecho creer-. Apenas dieron comienzo los incendios, ya desde ciertos medios en Internet había partido la sospecha : tarde o temprano, la Casa Rosada sacaría provecho de la situación. Horas después, las pruebas sobre las extrañas circunstancias que rodean a la cuestión comenzarían a llegar en gruesa cantidad. Es que el panorama es muy sencillo de analizar. Sabía el gobierno desde hace al menos dos semanas que el acuerdo con los sectores agropecuarios sería imposible. Se inició desde entonces una fuerte e implacable campaña para demonizar al campo, primero por la vía ideológica -y relacionándolo con lo peor del Proceso de Reorganización Nacional-. Luego, la arremetida llegó por el lado de la Justicia, como ahora lo sabe bien Alfredo de Angeli. Se aprovechó la circunstancia para intentar una suerte de escenario de lucha de clases, que en la Argentina nunca ha tenido eco, dadas sus características únicas en la América Latina. Se acusó también a los ruralistas de evasión de impuestos y ahora se llega al extremo de acusarlos de querer subvertir el orden constitucional. Esta última idea cobrará forma en los próximos días, si acaso la situación llegara a deteriorarse aún más (y todo indica que así sucederá). Pues el ex presidente Néstor Carlos Kirchner no deja de fantasear con la aplicación de la figura del estado de sitio. Aunque para ello, el poder central debe contar con el apoyo irrestricto de las fuerzas armadas y de seguridad, que no tiene. Precisamente, frente a esta cuestión, se dio a conocer desde Internet que la Ministro de Defensa Nilda Garré citó al Estado Mayor Conjunto para que dé explicaciones acerca de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas niegue apoyo a la Casa Rosada ante un escenario potencial de estallido social. Información que fue sugerida por una fuente reservada de El Ojo Digital. Apuesta el Gobierno Nacional a poner de su lado a la ciudadanía en general, pero especialmente a las clases bajas y a los sectores artificialmente aislados por la política de los últimos diez años, los hambrientos que no pueden comprar leche a $3 el sachet. Se cree irresponsablemente desde el poder central que esta importante masa de personas -creadas, en esencia, desde ideólogos del Partido Justicialista, que siempre ha repartido miseria- tomará partido por Balcarce 50 y que, junto a piqueteros y pequeñas unidades armadas, enfrentarán a "oligarcas", "genocidas" y "blancos", representados por las clases medias y altas, los militares y el campo, si acaso pudiera uno darse el lujo de aplicarle liviandad a la identificación de los bandos en pugna en un país a la vera de una guerra civil. Para aquellos que, justamente, puedan dudar de la precisión de las ideas expuestas aquí, baste recordarles lo sucedido con los casos de los desaparecidos Jorge Julio López y Luis Gerez. Sobre estos episodios, el gobierno jamás volvió a hablar. Las fotocopias con el rostro de López ya fueron removidas de los patrulleros de las policías Federal y Bonaerense. Nunca nadie más se refirió al Caso Gerez desde la Casa Rosada. ¿Será acaso porque el propio kirchnerismo participó o pergeñó las maniobras que derivaron en sendos autosecuestros? Tampoco puede comprenderse la militancia de ciertos autodenominados grupos de "derechos humanos" : han abandonado a López y a Gerez por un fugaz beneficio económico. Con el fin del kirchnerismo, también caerá en picada la credibilidad de aquellos que, ya sin apoyo ciudadano, continúan llamando a la "lucha contra los genocidas y terratenientes". La caída del kirchnerismo motivará un cambio poderoso en la estructura artificial de ciertos poderes, incluso de la prensa. Este es el debate que, como ya se ha destacado, fagocita por estas horas a la dirección del Grupo Clarín : seguir apoyando al gobierno y perder toda credibilidad como grupo informativo, o dejar caer a Cristina Fernández de Kirchner de una vez por todas. Paralelamente, el campo se encuentra en una suerte de disyuntiva, no sin importancia. ¿Volver a los cortes y favorecer la estrategia oficial de demonización del sector agropecuario? Las salidas podrían ser más creativas. Recientemente, el diario La Nación refirió a la posibilidad de que los sectores ruralistas promuevan a una manifestación monumental en alguna ciudad importante del interior del país. En nuestro análisis, esta alternativa sería interesante ya que, de paso, envía una señal al gobierno y a la sociedad : "No manifestamos en Plaza de Mayo para no promover directamente a la caída del gobierno". Por otra parte, los cortes de rutas serían más selectivos y no perjudicarían u obstaculizarían el tránsito de mercaderías de otros rubros. Como fuere, el campo tiene la obligación de responder. Cuenta con el apoyo masivo de la ciudadanía pero ello no le da carta blanca, sino que le impone el uso responsable de ese poder. Si el sector no reaccionara, por otro lado, caería dominado por un gobierno hostil que empuja al país a un nuevo diciembre de 2001 todos los días con el único objetivo de incrementar su cuota de influencia. El poder que ostenta el campo argentino en este momento es, aunque difícil de cuantificar, inmenso. Si así lo quisiera, podría perfectamente provocar la salida del kircherismo del poder. Días aún más negros están por venir. La Presidente Cristina Fernández de Kirchner pierde, día tras día, apoyos entre todos los sectores políticos, antes aliados. La inflación se encuentra al borde de la explosión, al tiempo que la desesperación y el pánico es palpable en todos los pasillos de la Rosada. También, y como lo adelantara oportunamente este diario, el titular de Economía, Martín Lousteau, se encuentra cercano a renunciar. Su alejamiento de las negociaciones con el campo obedece a su propio pedido de abandonar el gobierno. Suena el nombre de Martín Redrado para sucederlo -por idea del propio Néstor Kirchner y de acuerdo a lo reflejado por La Nación- pero para Redrado la alternativa equivaldría a suicidarse profesionalmente, y él, como hombre de empresas y como economista con relaciones bien aceitadas en el mundo de los negocios, tiene demasiado que perder. Por su parte, la corrupción de los funcionarios de primer nivel del kirchnerismo comienza a asomar en los medios. Hace pocas horas, Diario Clarín perdió la paciencia e hizo una pequeña exhibición de su poder de cara a la pugna que sostiene con el matrimonio presidencial : desnudó al detalle la trama de corrupción que envuelven las actividades del Secretario de Medios, Enrique "Pepe" Albistur. Aunque la operatoria ya había sido revelada en su momento por Seprin.com. Cuaquiera sea el color político del gobierno que suceda a los Kirchner -tal vez no haya que esperar cuatro años-, quien llegue tendrá todos los elementos necesarios como para enviar a prisión a Alberto Fernández, el "karateka" Ricardo Jaime, Aníbal Fernández, Julio de Vido, Romina Picolotti (para algunos ya es la "Nueva María Julia"), Enrique Albistur, Luis D Elía, Hugo Moyano... y -según se atreven a afirmar desde el peronismo conservador que se reúne frecuentemente- el propio Néstor Carlos. Ya existen numerosas carpetas sobre muchos de los mencionados, que revelan no solo los turbios negocios de los que, aparentemente, forman parte, sino también los destinos exactos de los millonarios dividendos que han sabido acumular, en Suiza y determinados paraísos fiscales del Caribe. Tales carpetas serán, más tarde o más temprano, utilizadas, y no precisamente con el clásico mecanismo de presión como fondo. Aquellos que se queden sin "padrino" deberán transitar, indefectiblemente, la larga senda que conduce a los tribunales. Por Matías Ruiz, para El Ojo Digital Política. Email : elojodigital.com -arroba- gmail.com.