La inseguridad, fogoneada desde la propia Administración Kirchner

En épocas de campaña, el ex presidente Néstor Carlos Kirchner jamás hizo mención alguna al problema de la inseguridad, a pesar de que este ya figuraba en la agenda de la opinión pública como primordial. Recién en las últimas semanas, el ex primer mandatario se ha encargado de fustigar a la Justicia y de endilgarle las responsabilidades del caso, olvidando que él mismo omitió ocuparse de la problemática desde su llegada al sillón de Rivadavia. Como es lógico, la respuesta desde la Corte no se hizo esperar. Referentes del máximo tribunal se ocuparon de devolverle el "muerto" a Kirchner, en una suerte de práctica ya conocida de devolución de culpas. Jueguito poco simpático al que la sociedad argentina debe asistir en forma recurrente, sin posibilidad de participación. El problema que esta situación trae aparejado es que, mientras más escaseen las soluciones, más cercano se sentirá el ciudadano a procederes e ideas reaccionarias, y esto no debe permitirse. Pero lo cierto es que tarde se ha ocupado el ex presidente de vislumbrar la gravedad del asunto. Y, como ya está claro, recién se ha ocupado de traer la cuestión a la mesa una vez que se corrobora que podría traerle funestas consecuencias en tiempos electorales -que no están ya tan lejanos-. Y es que la inseguridad y la violencia que aquejan al país son, en gran medida, los factores que determinaron el definitivo alejamiento de todos los sectores sociales a la hora de considerar la labor del Ejecutivo. Existe la percepción de que el matrimonio presidencial no solo no se ha preocupado por la problemática, sino que en gran medida la ha fogoneado con una serie de medidas entre las que se cuela el discurso recurrente de odio contra las fuerzas de seguridad. No pocos recuerdan las palabras del ex presidente al respecto de que, para él, "la Policía Federal es una policía de gatillo fácil". Legisladores que militan en el propio kirchnerismo hacen distinción -a la hora de sopesar las características de un homicidio- entre disparar con un arma de calibre nueve milímetros o hacerlo con una calibre 22 en mano. En este último caso, las penas que decreta el Código Penal son sensiblemente menores, y hasta las marchas protagonizadas por Juan Carlos Blumberg, garantizaban la excarcelación al homicida. En medio del debate sobre la disminución de la edad de imputabilidad para menores, funcionarios, diputados, jueces y senadores han olvidado que víctimas son víctimas, sin importar la edad del ejecutor del asesinato a sangre fría. El problema es que, en medio de las críticas de la jueza de la Corte Carmen Argibay en perjuicio del proyecto, los precoces homicidas continúan gozando de una impunidad sin precedentes y nuevas víctimas se anotan todos los días gracias al hecho de que nadie se hace cargo. En ninguna parte del mundo un homicida continúa en libertad gracias a ser menor de edad. Mas bien al contrario, se lo recluye en un ambiente mínimamente propicio como para reencauzar su conducta y que, a la vez, tenga la oportunidad de reconsiderar las consecuencias de su accionar. La sociedad no esgrime que poner tras las rejas a los menores garantice una solución al problema de los homicidios. Por el contrario, se evalúa -y con razón- que poner fuera de circulación a los autores materiales, salvará vidas. Vidas que, a la luz de la libertad del homicida, serán -irremediablemente- cegadas en un futuro cercano. La reclusión indefinida del ejecutor de un homicidio, lejos de verse como una pena, podría ser una valiosa oportunidad. La de aprender un oficio, la de obtener un empleo remunerado, la de obtener ayuda psicológica. En definitiva, la oportunidad de reinsertarse en la sociedad de otra manera. Esto va para aquellos que sostienen que la prisión convierte a delincuentes en expertos graduados en delincuencia. El presente constituye un debate inútil, a manos de un sistema de justicia caduco y configurado por legisladores que poco tienen ya de honorables. Desde luego, muchos de ellos no deben preocuparse pues, o bien residen en Puerto Madero, o bien se movilizan a todas partes en medio de fuertes custodias que los contribuyentes se encargan de financiar, año tras año. Para la sociedad, que ciertos referentes del Gobierno Nacional continúen recurriendo a la tristemente célebre expresión "sensación de inseguridad", no es otra cosa que un insulto o una abierta tomada de pelo. Pero esos funcionarios siguen haciendo uso de ella como si aquí nada pasara. En ocasión del deceso de un gendarme a manos de un francotirador en Fuerte Apache, la sorpresa pasó a convertirse en náusea. Ocurrió cuando un joven residente en el complejo habitacional declaró ante los medios que, a veces, a él también le daban ganas de "pegarle un tiro" a los hombres de Gendarmería. Horas después, ese mismo joven sería visto en un video en el Internet en donde alegremente portaba un arma de puño y disparaba mientras era entrevistado. Para cualquier ciudadano de clase media, la portación de armas sin permiso constituye un verdadero dolor de cabeza y hasta le puede costar la prisión efectiva. Evidentemente, o bien las leyes no son iguales para todos, o bien la política se ha encargado de garantizarle impunidad a algunos, y al resto, que se dé por muerto. La bronca expresada por el joven ante los micrófonos no era una bronca originada en el acoso de los agentes del orden. El enojo tenía que ver con que la presencia de los gendarmes "no lo deja trabajar", léase, delinquir. Las cosas no están yendo por el cauce correcto, habida cuenta de que hay que recurrir a Gendarmería Nacional para que custodie villas y asentamientos, tarea que debería cumplir la Policía Bonaerense. Hasta donde uno entiende, la función de los gendarmes es custodiar zonas de frontera. Pero, ¿Qué hacer si la fuerza policial no goza de confianza entre los propios ciudadanos? En medio del problema, el Ejecutivo decretó oportunamente la prohibición de efectuar tareas de inteligencia sobre grupos de derechos humanos y organizaciones sociales. Esas mismas agrupaciones que exhiben graves antecedentes delictivos y que en numerosas oportunidades han recurrido a la voladura de cajeros automáticos y la utilización de cocteles molotov en distintas manifestaciones. Fue el propio matrimonio presidencial el que facilitó a elementos de grupos piqueteros el acceso a credenciales del RENAR para portación de armamento, en muchos casos lo que las leyes consideran armas de guerra. El propio kirchnerismo, desde su llegada a Balcarce 50, ha tomado en sus manos la convocatoria de grupos violentos -entre piqueteros y derechohumanistas- a la hora de hacer cumplir sus diabólicos planes. Finalmente, ha sido el propio Estado argentino el que ha contribuído a magnificar la problemática de la inseguridad, echando mano de sus ejecutores para la obtención de fines políticos. Como contrapartida, tales "organizaciones sociales" exigen impunidad. Y desde el poder, esta les es garantizada. Lo propio ocurre con la toma ilegal de inmuebles, en las que siempre participa el MTL (Movimiento de Tierra y Liberación), enrolado -como bien se sabe- en el kirchnerismo acérrimo. El referente piquetero Emilio Pérsico es funcionario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Luis D Elía es otro de los ejemplos que más viene a la mente cuando se tratan estos temas. El mencionado agredió ante cámaras de televisión a individuos que se manifestaban contra el gobierno en un reciente cacerolazo, pero a pesar de la contundencia de las imágenes, el juez a cargo ordenó su desprocesamiento. Las estadísticas relativas a la violencia reportan que un 50% de los homicidios que tienen lugar en el país terminan impunes. El 80% de los 170 delitos que se cometen diariamente es responsabilidad de menores de 17 años, que vuelven al ruedo una vez cumplimentado el papeleo inútil que debe realizar la policía. Solo 6 delitos por cada mil son penados con prisión efectiva. El 35% de los detenidos por delinquir son reincidentes. Reincidencia garantizada, en estos casos, por malos elementos del Servicio Penitenciario, la Justicia y la policía, no siempre en este orden. La realidad es más que contundente, pues detrás de estos hechos, lo cierto es que el Código Penal -que solo puede ser modificado en el Congreso- ha sido confeccionado por diputados y senadores de la nación no ya en beneficio del ciudadano común, sino del delincuente. En nuestro sistema judicial, que no es otra cosa que una versión deformada del sistema anglosajón, el culpable es inocente hasta que se demuestre lo contrario, aún cuando sea sorprendido in-fraganti pues, en este último caso, los abogados defensores siempre echan mano de tecnicismos que apuntan a desacreditar alguna parte del proceso de la investigación policial. Otro ejemplo más de la connivencia entre dirigencia y delincuencia : es dable recordar la oportunidad en que el ex ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Dr. León Arslanián, ordenó a las reparticiones dejar de tomar denuncias. El objetivo no era otro que disuadir al ciudadano común de denunciar episodios en los que hubiere sido víctima. Finalmente, la idea era disminuír artificialmente las estadísticas de delitos desde la base. No hay denuncias, no se reconoce la estadística, la inseguridad es solo una "sensación". En el caso de la Capital Federal, la derogación de los edictos policiales, diseñada por Aníbal Ibarra y otros arquitectos del autodenominado "progresismo", persiguió en primer término, reprimir a la fuerza policial y recortarles la "caja", pero nunca fue la idea de los ejecutores el proporcionar mayor seguridad a los porteños. El fin que se perseguía era ideológico, nunca práctico. Desde la puesta en marcha del tristemente célebre Código de Convivencia Urbano, no se puede reprimir, por citar solo un ejemplo, a aquel que beba cerveza en la vía pública, que fume marihuana en una plaza o que abuse de otro tipo de drogas. A nadie pareció importarle que muchos actos de vandalismo y violencia se originan en exageradas ingestas de alcohol o consumo de estupefacientes. En conclusión, los homicidios y los delitos que hoy desbordan los noticieros no son producto de la casualidad ni de la gracia divina, ni de una racha de mala suerte en los índices. Todo lo que ocurre es parte de un plan que por momentos parece cuidadosamente manufacturado por autoridades nacionales y provinciales que poco o ningún interés tienen en proteger a sus ciudadanos. Por si algún lector aún no ha tomado nota, es lógico concluir que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner jamás propondrá soluciones políticas acordes al problema de la falta de seguridad. No lo ha hecho su esposo; tampoco tomará ella la posta. Los argentinos deberemos asistir, durante muchos años más, a un crecimiento exponencial de las tasas nacionales de homicidios y delitos varios. Y deberemos convivir con ello estoicamente. Mal que nos pese, las próximas víctimas podríamos ser Ud. o yo, o alguien de nuestras familias. Como sociedad, estamos obligados a reaccionar y a movilizarnos, sin importar la descalificación que de tales demostraciones se intente construir desde el poder central. Por Matias Ruiz, para El Ojo Digital Sociedad. Email : elojodigital.com -arroba- gmail.com.